Luego de un debate de más de dos horas, el oficialismo municipal logró la aprobación por mayoría de las cuentas de inversión 2021. Según detalló Lautaro Ojeda, que siempre es el encargado de los principales temas económicos dentro del Frente Justicialista de Todos, la Municipalidad percibió ingresos por $4.052.070.128,55 y se gastaron $3.860.437.329, lo que sumado a más de 224 millones de fuentes y aplicaciones financieras (como recuperaciones de préstamos o venta de distintos títulos y valores), da un superávit de $405.594.805,40.
En su alocución, Ojeda destacó que miembros del Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas estuvieron a disposición de la Comisión de Hacienda y que se emitieron 15 pedidos de informe para que la Municipalidad aclare ciertos puntos. Tras el análisis, se concluyó que “se superó la meta presupuestaria”, ya que el presupuesto estimativo para 2021 fue de $2.982.992.701 y se terminaron recaudando más de 4 mil millones.
Ojeda luego detalló que, de lo recaudado, un 64% corresponde a la coparticipación provincial, mientras que lo que genera el municipio alcanzó un 32% del total de ingresos. El resto de lo recaudado corresponde a intereses por depósitos que tiene el municipio (3%) y transferencias nacionales (1%). En este sentido, el concejal agregó que la recaudación creció un 53% durante 2021, en relación a 2020.
Otro punto que destacó Ojeda es que el gasto del municipio pudo “ser cotejado con el detalle de órdenes de pago que brinda el Ejecutivo municipal”, destacando que no hubo órdenes de pago duplicadas ni faltantes, y que el orden cronológico fue correcto.
En cuanto al carácter de los gastos, señaló que el 82,93% se destinó a gastos corrientes (como pago de salarios y servicios), el 16,81% a capital y un 0,26% a aplicaciones financieras. El concejal oficialista añadió que el gasto en personal se viene reduciendo año a año y que, en 2021, representó un 55,57%.
Ya finalizando, el edil del Frente Justicialista de Todos remarcó que, desde el Tribunal de Cuentas, no hubo votos en contra de la cuenta de inversión, ya que dos miembros se expresaron de manera positiva, mientras que la restante, María Paz Pagano, señaló que no le “era posible expresarse de manera positiva ni negativa”, lo que significa que, al fin y al cabo, “no tuvo una opinión de rechazo”.
“La cuenta de inversión ha evolucionado notablemente en su presentación contable respecto de los años anteriores, ha sido preparada a la luz del marco jurídico, y teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas contables vigentes para el sector público”, dijo Ojeda, quien, como miembro informante del despacho por mayoría, pidió la aprobación de las cuentas.
Por el lado de la oposición, el principal análisis fue el de Guillermo Araujo, de Unidos por San Luis, quien en primer lugar destacó que durante todo el año se pagaron cuotas de la deuda con Edesal, superando los 8 millones en pagos. Como ha hecho en múltiples ocasiones, Araujo sostuvo que este convenio no se firmó de acuerdo a la legislación vigente. “Se reconocía una deuda, se reconocía el monto, los intereses, la mora y la forma de pago, todo esto sin seguir los procesos ordinarios que establece la legislación vigente y sin la intervención del Concejo Deliberante”, dijo el edil poggista.
Araujo remarcó también que, en marzo de 2021, se firmó un acuerdo entre la provincia y el municipio para la coparticipación de la deuda de Nación, el cual incluye múltiples obras públicas. “No podemos saber que obras surgen de ese acuerdo, cuáles son las obligaciones para el municipio o si ese acuerdo incluye transferencia de fondos o solamente la concreción de obras. Y son montos importantes. No podemos tener un control. No sabemos si esas obras se han ejecutado, se están ejecutando, si faltan o si se han cumplido”, dijo el edil.
Sin lugar a dudas, la parte de la exposición de Araujo que más caló en el oficialismo fue en la que alegó que la gestión Tamayo realiza una “subvaluación de los recursos” cuando elabora su presupuesto. “Los recursos extra que no estaban presupuestados son de libre disponibilidad por parte del intendente y los pueden usar discrecionalmente. Por lo cual, cuando se hace el presupuesto, se tiende a subvaluar los recursos para tener más fondos para usar discrecionalmente sin el control del Concejo Deliberante”, disparó el opositor.
El opositor también hizo mucho hincapié en el rol de control del Concejo, remarcando que el intendente tiene una movilidad de partidas del 30% y que aproximadamente el 60% del presupuesto se gasta en pagarle al personal municipal, lo que significa que solo queda un 10% que puede controlar el Concejo. “Darle un cheque en blanco (a Tamayo) es prácticamente lo mismo”, comentó el presidente del bloque Unidos por San Luis.
Profundizando sobre el rol de control que debe tener el Concejo, Araujo se refirió a un adelanto de coparticipación para paliar los efectos de la pandemia que la Municipalidad le pidió al Gobierno provincial. Se trata de 55 millones que le dieron al municipio y que, 2 meses después, devolvió. En este sentido, el opositor sugirió que se desconoce qué se hizo durante esos dos meses con ese dinero, sugiriendo que, por ejemplo, se podrían haber puesto en un plazo fijo que hubiesen generado más de 2 millones de pesos en intereses.
Desde la oposición, Ailén Chaine, de Libres del Sur, también intervino en el debate, pero su discurso estuvo lejos de lo técnico, ya que en vez de dar montos o porcentajes concretos como hicieron Araujo y Ojeda, se limitó a expresiones políticas más genéricas, como decir que “no se gastó lo suficiente en la mujer y minorías” y que la Municipalidad “estuvo ausente en los barrios”. “Entendemos que a pesar de la enorme recaudación que se ha realizado, la plata destinada a la ayuda social, a la Dirección de Género sigue siendo escasa”, dijo la opositora, quien además criticó que no se puso en marcha la figura del defensor del Pueblo, que fue creada por ordenanza en 2019.
A estas críticas, desde el oficialismo le recordaron que la aplicación de la figura del defensor del Pueblo está suspendida por la ordenanza de emergencia económica vigente y procedieron a enumerar múltiples obras que la Municipalidad ha puesto en marcha o ha gestionado ante la Provincia y Nación. “La circunvalación es una obra de Nación, pero la gestión… ¿no se acuerdan que el intendente hizo una videollamada con nuestro presidente entre las cuales se coordinó eso? Se coordinó toda la intervención en el barrio República. No, vino sola la obra. Vino un extraterrestre y la puso. ¿What’s? Así como suena. No, muchachos, está el intendente visibilizando los problemas”, dijo el oficialista Juan Martín Divizia.
“No se gastó el fondo anticrisis en bicicletas y carteles celestes diciendo su nombre y la gestión. No he visto en ningún lado en un papel oficial ‘gestión Tamayo’”, continuó Divizia, ya plantando de lleno el debate en lo político.
En el medio de todo esto, Julieta Ponce dijo que iba a ponerse “en el lugar de los vecinos” y trató de hacer una analogía del debate de las cuentas de inversión con “hermanitos” que se pelean cuando “uno se destaca” y el otro quiere “entorpecer o ensuciar la atención de los padres”. De más está decir que no le salió para nada bien.
El debate siguió yéndose por las ramas, al punto de que se criticó que, de Unidos por San Luis, solo hablaba Araujo, lo que no le cayó para nada bien a la opositora Agustina Arancibia Rodríguez, quien pidió más respeto y destacó que, desde su bloque, no andaban señalando quienes hablaron, o no, del oficialismo.
Por suerte, esta parte del debate no fue muy largo y, luego de un pedido de María Agustina Gatto, se pasó a la votación. De este modo, el proyecto quedó aprobado con 9 votos afirmativos (los 8 del oficialismo más uno de Carlos Ponce), 4 negativos (Unidos por San Luis más Libres del Sur) y las dos abstenciones de Javier Suárez (UCR) y Otoniel Pérez Miranda (PRO).
