El juez de Instrucción Nª 2, Ariel Parrillis, dio a conocer que la investigación en el caso Guadalupe Lucero continuará bajo la órbita de la Justicia Federal. El motivo que se esgrimió para que la Justicia provincial abandone el caso es que, tras seis meses de investigación, la hipótesis más fuerte es que la menor no se encuentra en la provincia.
Es importante que, desde mediados de septiembre, la desaparición de Guadalupe se empezó a investigar en la Justicia federal, mientras la investigación seguía en la provincial.
La remisión de la causa fue dispuesta por Parrillis y de conformidad a lo dictaminado por los fiscales Ricardo Barbeito, Ricardo Esteban Roche; y la fiscal de Cámara, Virginia Palacios Gonella.
La investigación de la Justicia provincial
A continuación, se enuncian algunas de las medidas llevadas adelante en la investigación (cuyo expediente ya se conforma con más de 80 cuerpos), ya que su enunciación en forma completa excedería al presente comunicado, como así también, las comisiones conformadas para realizar tareas investigativas en distintos puntos del país:
-Se desarrollaron más de 180 líneas de investigación tanto en San Luis como en otras provincias que surgieron a partir de 185 denuncias recepcionadas a través de líneas telefónicas y declaraciones de personas.
-Los datos surgieron de las Líneas 134 “Alerta Sofía”, 145 “Programa Buscar”, Missing Children, Sistema de Emergencia 911, Agencia de Monitoreo y Sistema Federal de Búsqueda de Personas.
-Las declaraciones se recibieron en Fiscalías y sedes policiales de todo el país y las denuncias en calidad de “corroborables” fueron investigadas por la Policía Federal y Policía de la Provincia de San Luis.
-Se registraron más de 900 declaraciones y 465 allanamientos.
-Peritajes de Tecnología: Se secuestraron y peritaron más de 100 celulares y se analizaron más de 150 dispositivos electrónicos portátiles (celulares, Tablet, notebook, pendrive) a través del programa PATHFINDER que permite procesar interceptaciones telefónicas a través del “barrido” de antenas de telefonía celular. A su vez, se realizó un examen de comportamiento y entrecruzamiento de interlocutores con intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
También se solicitó información a Google LLC en relación a los dispositivos que se encontraban en un rango horario y de distancia determinados en el punto cero de la desaparición.
-Rastrillaje en lagos y perilagos: Bomberos de la Policía de San Luis y Prefectura Naval de la Armada Argentina rastrillaron 18 lagos y perilagos provinciales. La investigación se realizó con ayuda de canes con especialidad en búsqueda de restos humanos, georradares y un vehículo operado a distancia por control remoto (ROV). Se rastrillaron un total de 1500 sectores incluyendo domicilios.
–Análisis de cámaras de seguridad: Se estudiaron 3.000 horas de captaciones fílmicas de 113 cámaras de la zona, públicas y privadas. El análisis se realizó mediante la tecnología BRIEFCAM que permite sintetizar registros fílmicos.
– Se efectuó lectura de patentes sobre ruta y análisis genéticos sobre muestras biológicas (ADN), banco genético de ADN y declaraciones en Cámara Gesell.
– Organismos involucrados: Intervinieron de manera conjunta la Coordinadora del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), y por su intermedio las fuerzas de seguridad: Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional Argentina (GNA), del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos de la Procuración General de la Provincia (DIDC).
Se solicitó la colaboración de autoridades judiciales de Estados Unidos a través del Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos y requerimientos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) con el objeto de obtener imágenes satelitales.
Las Fiscalías de Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Salta realizaron allanamientos en dichos territorios, y constataron denuncias telefónicas y por redes sociales en Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Jujuy.
La República de Chile intervino a través de Gendarmería Nacional, por medio de la oficina de enlace ante Carabineros de Chile para realizar investigaciones en la Comuna de Rancagua (población Diego Portales) y en La Pintada, ciudad de Santiago de Chile.
