La causa judicial que rodea la trágica muerte de Vanesa Schvedt en la maternidad provincial podría estar pronta a resolverse, tras 7 años de litigios. Las últimas novedades en este caso se centran en la solicitud del fiscal, quien ha pedido una condena de cuatro años, además de una accesoria de inhabilitación de ocho años para los seis profesionales de la salud involucrados en el incidente. El abogado Guillermo Lezcano, representante legal de la familia de la víctima, ha compartido su perspectiva sobre estos últimos acontecimientos.
El fiscal Esteban Roche ha calificado los hechos como un “homicidio culposo”, enmarcándolos en el artículo 84 bis del código penal, que prevé una pena máxima de cinco años. La solicitud de cuatro años se encuentra cerca del límite superior de la pena. Guillermo Lezcano ha expresado su acuerdo con esta requisitoria y ha anunciado que presentarán un escrito de adhesión a la prueba.
El abogado también adelantó que solicitará una reparación económica luego de la condena penal que espera alcanzar. Si bien esto no es común en casos de homicidios culposos, Lezcano dijo que hay antecedentes y que inclusive se puede llegar a acordar una reparación si se acuerda la realización de un juicio abreviado. Asimismo, la magnitud de la tragedia y la negligencia en este caso podrían influir en la cantidad que se determine.
Claramente, el tiempo que ha transcurrido desde los hechos, más de 7 años, ha tenido un impacto en este proceso judicial que Lezcano definió como “demasiado lerdo”. “No se olviden de que esto es algo que tiene alguna connotación política. A prima facie surge, de la interpretación de todo este tipo de conductas y responsabilidades, la responsabilidad del Estado Provincial, que es quien contrata a estas personas como funcionarios públicos. Y eso también tiene que ver con el tema de la prescripción. Al ser funcionarios no prescriben los hechos mientras se lo esté impulsando”, argumentó el abogado.
Entre los 6 profesionales de la salud imputados, cuyas identidades no se pueden revelar mientras dure el proceso, hay personas oriundas de San Luis y también de otras provincias. Cabe recordar que, en el momento en que ocurrieron los hechos, la maternidad provincial estaba en sus primeros años de funcionamiento y carecía de especialistas específicos en el área, por lo que era habitual contratar a profesionales de otras provincias.
En cuanto al futuro de la causa, Lezcano explicó que el próximo paso es una audiencia de control de prueba y que, posteriormente, un juez unipersonal de sentencia determinado por sorteo será el encargado de dictar la sentencia final en el caso.
