“Consideramos que el despido de esta gente fue arbitraria. La señora cae a mi estudio el 18 de marzo diciendo que había recibido la notificación de un despido. Había un sumario administrativo que se le estaba llevando a cabo. El 19, me presento en la Municipalidad para tomar vista del expediente y se me dan 10 días de plazo para el ofrecimiento de prueba y el descargo de los que se la acusaba a la señora y a otro cliente de apellido Magallanes. El 4 de abril presento el descargo y el ofrecimiento de prueba. Estamos a casi dos meses y no he recibido por parte de la Municipalidad ninguna respuesta”, resumió el abogado Juan Carlos Serrano, quien agregó que la semana pasada presentó un pronto despacho que tampoco fue contestado.

El letrado considera que se violaron las garantías constitucionales y el derecho de defensa de Páez Gitto “porque ha sido despedida cuando hay un sumario en curso”. Además, se destacó que no se llamó a declarar a la empleada y los testimonios en el sumario son contradictorios.

A Páez Gitto, quien trabajaba Secretaría de Obras Públicas, se le hizo un sumario administrativo acusándola de usar a empleados municipales para realizar un trabajo en su casa. “En realidad, el personal estaba distribuyéndose en diferentes obras para hacer veredas y en mi casa sacaron una carretilla para hacer una vereda que había mandado una autoridad más elevada que la tenían que hacer si o si a las 7.30 de la mañana”, explicó Sandra.

La ex empleada comentó que le notificaron verbalmente de su despido sin que le llegara el telegrama correspondiente. Sandra pasó de estar bajo el Programa Jefes y Jefas de Hogar a empleada municipal en el 2000, bajo la intendencia de Carlos Ponce Padre, pero en el recibo de sueldo figura que ingreso en 2003, lo que Serrano consideró que estuvo tres años en negro.

Otra supuesta irregularidad que destacó Serrano fue que a su cliente en los recibos de sueldo de enero y marzo se le abonaron solamente 18 días y a la ex empleada no se le dio una explicación de por qué se liquidó su sueldo de esa manera.

El abogado consideró que la modalidad de contrato bajo la que estaba su cliente de renovación trimestral no hace otra cosa que tener de rehén al trabajador y es una “situación de contrato irregular”. Hay que destacar que este tipo de contratos también se utiliza a nivel provincial y nacional.

El caso de Luis Magallanes está vinculado al de Páez Gitto y es similar, ya que al ex capataz general se le inició sumario administrativo porque alguien lo acusó de realizar un trabajo en la casa de la ex empleada. Magallanes dijo que fue a la casa de Páez Gitto a pedir prestada una carretilla.

El ex capataz fue llamado a declarar por el sumario de Páez Gitto y días después se le manifestó verbalmente que no se le renovó su contrato sin darle el motivo de tal decisión.

Magallanes estuvo casi 10 años como Ayuda Económica y apenas ocho meses como contratado.