El juez Nicolás Cóppola, a cargo del Juzgado de Garantía N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial, resolvió tener por formulados los cargos contra Juan Adolfo Guzmán, expresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cortaderas de Servicios Públicos Ltda., y fijó un plazo de 120 días para la investigación penal preparatoria. El imputado continuará en libertad, bajo medidas restrictivas. Para leer más sobre el caso, no te pierdas este artículo.
Durante la audiencia realizada este viernes, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de Instrucción N°1, César Hugo Salazar Molina, y la fiscal adjunta Andrea Yamil Aguilar, imputó a Guzmán por presuntos delitos de administración fraudulenta, falsedad ideológica y usurpación de títulos y honores, en el marco de su gestión entre el 8 de agosto de 2024 y el 31 de mayo de 2025.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 13 de enero de 2025 por una socia de la cooperativa. Según lo expuesto por la Fiscalía, Guzmán habría administrado los fondos institucionales de forma unilateral, sin controles ni respaldo documental, y habría contratado familiares directos sin respetar los procedimientos establecidos por el estatuto. También se mencionó el uso de facturas apócrifas, pagos millonarios sin documentación aprobatoria y el presunto desvío de fondos.
Entre los hechos más relevantes, se señaló la ejecución de una obra civil sin planos, sin dirección técnica y sin aprobación municipal, la cual permanece paralizada y con fallas estructurales. Además, tras haber sido removido del cargo en asamblea, Guzmán habría realizado transferencias bancarias sin autorización y firmado una denuncia penal presentándose como presidente de la entidad, utilizando el sello institucional, lo que configuraría falsedad ideológica y usurpación de funciones.
Por su parte, el abogado defensor, Adriano Sabelli Monti, solicitó la desestimación de los cargos y anticipó que planteará excepciones y nulidades por supuestas irregularidades en la investigación preliminar. También cuestionó que los hechos descriptos constituyan delitos en términos penales.
Tras escuchar a las partes, el juez Cóppola calificó provisoriamente los hechos como constitutivos de los delitos de administración fraudulenta, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público, esta última en concurso ideal con usurpación de títulos y honores, todos en calidad de autor.
En cuanto a las medidas de coerción, el magistrado prohibió a Guzmán salir de la provincia sin autorización judicial y le impidió enajenar bienes registrables, tanto en el país como en el extranjero, durante los 120 días que durará la investigación penal preparatoria.
Esta última medida implica que el imputado no podrá vender, transferir ni disponer de bienes como inmuebles, vehículos o embarcaciones inscriptas a su nombre, con el fin de garantizar una eventual reparación del daño o la ejecución de una futura condena.
