La semana pasada, la Defensoría del Pueblo de San Luis presentó ante las Cámaras de Senadores y Diputados su anteproyecto de ley de Procesos Colectivos y Modificación a la Ley de Amparo. Además, el anteproyecto fue remitido a los tres Colegios de Abogados de la provincia de San Luis para su análisis, aportes y/o adhesión.
Este anteproyecto, que consta de un total de 65 artículos, pone su foco en los derechos de incidencia colectiva, emanados de los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional y 45 y 46 de la Constitución de la Provincia de San Luis; los cuales requieren una reglamentación adecuada que hasta la fecha no se ha implementado.
En este sentido, el anteproyecto destaca que los derechos o intereses de incidencia colectiva sobre bienes comunitarios indivisibles son aquellos que afectan a toda la comunidad y que no pueden ser fraccionados, siempre que la demanda se centre en el aspecto colectivo del derecho o interés. Asimismo, también pone su foco en derechos o intereses colectivos con referentes individuales homogéneos, abarcando situaciones donde un hecho único, complejo o continuado afecta de manera similar a múltiples individuos. Por último, el anteproyecto menciona derechos cuyo ejercicio individual no esté plenamente justificado o aquellos donde exista un fuerte interés estatal en su defensa.
“Las acciones colectivas permiten proteger los derechos de grupos de personas que comparten intereses comunes y que, individualmente, pueden carecer de los recursos o la capacidad para defenderse adecuadamente, proporcionando una herramienta legal para hacer valer derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, entre otros”, destaca la resolución de la Defensoría que acompaña la presentación de este anteproyecto.
Considerando que “es necesario crear pautas de procedimiento que protejan a toda la ciudadanía, haciendo operativas las garantías constitucionales para permitir el acceso efectivo a la justicia y la representación del colectivo en su conjunto”; la Defensoría elaboró este anteproyecto con el valioso aporte de la Dra. María Natalia Echegoyemberry, vicepresidenta de la Asociación Civil para la Promoción y Protección de Derechos Humanos Xumek; y de profesionales de la Red Argentina de Abogados Comunitarios (RAAC).
“Es necesario modificar la ley de amparo, para incluir los procesos colectivos, garantizando mecanismos efectivos para acceder a la justicia ante prácticas injustas, abusivas o ilegales por parte de terceros, como empresas, instituciones gubernamentales u otros actores poderosos”, destaca la resolución de la Defensoría en otro de sus párrafos.
Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo
