
En un caso que se remonta a las elecciones de 2015, la Justicia Federal finalmente dio un paso significativo al procesar a 15 personas por delitos electorales en la localidad de Arizona, hecho que fue inicialmente dado a conocer por este medio. “Esta resolución salió esta semana. Esto implica que las personas procesadas pueden apelar la resolución ante la Cámara Federal de Apelación en Mendoza. Ese tribunal tendrá que resolver, y si confirma el procesamiento, ya estamos en condiciones de pedir finalmente la elevación del caso para que se haga el juicio”, comentó el fiscal federal Cristian Rachid, que ha encabezado la investigación de este caso por años-
Entre los procesados se encuentra el ex intendente Pedro Figueroa, padre del actual intendente de Arizona, Ariel Figueroa, quien fue electo por primera vez en el cargo en 2015, venciendo, por una diferencia de 6 votos, a Carlos Ojeda. Rachid informó que, tras un largo proceso de investigación e instrucción, se logró reunir pruebas suficientes para procesar a las personas involucradas en la maniobra fraudulenta, que básicamente consistía en proporcionar a personas de otras provincias, en su mayoría de La Pampa, licencia de conducir a cambio de que cambiaran su domicilio a Arizona y votaran a favor de Ariel Figueroa.
“Pedro Figueroa fue quien precisamente, les proporcionó licencias de conducir, en su mayoría categoría profesional, que extendía la Municipalidad, como contrapartida de que hicieran el cambio de domicilio y fueran a votar en las elecciones de 2015”, señaló el fiscal, señalando que el ex intendente “está imputado por haber hecho esa maniobra en 57 hechos”, detalló Rachid.
La encargada del registro civil de Arizona, Ivana Funes, también fue procesada. Según Rachid, Funes facilitó los cambios de domicilio sin exigir los requisitos necesarios, como la presentación de un servicio que confirmara el domicilio declarado. “Sin ella, la maniobra era imposible”, afirmó el fiscal, quien remarcó que Funes fue procesada por 52 hechos de falsificación de instrumentos públicos.
Además, cuatro policías provinciales fueron procesados por extender certificados de domicilio falsos, y nueve personas más fueron procesadas por oficiar como testigos en certificados de residencia falsos. “Estos policías dijeron que habían constatado que los electores vivían en Arizona cuando en realidad no era así”, explicó el fiscal.
El impacto de estas acciones fraudulentas en una pequeña localidad como Arizona fue significativo. “Para una localidad como Arizona 2015 esto representa aproximadamente el 8% del padrón electoral”, subrayó Rachid, recordando que las elecciones en esa ocasión se definieron por solo seis votos.
La investigación, que implicó operativos en cuatro provincias, allanamientos en la municipalidad y el registro civil de Arizona, y entrevistas con diversas instituciones para verificar la residencia de los electores, fue compleja y demandó un esfuerzo considerable. “Son tan extendidas estas maniobras y a su vez tan difíciles de perseguir, porque esto demandó para nosotros hacer investigaciones en cuatro provincias fuera de San Luis; ir uno por uno a los domicilios y ver que las personas realmente vivían fuera de la provincia y no en San Luis. Tuvimos que montar operativos de tránsito, tuvimos que allanar la municipalidad de Arizona y allanar el registro civil de Arizona.

Rachid también destacó las dificultades que enfrentó durante la investigación, señalando que fue recusado en múltiples ocasiones. “A mí me han recusado con todos los argumentos e inventos que ha habido y por haber. Han intentado apartarme del caso, han intentado sacar la causa del Foro Federal. Bueno, han hecho de todo y eso implica un desgaste terrible porque el caso, todo lo que es la investigación se va ensuciando así. Estos casos son de mucho desgaste, realmente de mucho desgaste. Pero bueno, es una buena noticia el procesamiento”, consideró el fiscal.
A pesar del tiempo transcurrido, Rachid enfatizó la importancia de estos procesamientos para enviar un mensaje claro de que los funcionarios no pueden valerse de su posición para beneficios personales. Además, destacó los avances preventivos implementados por la Cámara Nacional Electoral para evitar que estas maniobras fraudulentas se repitan en el futuro. “Logramos impedir que se registrara en el padrón de Fortín del Patria, unos cuantos electores que no correspondían a ese circuito y que habían hecho una maniobra parecida”, comentó Rachid.
“Estamos hablando de 10 años después de la elección Esos son los tiempos lamentablemente de la justicia”, concluyó Rachid, refiriéndose a los tiempos que la justicia toma en estos casos, pero subrayando la importancia de estas acciones para proteger la voluntad popular en futuras elecciones.