A pesar de que el gobernador, Claudio Poggi, anunció anoche que este miércoles iba a terminar de pagar los salarios de diciembre, el Poder Judicial de la Provincia de San Luis le ordenó al Gobierno provincial, este lunes por la mañana, que abone de “manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de Diciembre de 2023”. Este fallo es en base a la medida cautelar solicitada por Enrique Ponce, titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y Fernando Gatica, secretario General del Consejo Directivo San Luis de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la semana pasada.
La resolución, firmada por Daniela Benenatti, establece que el Poder Ejecutivo deberá satisfacer íntegramente el pago de los salarios adeudados hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mencionado mes. La orden, en base a la presentación de Ponce, incluye la prohibición de llevar a cabo cualquier tipo de acción que afecte u omita el pago íntegro, y en tiempo y forma, de los salarios de quienes integran la planta del personal de la administración central y órganos descentralizados.
La medida cautelar fue presentada en el marco del Artículo 43 de la Constitución Nacional y el Artículo 45 de la Constitución de la Provincia de San Luis, así como de la Ley IV-0090-2004 contra el Poder Ejecutivo Provincial. Los solicitantes, respaldados por el abogado Juan David Salvucci y la abogada Sandra Elizabeth Quevedo, argumentaron la inconstitucionalidad del Artículo 19 del decreto Nº150-SGG-2023, que permitía al Poder Ejecutivo diferir parcialmente el pago de salarios mientras se completaba la readecuación de cargos y horas cátedras.
El fallo se basa en la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la contracautela, y la existencia de un perjuicio irreparable. Se destaca que la verosimilitud del derecho se sustenta en la evidencia de haberse dispuesto el pago en cuotas del salario de diciembre de 2023, lo cual afectaría gravemente a los trabajadores, considerados “socialmente vulnerables”.
En sus considerandos, el fallo judicial destaca que el amparo presentado por Ponce destaca la existencia de un perjuicio irreparable, fundamentado en el riesgo de sufrir perjuicios económicos inminentes, especialmente en un contexto de crisis económica nacional. Los demandantes argumentaron que la falta de pago afectaría la capacidad de los trabajadores para cubrir gastos básicos como alquileres, cuotas de vivienda y gastos de salud.
Por último, el fallo ordena notificar el fallo al Gobernador, al Ministro de Hacienda y a Fiscalía de Estado.
Ahora solo resta esperar si este fallo judicial conduce a algún cambio en los planes del Gobierno, el cual planea terminar de pagar los salarios de diciembre este próximo miércoles 10 de enero.
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