Este lunes comenzó la segunda semana del plan de lucha de los trabajadores judiciales provinciales en reclamo de recomposición salarial. Al paro de 10 a 12 horas que inició la semana pasada, la protesta se agudizó hoy con el paro total de la del Ministerio Publico Fiscal de las tres circunscripciones judiciales. El Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) sigue esperando que el Gobierno provincial los convoque a una reunión que estaba pautada para abril.

El secretario general del SIJUPU, Luciano Cardarelli, mencionó que desde el Ejecutivo no se ha convocado a la reunión que estaba pautada para que que concretara el mes pasado con la participación del gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza y otros funcionarios. “No hemos tenido novedades de fecha de audiencia. Esperemos que sí para que nos atienda esta semana o una fecha probable porque la verdad la cuestión es urgente y el servicio de justicia es la única opción que tiene la gente para resolver sus problemas. No se han comunicado más con el sindicato, la verdad es una lástima porque siempre hemos priorizado el diálogo”, dijo el gremialista.

El judicial remarcó que durante un mes y medio mantuvieron reuniones con el Gobierno en la que tocaron no solamente lo salarial, sino también lo referido para el mejoramiento del servicio de justicia. “Queremos que nos contesten el proyecto en el que se trabajó”, pidió Cardarelli, quien mencionó que se hizo el proyecto se hizo consensuado con el Superior Tribunal y el Colegio de Magistrados.

Uno de los aspectos del proyecto que se le presentó al Gobierno fueron tres alternativas de recomposición salarial. Una de ellas es que los salarios judiciales más bajos tuvieran un aumento que supere la canasta básica. Cardarelli mencionó que el Gobierno debería desembolsar cerca de $400 millones mensuales que es un monto inferior al que paga por el Fondo de Incentivo Docente ($500 millones). El resto de los salarios se irán recomponiendo en sintonía con los anuncios del Gobierno.

Un dato central sobre el reclamo es que la ley de escala salarial para el Poder Judicial de la Provincia de San Luis que establece el piso del salario del trabajador judicial por encima de la línea de pobreza de acuerdo a la canasta básica. Un judicial que recién inicia percibe un salario neto inferior a $400.000 y la canasta básica está por encima de los $773.000 al 12 de abril, según el Indec.

Con el salario de abril, los trabajadores percibieron una suma no remunerativa de $130.000, sumado a los $70.000 que se pagó desde marzo, que permitió que los sueldos fueron por encima de la línea de pobreza. Estas sumas se abonaron con fondos propios del Poder Judicial.