Este martes, el Senado provincial no solo dio media sanción a la emergencia habitacional que figuraba en el orden del día, sino también a la económica que fue sancionada la semana pasada por la Cámara de Diputados. La incorporación de este tema fue a pedido de un oficialismo que, a pesar de que ya había un estado de emergencia declarado hasta el mes de diciembre, tenía un clarísimo apuro en renovarlo y quizás así tapar el superávit que tanto le reclamaron los gremios y sindicatos en la marcha del pasado jueves.
Así fue cómo, tras un breve cuarto intermedio, se procedió al tratamiento de este tema, con el oficialista Sergio Guardia repitiendo muchos de los puntos que se dijeron el pasado miércoles en Diputados y durante el tratamiento de las cuentas de inversión. Así es como Guardia mencionó la “reserva salarial y social”, “el contexto nacional que estamos enfrentando” y el “déficit financiero de 93.000 millones” del año 2023, producto de una política de Alberto Rodríguez Saá de “gasto sin control”.
“Lo que se está pidiendo es una prórroga autolimitándose en muchas cuestiones, sobre todo para asegurarles los salarios a cada uno de los empleados que depende del Estado provincial”, continuó Guardia, señalando además la preocupación que hay en torno a la coparticipación nacional, la cual representa el 75,6% de los recursos financieros de la provincia. Para finalizar, Guardia remarcó que el proyecto busca “garantizar el salario de los trabajadores, la asistencia social a los más vulnerables y la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
Por el lado de la oposición, calificaron el tratamiento de este proyecto, que no estaba en el orden del día, como un “atropello, algo arbitrario, un destrato y una falta de respeto” hacia ellos. “No puede tratarse en 15 minutos, merece un análisis. En algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras no, pero merece un análisis”, dijo Hugo Olguín.
En medio de esto, Olguín criticó que el proyecto no menciona nada relativo a la “atención” de la salud, la cual “es un desastre”, de la educación ni de los salarios de la Administración Público. “Parece que no han visto la expresión de todos los trabajadores hace 3 o 4 días. No es solo pancartas que han levantado. Se han expresado”, dijo Olguín, señalando que se está copiando el modelo “motosierra” de la Nación. El opositor también dijo que, tras la aprobación de esta emergencia, el Gobierno va a buscar nuevamente “querer endeudarse y van a querer pagar el salario en 2 veces”.
Otra crítica del senador es que “se están cerrando los comercios y fábricas que están trabajando la 70%” y que el proyecto de emergencia no incluye “ni siquiera una contemplación” de esta situación.
El proyecto, tras menos de media hora de debate, se aprobó por mayoría y se convirtió en ley, gracias a la media sanción que ya traía de Diputados.
En cuanto a la emergencia habitacional, Martín Olivero fue el miembro informante y lo primero que hizo fue destacar que más de 66.000 familias se inscribieron, lo que suma casi 193.000 personas, a razón de 2,7 personas por familia. Luego explicó que se creará una Secretaría de Estado de Política Habitacional y que se destinará el 50% de los fondos de obra pública a la construcción de soluciones habitacionales.
En cuanto a la oposición, Olguín hizo algunas observaciones, como que se debería reducir el plazo de la emergencia de 5 a 2 años (hasta que finalice este mandato de Poggi), que se debe “crear un mecanismo de control sobre la autoridad de aplicación” y dar participación a los municipios. De igual manera, el bloque opositor acompañó el proyecto, el cual se aprobó por unanimidad y obtuvo media sanción.
La sesión cerró con la aprobación definitiva de una modificación puntual al Código Procesal Civil y Comercial, orientada a fijar plazos concretos para las resoluciones judiciales y combatir la mora en el dictado de sentencias. Como es moneda corriente cuando un proyecto ya tiene media sanción, los oficialistas repitieron prácticamente los mismos ejes que sus pares diputados. De este modo, el oficialista Martín Olivero sostuvo que esta modificación “elimina una de las principales fuentes de dilación”, mientras que los opositores lo calificación simplemente como “un parche” que solo afecta la parte final del proceso.
De todas maneras, hubo acompañamiento de la oposición y el proyecto se aprobó por unanimidad, a diferencia de lo ocurrido en Diputados.
