Este lunes se realizó una nueva audiencia en el marco de la causa donde se investigan presuntos hechos delictivos en la Casa de la Música del Molino Fénix, ubicada en Villa Mercedes. En esta oportunidad, el debate se centró en el análisis de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.
Uno de los principales imputados en la causa es Joaquín Beltrán, actual diputado provincial, quien se desempeñó como administrador del complejo cultural. También está imputada Anabella Lucero, exdiputada y exdirectora del Molino Fénix. Los otros acusados son Ezequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres. Todos están acusados por distintos delitos en una causa que tramita en el Juzgado de Garantía Nº 4 y que está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.
Durante la audiencia, la nueva defensa de Beltrán solicitó la suspensión del acto, pidió un plazo para interiorizarse del expediente y reclamó la devolución del celular de su defendido, argumentando que fue adquirido con posterioridad al cese de funciones en la Casa de la Música. A su vez, Cecilia Mithiaux –defensora oficial penal–, con adhesión de otras defensas públicas y del defensor particular de uno de los imputados, solicitó que no se realizara el peritaje, al considerar que el Ministerio Público Fiscal no había cumplido con lo dispuesto en el artículo 139, incisos a y b, del Código Procesal Penal, en relación a la cadena de custodia y la especificación detallada de los datos a obtener.
Las defensas también plantearon que fueron notificadas de los puntos de pericia apenas dos horas antes de la audiencia, que los mismos eran vagos e imprecisos, y que los dispositivos habían sido secuestrados en noviembre, lo cual excede los plazos establecidos por la normativa vigente. Además, señalaron que el avance de la investigación evidenciaría reiterados incumplimientos de órdenes judiciales.
Por parte del Ministerio Público Fiscal, José Olguín y Andrea Court sostuvieron que el análisis de los dispositivos es clave para obtener información vinculada a los hechos investigados, como comunicaciones entre imputados, intercambio de documentación y otros elementos probatorios.
Finalmente, el juez de Garantía, Santiago Ortiz, rechazó la devolución del teléfono de Beltrán, al considerar que el dispositivo está vinculado a la investigación. También autorizó la extracción de información de los teléfonos y dispositivos tecnológicos secuestrados, tanto de los imputados como de otras dos personas que dieron su consentimiento para el acceso a sus datos.
Se analizarán comunicaciones entre los involucrados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 26 de diciembre de 2024, incluyendo llamadas, mensajes de texto, mensajes por redes sociales, fotos, videos, archivos contables y otros registros vinculados a los hechos por los que se formularon cargos. La resolución aclara que no se extraerá información de comunicaciones con terceras personas, con el fin de preservar el derecho a la intimidad.
Las defensas adelantaron que apelarán la resolución judicial. Participaron de la audiencia Cecilia Mithiaux (por Anabella Lucero y Ezequiel Scarel), Noelia Páez (por Enzo Lucero), Silvia Morán y Ximena Bertoli (por Diego Torres), y Gabriel Braco (por Joaquín Beltrán).
