El juez subrogante del Juzgado de Garantía 4 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, ordenó la prisión preventiva por 120 días para el ahombre acusado abuso sexual con acceso carnal y robo simple en perjuicio de una adolescente. El acusado vive a 200 metros de la víctima en la ciudad de San Luis y había recuperado la libertad tras una condena por robo con arma de fuego.
“Entiendo que sí hay un riesgo procesal, no solamente por las especiales características del hecho, sino también respecto al peligro para la integridad de la víctima relacionado a la cercanía del domicilio del imputado”, dijo Flores Leyes. El juez también ordenó que el Servicio Penitenciario preste atención médica y psicológica al acusado.
La fiscal adjunta Antonella Romagnoli dijo que con el pedido de la medida coercitiva personal se buscaba asegurar el proceso y resguardar a la víctima ya que el imputado vivía a 200 metros. También mencionó que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El acusado había recuperado su libertad el 28 de enero pasado luego de estar condenado a siete años de prisión por robo con arma de fuego.
De acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el sábado 24 de febrero de 2024 en la ciudad de San Luis, aproximadamente a las 20 horas, cuando el imputado se presentó en la vivienda donde vivía la adolescente, que en ese momento se encontraba sola. Ella abrió la puerta y el detenido la empujó, la llevó hasta la habitación principal, abusó de ella y la amenazó de muerte. Antes de retirarse del lugar, le maniató los pies a la víctima y le sustrajo sus prendas, su teléfono celular y dos notebooks.
La defensa del acusado dijo que la medida de coerción fijada era excesiva como así también su duración. “No hay elementos que coloquen a mi defendido en el lugar del hecho. Tampoco está acreditado que fuera él y no hay huellas dactilares en la causa”, expresó el abogado defensor Rodolfo Mercau.
La Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 2, representada por la defensora Marcela Torres Cappiello y el defensor adjunto Nahuel Lede, solicitó que al momento de merituar la medida cautelar se tuviera en cuenta las evidencias detallas por la Fiscalía.
