Además, un repaso a la novela que ayer se vivió entre Transpuntano y la UTA.
A partir de las siete de la tarde de hoy, los colectivos de la empresa Transpuntano volvieron a circular por las calles de San Luis, luego de la decisión del juez Correccional, Marcelo Bustamante Marone, que hizo lugar a la presentación judicial que la Municipalidad de San Luis hizo a primera hora de la mañana. Por el lado del servicio interurbano, los recorridos se reanudaron alrededor de las 21 horas.
Si bien el parte de prensa de la Municipalidad primeramente destaca que la Policía de la Provincia no dio cumplimiento a la orden judicial de colaborar en la salida de los coches, ya que la entrada a la empresa habría estado “bloqueada” por dirigentes de la Unión de Tranviaria Automotor (UTA), luego dice que los colectivos pudieron retomar el servicio e implementar el sistema de emergencia que el presidente de la empresa, Mariano Estrada, habría diseñado. Claramente, esto quiere decir que, no habiendo presencia policial, la gente de la UTA se retiró por su propia cuenta.
A su vez, el juez Bustamante, junto al secretario del Juzgado, Martín Jofré, se hizo presente en el predio que Transpuntano ocupa en Ruta 3 y pudo verificar que los efectivos policiales no estaban en el lugar. La presencia del magistrado había sido solicitada por el asesor letrado, Ricardo Bazla, en el último escrito que presentó en Tribunales en horas de la tarde. “Debo reconocer la diligencia del Juez Bustamante, del mismo modo que repudiar la falta de acción de la Policía que no cumplió la orden judicial, igual que los dirigentes de la UTA”, expresó Bazla.
La novela de ayer comenzó a las 5 de la mañana, cuando gente de la UTA se apersonó en el predio de Transpuntano para impedir que las 22 unidades que constituyen el servicio de emergencia pudieran salir. Según comentó el presidente de la empresa, los gremialistas aducían “que se necesitaban garantías para los chóferes que iban a conducir las unidades”. Por este motivo, la Policía, que por ese entonces parecía dispuesta a colaborar, “se comprometió a poner un oficial por unidad, pero otra vez la UTA impidió la salida”.
“Si bien respetamos el derecho a huelga, hay que seguir una serie de requerimientos formales que no se han cumplido. Estoy hablando puntualmente del plazo que establece la normativa vigente para comunicar la medida de fuerza con una antelación de 5 días”, dijo Estrada, quien luego se refirió a las razones que Alberto Ayala, secretario general de la UTA, dio para justificar la legalidad del paro, alegando que, al ser una adhesión a una huelga nacional, el Programa Relaciones Laborales no tenía jurisprudencia.
“El paro que la UTA está desarrollando en San Luis produce sus efectos en la ciudad de San Luis. No existe la posibilidad de que no haya competencia del programa Relaciones Laborales porque todos los efectos de la medida se producen en esta ciudad”, concluyó Estrada, poco antes de que el juez Bustamante, a eso de las 15 horas, dictara la medida que permitió la salida de los colectivos.
