El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, se reunió hoy con 3 comisiones de la Cámara de Diputados para despejar dudas y avanzar con la media sanción que le resta para convertirse en ley a la emergencia habitacional por años. ¿Para qué necesita el Gobierno de Claudio Poggi esta ley? Para absolutamente nada, ya que como gobernador tiene las facultades para aplicar la política habitacional que desee aplicar, como por ejemplo destinar el 50% de los fondos de obra pública a la construcción de viviendas, sin necesidad de ninguna ley.
Este proyecto forma de una vieja tradición de Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi, a quienes les encanta convertir sus políticas en leyes, dando además un trilladísimo discurso de que eso garantiza la continuidad de tal o cual medida. Sin embargo, en la práctica, esto nunca ocurre. La Beca al Mérito era ley, pero Alberto Rodríguez Saá no la aplicó y la derogó a través de la Legislatura. Poggi hizo lo mismo con la beca Construyendo Sueños y volvió a instituir la del Mérito. Y hoy por hoy, Poggi no está aplicando el Programa Empezar, a pesar de que el mismo fue convertido en ley hace unos años.
La Gaceta Digital consultó a Bertolini por lo innecesario de esta ley y, tras unas cuantas vueltas y de repetir el discurso de que esto garantiza su continuidad, terminó reconociendo que el próximo gobernante podrá hacer prácticamente lo que quiere: “Si hay una ley que dice que el cincuenta por ciento de la obra pública se debe destinar a soluciones habitacionales, uno no lo tiene que cumplir. Si (el próximo gobernante) tiene otra visión, tiene que traer la propuesta a la legislatura, modificar la ley o que modifique ese artículo, tal vez no derogar todo, para poder adecuarse”.
Luego, cuando este medio remarcó que se trata de políticas que Poggi puede aplicar sin necesidad de una ley, el ministro lo reconoció e inclusive reveló que ya está incluida en el proyecto de presupuesto para 2026, a pesar de que todavía no se terminó de aprobar el proyecto, esta política de destinar el 50% de los fondos de obra pública a viviendas. “Por supuesto, es una decisión. De hecho, ya en el presupuesto del año que viene, del 2026, que se va a presentar, está contemplado esto. O sea, no es que depende el programa de viviendas de una ley. Lo que estamos diciendo es que queremos darle el respaldo legal y la continuidad y trascienda a los gobiernos nada más, porque nos parece que una política pública, para que sea seria, tiene que ser continua”, reveló Bertolini.
Durante la reunión, también se abordó un artículo del proyecto que habilita la contratación directa de bienes y servicios para la implementación de políticas habitacionales. Ante la consulta sobre la necesidad de incluir esta facultad en la ley, Bertolini explicó que la intención es “proveernos de algunas herramientas que nos faciliten, en algunos casos, acceder a estas políticas habitacionales. En muchos casos hasta permite abaratar costos, y todo lo que se haga va a ser comunicado y con toda la transparencia correspondiente”. Añadió que, si las contrataciones superan los montos establecidos para la contratación directa, se informará a la Legislatura para permitir los controles que correspondan. “No se busca una herramienta para hacer algo no lícito, al contrario, lo que estamos buscando son herramientas para agilizar esto”, sostuvo.
En otro tramo, el ministro reveló que, según las declaraciones juradas de los inscriptos, solo el 37% declaró tener un trabajo formal, ya sea en relación de dependencia, como empleado público, monotributista o autónomo. Aclaró que esta condición no excluye a quienes trabajan de manera informal, siempre que puedan demostrar ingresos suficientes para afrontar el pago de la cuota. “Nos está marcando que hay una situación que también tenemos que atacar y que el gobernador está abocado y lo dice continuamente, hay que generar trabajo”, agregó.
Respecto al valor de las cuotas, Bertolini señaló que aún no se han definido montos y que dependerán de la tipología y del valor de la vivienda o solución habitacional propuesta. Como referencia, mencionó que la cuota actual del plan Progreso y Sueños, lanzado en 2011, es de $184.000. Sobre la viabilidad de un plan con ese nivel de pago, indicó que debe evaluarse “desde dos puntos de vista: que el Estado, en el plazo que sea, recupere lo que ha invertido y, por otro lado, que quien tiene la necesidad pueda acceder a pagar esa cuota”. En ese sentido, consideró que hoy existe un equilibrio y que no se registran mayores problemas.
Consultado sobre el encuentro con las comisiones legislativas, Bertolini lo calificó como “excelente” y destacó que expuso datos estadísticos preliminares de la inscripción, además de responder consultas de los diputados. En cuanto a los plazos, precisó que será la Cámara de Diputados la que determine cuándo se tratará el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Finalmente, sobre el modelo de vivienda a implementar, el funcionario aseguró que se analiza un abanico de opciones que van más allá de la construcción tradicional de casas sociales. Entre ellas mencionó créditos para materiales, lotes con servicios, desarrollos urbanos privados de distintas tipologías y créditos para la compra de terrenos. “Dentro de toda esta demanda de más de sesenta y seis mil familias, tenemos un abanico y de segmentos que seguramente les van a interesar las distintas propuestas. Tenemos que diseñarlas a medida para cada segmento”, concluyó.
