La Cámara de Diputados debatió este miércoles el proyecto enviado por el gobernador Claudio Poggi para derogar la Ley de Desfederalización parcial de la Competencia Penal en materia de Estupefacientes, más conocida como Ley de Narcomenudeo. La norma, aprobada durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, había establecido que los casos “menores” de droga debían ser juzgados por la Justicia provincial en lugar de la Federal, pero nunca llegó a implementarse.
La iniciativa había sido suspendida por un año el 30 de julio de 2024 y, ante la proximidad del vencimiento de ese plazo, Poggi decidió avanzar directamente en su derogación. Según informó el Ejecutivo, la decisión se tomó “teniendo en cuenta los notables avances y la eficacia lograda en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de San Luis, resultado del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales con asiento en la jurisdicción”.
La diputada Luciana Perano abrió el debate y aseguró que con la desfederalización aumentaron los casos de tenencia para consumo y disminuyeron las causas federales por narcotráfico, “evidenciando que el sistema de desfederalización resulta ineficaz en la medida que no se coordinan adecuadamente los recursos y competencias provinciales y nacionales”. Advirtió que esto genera “una investigación fragmentada” y destacó que, desde que la norma fue suspendida, se “quintuplicado la incautación de marihuana y se duplicó el secuestro de cocaína”, como resultado del trabajo conjunto con la Justicia Federal y Gendarmería.
En la misma línea, Miriam Serra afirmó que el sistema fracasó en provincias que lo implementaron, como Córdoba y Buenos Aires. Por su parte, Eugenia Gallardo sostuvo: “Estamos dando marcha atrás porque no funcionó esta iniciativa legislativa”. Recordó que cuando se aprobó el proyecto estaban “esperanzados” por algo que nunca se hizo realidad, pero ahora Poggi “tiene la intención de dar la lucha” contra el narcotráfico. “Es una decisión que hay que tomar. O solos o acompañados”, planteó.
Desde la oposición, Federico Berardo señaló que ambos sectores políticas están detrás del mismo objetivo, pero por distintos caminos; y que la desfederalización buscaba una alternativa, ya que, a la guerra contra las drogas con el sistema federal tradicional, “la venimos perdiendo”. Subrayó que “la mitad de las provincias de la Argentina está optando por este sistema desfederalización porque “intenta cambiar algo que no está dando resultado”. Además, criticó que con el dinero del superávit “se podría haber completado la obra del centro de deshabituación” de La Toma, la cual lleva casi 2 años paralizada.
En la misma línea, Gloria Petrino advirtió: “Nos está ganando la droga”. Sonia Delarco, por su parte, cuestionó “qué hizo el Gobierno de Poggi en un año y 8 meses” y apuntó que ni siquiera puso en marcha los juzgados locales para atender este tipo de causas.
Sin lugar a dudas, el discurso más fuerte fue el de Carlos Pereira, quien afirmó que “la herramienta nace ya mal concebida” y citó declaraciones del exprocurador general Luis Martínez publicadas por La Gaceta Digital, remarcando que “ninguno de los fiscales y jueces ha pasado un examen con materia específica en la materia de narcomenudeo”, lo cual ya constituía “un gran obstáculo”. Según agregó, Martínez “estaba señalando, como jefe de los fiscales, que no tenía la posibilidad institucional de perseguir o punir o castigar al comercio minorista de droga”.
Sin embargo, Pereira fue más allá y lanzó acusaciones graves contra quienes eran oficialismo cuando se aprobó esta ley: “No tenía un buen propósito la norma. La norma se inscribe en una trama de connivencia de parte de poderes del Estado con el poder narco de la provincia de San Luis”. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa del albertismo “buscaba desalentar el trabajo de la Justicia Federal, que hoy vemos que es muy serio, y darle facultades y competencia a la Policía de la Provincia de San Luis que se presume tenía articulación y negocios en el comercio ilegal de la droga minorista”.
En este sentido, se refirió al caso Churquina: “La droga venía de Bolivia, ¿entonces cómo es que quería Rodríguez Saá o el Gabinete perseguir la posibilidad de que no nos convirtamos en un narcoestado con esta dinámica de rutas liberadas sin gendarmería y con una Justicia incapaz y con falta de idoneidad?”.
Estas afirmaciones provocaron la reacción de Gloria Petrino y Walter Aguilar, quienes invitaron a Pereira a hacer la denuncia correspondiente en el Poder Judicial y calificaron sus dichos como “muy graves”.
En el tramo final, Perano le respondió a Delarco preguntándole “por qué no lo hizo Rodríguez Saá” en alusión a la puesta en marcha de los juzgados provinciales.
Tras una hora de debate, el proyecto se aprobó por 24 votos afirmativos contra 12 negativos de la oposición. Si bien el albertismo acompañó la suspensión de la ley en 2024, hoy se manifestaron en contra de la derogación definitiva.
