Esta semana ingresaron a la Legislatura Puntana las cuentas de inversión 2023, el documento donde el Gobierno informa los ingresos y los gastos que tuvo el año anterior. Inmediatamente, el documento se filtró y los medios pertenecientes a los distintos sectores políticos realizaron la lectura que, obviamente, más perjudica a su adversario político. De ese modo, El Diario de la República tituló que Alberto Rodríguez Saá dejó un superávit de 93.590 millones de pesos, mientras que El Chorrillero publicó que dejó un déficit de 93.125 millones. ¿Quién dice la verdad? O mejor dicho, ¿alguno dice la verdad?
La Gaceta Digital dialogó, off the record, con distintos miembros del Tribunal de Cuentas, el organismo que elabora este informe todos los años, quienes explicaron las distintas cifras que figuran en el informe. Una de estas cifras es un déficit presupuestario de $-20.995 millones. Esto se debe a que la provincia presupuestó 546.930 millones y tuvo erogaciones presupuestarias por 567.925 millones. A ese monto, el poggismo le suma 72.130 millones que la provincia obtuvo mediante la venta de bonos de deuda que le pagó Nación, y obtiene el déficit de 93.125 millones que tanto está difundiendo.
Esta es una postura que el poggismo viene manteniendo desde hace muchos años. Ellos consideran que si vendiste algún tipo de recurso (en este caso los bonos de deuda) o usaste tus ahorros para pagar una deuda, seguís teniendo déficit. Por el lado del albertismo la postura es otra. Ellos sostienen que, justamente, los ahorros y recursos como los bonos de deuda están para eso y que solo tenés déficit si quedaste debiéndole plata a alguien.
En este sentido, cabe destacar que la realización de un presupuesto, más aún en un país inflacionario como Argentina, no es una ciencia cierta. La provincia presupuestó 546.930 millones, pero según consta en la cuenta de inversión sus ingresos financieros (o sea el dinero que efectivamente entró) fueron $591.295 millones. A su vez, las erogaciones financieras fueron por $593.679 millones. Por ende, se podría decir que la provincia tuvo un déficit financiero de $2.384 millones.
Sin embargo, esos $591.295 millones que ingresaron en 2023 no era todo el dinero con el que contaba el Gobierno el año pasado. Según consta en la página 6 del informe del Tribunal de Cuentas, el Gobierno también contaba con un saldo financiero de $100.478 millones que, dicho en criollo, sobraron de 2022. Este dinero es lo que la gestión de Rodríguez Saá llamaba el fondo anticrisis. Por ende, el Gobierno contó con $691.774 millones en 2023. Si a este monto le restamos las erogaciones financieras por $593.679 millones, más una serie de pequeños ajustes por diferencias de fondos, llegamos a los $93.590 millones de superávit que impulsa el albertismo.
No obstante, la gran mayoría de esos $93.590 ya tenían su afectación, entre lo que se destacan $27.892 millones destinados a “órdenes de pago sin pago y/o no conciliadas”. Estas órdenes de pago incluyen el pago de salarios, razón por la cual el albertismo sostiene que la gestión de Claudio Poggi no tenía ningún motivo por el cual desdoblar el pago de salarios de diciembre de 2023.
De estos $93.590 millones, luego de ser afectados a distintos pagos, quedaron $5.510 millones de libre disponibilidad. Esta cifra podría considerarse como el verdadero superávit de 2023, pero no hay que olvidar que la gestión de Alberto Rodríguez Saá utilizó todo lo que sobró de 2022 ($100.478 millones), incluyendo bonos de deuda por 72.130 millones para cubrir los gastos que tuvo el año pasado.
En lo que el informe del Tribunal de Cuentas no da mucho margen para la interpretación política es con respecto a las deudas del Estado provincial. “La provincia de San Luis no tiene deuda pública por préstamos a organismos nacionales ni internacionales y no ha emitido obligaciones a cargo del Tesoro”, reza el informe del Tribunal.
