En mayo de este año, los gobiernos Nacional y Provincial dieron inicio a una megaobra sin igual: la urbanización, por más de 3.000 millones de pesos, del barrio popular República, ubicado en la ciudad de San Luis. Sin embargo, este anuncio no es más que la punta de un iceberg que comenzó a gestarse en el año 2019 y concluirá, si todo sale bien, en 2024. Una de las tantas figuras clave detrás de toda esta gestión ha sido el actual viceministro de Desarrollo Social, Alan Sosa Tello, quien la semana pasada se sentó con La Gaceta Digital para una larga entrevista en la que detalló el proceso a través del cual una usurpación masiva se convierte en un barrio popular.
En primer lugar, cabe señalar que, para que se pueda realizar todo esto proceso, el República fue incluido en el marco de la Ley 27.453 de Barrios Populares. Este proyecto de ley nació en 2015, durante los últimos meses de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de 3 años de estar planchado, y de muchas protestas encabezadas por los movimientos de bases populares, la ley fue aprobada por el Congreso Nacional en el año 2018, reglamentada de manera parcial en los últimos días de la presidencia de Mauricio Macri y de manera total, por decreto, por la actual gestión de Alberto Fernández, la cual creó un fideicomiso que financia las obras en barrio populares “a través del impuesto a las grandes fortunas”, según explicó Sosa Tello.
Una vez dentro del marco de esta ley, se hizo la planimetría de la zona, se delimitó un polígono y la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) realizó un censo, en el cual trabajaron más de 140 personas. “Se delimitó un polígono concreto que dice, ‘de acá a acá es el barrio popular’. A cualquier persona que quiera tomar fuera de ese polígono, la Justicia lo debe sacar, si el dueño por supuesto piden que lo saquen. Las personas ya se registraron y se cerró el registro en 2018. No hay más registro, salvo que el día de mañana se vote una nueva ley. Todo lo que se intente hacer después de 2018 es usurpación”, explicó Sosa Tello, claramente refiriéndose a las críticas que apuntan a que esta ley legalizó la usurpación.
A través del censo de la SISU, los casi 7.000 habitantes del República obtuvieron su certificado único de vivienda, que es el documento “que a ellos les certifica que están siendo poseedores de esa tierra, de ese lugar”, y que les sirve para realizar distintos trámites legales, como solicitar un servicio o el DNI por domicilio.
Otro punto que el viceministro destacó es que todos los terrenos son para la construcción de viviendas únicas y que, además, no pueden ser vendidos. “Vivir en un barrio popular es una respuesta de la ley para aquellas personas que no tienen derecho al suelo, pero la codicia humana está en todos los ámbitos sociales. Por eso la ley indica que los terrenos no se pueden vender, pero sí se pueden heredar. Se tiene que proteger el espíritu originario de la ley”, aclaró el funcionario provincial.
En cuanto a la organización y distribución de los lotes, el proceso en el República ha sido más sencillo que en otros barrios populares de la Argentina. “Es uno de los mejor organizados en cuanto a la traza. Desde un principio se organizó en terrenos de 10×30 metros y así lo fueron respetando todos los vecinos, con las trazas de calles para que se pudiese ir desarrollando. De alguna manera, está diagramado el barrio, entonces es más sencillo hacer toda la parte de ingeniería y división de lotes”, contó Alan, quien añadió que los primeros vecinos del barrio hoy conforman una mesa interbarrial que desde hace años está trabajando “el palpitar de esta urbanización”.
Gracias a esto, los lotes ya han sido mensurados y presentados en la Dirección Provincial de Catastro. Previo a todo esto, fue necesario que el Estado realizara la expropiación de este predio de 78 hectáreas, que pertenecía originalmente al abogado Carlos Acevedo y la multinacional Ethos, la cual había instalado en la zona decenas de paneles solares que hoy forman parte del paisaje del barrio.
La gran novedad que dio a conocer Alan Sosa Tello es que el proceso de expropiación que comenzó en 2018, durante la gestión municipal de Enrique Ponce, se terminó cayendo. “En el caso del República, el intendente Sergio Tamayo y con el Concejo Deliberante iniciaron la expropiación antes de que se iniciara la urbanización. Y ya la Justicia le cedió los usos y derechos de todos los lugares públicos, y todo lo que es el polígono en sí. Todo eso ahora está a nombre del Estado”, informó el viceministro, quien agregó que además se ha podido avanzar sin problemas en el acuerdo por el pago de la expropiación a Acevedo y Ethos.
El siguiente paso es que el Estado, el cual por ley “no puede donar algo a un particular”, defina cuál es la modalidad de entrega de los terrenos, lo cual seguramente se haga a través de un precio simbólico. Por ejemplo, la ordenanza de expropiación de 2018 establecía que los vecinos iban a pagar un monto que podía superar el 5% del salario mínimo, vital y móvil.
Otro adelanto que dio el ministro a La Gaceta Digital es que el San José y Güemes, en Villa Mercedes, será el próximo barrio popular en ser urbanizado mediante este proceso.
Los orígenes del barrio
Desde que era cura católico, Alan Sosa Tello ha realizado todo tipo de tareas sociales en el barrio República, por lo que conoce muy de cerca su historia, la cual comenzó cuando vecinos del Primero de Mayo, que ya no tenían lugar para vivir en las casas de sus padres, tomaron una franja de tierra paralela al mismo. “Cuando se empieza a tomar, se difunde en el resto del país que ‘en San Luis iban a entregar terrenos y casas y se vino mucha gente, vecinos de otras provincias, en donde ya había personas de otros países. El censo nos arroja que un 70% son de afuera de San Luis. Esta realidad del barrio República viene a aportar a la puntanidad, porque es un crisol de razas, en donde cada uno tiene su cultura y origen y todos vienen a confluir en este barrio”, consideró el viceministro.
“Conozco varios casos de mujeres que vienen corriendo. El República termina siendo refugio para muchas mujeres violentadas que no tuvieron respuesta en su provincia, que escapaban de que las violentaran y se venían a tomar una tierra acá en San Luis y vivir en naylon. Nadie lo hace porque tiene amor a la toma”, continuó Alan. “La toma ilegal, si no se legaliza a partir del Estado, termina haciendo daño al resto de los vecinos, enojando, quitándoles servicios y derechos”, añadió el viceministro de Desarrollo Social.
Un claro ejemplo de esto último son los reclamos que vecinos de barrios del oeste de la ciudad realizaron en junio de 2018 por los frecuentes cortes y bajas de tensión que afectaban la zona, producto de los vecinos del República que estaban colgados de la línea del barrio Primero de Mayo.
La inclusión del República en la Ley de Barrio Populares
“Estaba terminando un estudio académico de investigación social en el República y, buscando papers, encuentro la ley de Barrios Populares y empecé a ahondar en la misma. Quien estaba a cargo era Fernanda Migno, una mujer que vive en un barrio popular de la CABA y es catequista. Yo en el momento no tenía el contacto, así que llamé a un obispo que me acompañó mucho cuando dejé de ser cura, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (Oscar Ojea). Él me pasó el número y así empezó el proceso. En simultáneo le cuento a Federico Berardo (ex ministro de Desarrollo Social) y él me comenta que, mientras yo estaba en la CABA, habían llegado los PDF con todos los detalles de la iniciativa. Me dice ‘estudialo’, lo hago y le digo que era lo que le estaba diciendo. Él se lo propuso al Gobernador, quien inmediatamente dijo ‘sí, empezamos por el más grande’”, contó Alan.
“Los dos ministros que han estado (Berardo y Nicolás Anzulovich) me han apoyado muchísimo. Y hoy en día sigo a cargo de las urbanizaciones de todos los barrios populares de San Luis, junto a un equipo, como Fernanda Bomfim, una arquitecta social única en el país”, concluyó Alan Sosa Tello, no sin antes mencionar que las obras de urbanización comenzaron en 2022 y deberían culminar en 2024, dos años que no son electorales, lo cual es muy importante para él ya que “los vecinos venían de muchas promesas y de un descreimiento muy grande en la política”.
