En una conferencia de prensa brindada este martes, la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) denunció que el Gobierno de San Luis mantiene una deuda con los trabajadores del sector público al no aplicar correctamente la escala salarial establecida por el convenio colectivo de trabajo, incorporado por ley provincial. Además, acusaron al director del hospital Pediátrico de tener actitudes persecutorias hacia el personal y adelantaron que podrían tomar medidas de fuerza.
El secretario general del gremio, Gerónimo Ortiz, aseguró que la situación actual es de una “decadencia en el tema de la salud pública a lo largo y ancho de la provincia”. Señaló que esa decadencia afecta especialmente a los trabajadores estatales y mencionó atrasos salariales desde marzo de 2024. Asimismo, mencionó que miembros de la comisión directiva mantuvieron una reunión con la ministra de Salud, Mónica Nigra, para pedir que “que cese en su actitud persecutoria y hasta denigrante por parte del director del hospital San Luis, el médico Rodolfo Toloza”.
Por su parte, el prosecretario gremial, Ulises Monardez, explicó que, con el cambio de gobierno, el gremio viene reclamando actualizaciones salariales en función del convenio nacional y detalló que la actualización de los básicos comenzó a frenarse en marzo de 2024. “Logramos que este gobierno nos llevara el básico a (lo que el convenio estableció para) marzo de 2024, pero después quedó anclado ahí. Al día de la fecha tenemos ese básico”, explicó, al tiempo que mencionó reuniones con numerosos funcionarios de distintas áreas que no dieron solución.
Monardez aseguró que, mientras la escala salarial del convenio colectivo nacional tuvo un aumento acumulado del 94,6% entre 2024 y 2025, el Gobierno provincial solo alcanzó el 86%, sumando inclusive el “pobre aumento del 6% que nos va a otorgar ahora en julio”. Además, agregó que en ese mismo período “hemos tenido una inflación del 130%” y que “la pérdida del poder adquisitivo real que hemos tenido los trabajadores de la salud es del 54%”.
Consultado por el funcionamiento del sistema salarial, Monardez aclaró los afiliados de ATSA se rigen “por los aumentos de la provincia, que se complementan los porcentajes con los aumentos que da el convenio colectivo”. “Si el aumento de la provincia es del 10% y el convenio nacional del 12, tenemos una diferencia del 2% y se van complementando. No es que recibimos el 10 más el 12”, explicó.
A modo de ejemplo de este desfasaje, dijo: “Una mucama, por tomar como ejemplo, a julio de 2025 tendría que tener un básico de $850.000 y el básico que está teniendo es de $490.000. Estamos muy atrasados porque, como ustedes saben, todo esto influye en los adicionales, que se calculan en base al básico. Entonces, ya hace un año y meses que venimos atrasados con los adicionales”
El dirigente también explicó que los adicionales calculados sobre el básico están desactualizados desde hace más de un año. En cuanto al desfasaje general, indicó que ronda el 13%, “pero sin contar la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido con respecto a la inflación, que también hay que contarla para llegar a la pérdida real del salario que hemos tenido”.
Sobre la posible adhesión de ATSA a la medida de fuerza convocada por la Mesa Intersindical para este jueves 31 de julio, Monardez respondió que “cada sindicato tiene su manera de implementar el reclamo” y que si bien “nos parece muy válido lo que ellos hacen, cada uno con sus métodos”. En ese sentido, no descartó participar de la marcha prevista para el 31 de julio, aunque aclaró que la decisión aún está en evaluación.
También se le preguntó a la dirigencia sindical por las últimas reuniones mantenidas con el Ejecutivo. Ortiz explicó que el gremio presentó una convocatoria formal ante Relaciones Laborales para que el Ministerio de Hacienda fijara su posición, pero que no obtuvieron respuesta. “El ministerio hizo caso omiso a lo que la ley le demanda”, afirmó. Frente a esa situación, ATSA resolvió cerrar la instancia administrativa y avanzar por la vía judicial.
Por último, Ortiz confirmó que el gremio evalúa tomar medidas de fuerza si no hay una respuesta por parte del Ejecutivo provincial. “Estamos evaluando seriamente a partir de ahora y en adelante desembocar en una medida de acción directa, en tanto y en cuanto el gobierno no dé respuesta al reclamo que por ley nos corresponde”, declaró. En caso de concretarse, esa medida será un paro de actividades en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Aunque aún no tiene fecha definida, Ortiz señaló que no están lejos de adoptarla y que antes consultarán con los trabajadores del interior provincial.
