En una extensa audiencia de formulación de cargos que se prolongó durante diez horas, el fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Francisco Assat Alí, imputó a once personas en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita, estafa procesal, falsificación de documentos públicos y privados, y su utilización en procedimientos judiciales. El fiscal estima que las maniobras de esta presunta asociación ascienden a $6.334 millones en propiedades.
Los imputados son: Juan Cruz Domínguez (señalado como autor intelectual); el abogado Pablo Héctor Herrera y María de los Ángeles Toscano; Hugo Alberto Guzmán y Juan Alberto Sosa; Alberto Javier Ochoa; Mario Cristian Vega; Carlos Mario Peralta; Roberto Córdoba Gordillo y Héctor David Escobar; y Walter Luis Alejandro Terceros. En tanto que José Héctor Jofré también fue citado, pero no compareció.
La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, resolvió dar por formulados los cargos y dio lugar a las medidas de coerción solicitadas por Assat, las cuales incluyen la firma semanal en la Fiscalía de Instrucción N° 1, prohibición para salir de la provincia e inhibición general de bienes. Los únicos exceptuados de firmar el libro semanalmente y salir de la provincia son Herrera por su historia clínica y situación, ya que se encuentra cumpliendo un tratamiento en otra provincia, y su pareja, María de los Ángeles Toscano, quien deberá firmar mensualmente.
Durante la audiencia estuvieron presentes los abogados querellantes Maximiliano Pipitone y Sebastián Pipitone, quienes dieron a conocer esta megacausa a través de La Gaceta Digital, así como la Fiscalía de Estado, representada por Juan Ignacio Trusendi y Florencia Bustos Samperisi.
El desarrollo de la audiencia
La audiencia arrancó con un pedido de uno de los abogados de Domínguez, Carlos Gabriel Varela, quien cuestionó que Fiscalía de Estado se haya hecho parte de esta causa y pidió que esto no se permita. “No se ven comprometidos intereses del Estado Provincial”, sostuvo el defensor del principal acusado.
La respuesta de Assat Alí fue que se han afectado no solo bienes del Estado “de forma trasversal”, sino también el funcionamiento de organismos del Estado, como el Registro Público, y bienes vacantes de herencia que pertenecen al Estado. A esto, Maximiliano Pipitone le sumó que, justamente, uno de los ejes de la causa es que se cuestiona la autenticidad de sellados de oficinas públicas, remarcando que también se ve afectado el Poder Judicial como “persona” y, en especial, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.
Por parte de Fiscalía de Estado, Trusendi sostuvo que “están en juego intereses provinciales”, reforzando lo dicho por Pipitone sobre denuncias falsas, falsificación de sellos, escrituras y datos catastrales. La respuesta de la defensa de Domínguez fue que “sigue siendo genérica la descripción de los bienes”.
A raíz de este debate, se produjo el primer cuarto intermedio de la jornada. Al regreso del mismo, la jueza Banó decidió no dar lugar al pedido de la defensa y permitió la participación de Fiscalía de Estado.
La siguiente etapa de la audiencia consistió en la acusación de Assat Alí, quien habló por más de dos horas, sobre 20 hechos cometidos por esta presunta asociación ilícita, señalando que la misma opera “al menos desde 2012”, apropiándose de predios, lotes e inmuebles. Assat describió muchas de las maniobras que este medio dio a conocer cuando reveló la denuncia de los abogados Pipitone. Para más detalles, hacé click acá.
Uno de los puntos que enfatizó es la introducción de domicilios falsos, para que las víctimas no puedan ser notificadas sobre un proceso judicial y, por ende, no comparezcan ante la Justicia. Al no comparecer, son declarados rebeldes, lo que da pie al juez de turno para que falle en contra de esta persona. Asimismo, destacó como los distintos acusados se presentaban en las diferentes causas con distintos roles, como testigos falsos, compradores o acreedores. “Es tan aceitado este mecanismo”, comentó el fiscal, señalando que la presunta asociación apuntaba principalmente a personas de avanzada edad, con discapacidad o herederos que no viven en San Luis.
Todo esto era coordinado, expuso el fiscal, por Juan Cruz Domínguez, a quien calificó a lo largo de la audiencia como “autor intelectual”, “nexo común”, “coordinador de testigos” y “soporte jurídico”.
Uno de los domicilios falsos que se utilizaban para estas maniobras era Pedernera 1153, el cual no existe catastralmente, pero por la numeración corresponde a la parte trasera de una vivienda que tiene su ingreso por avenida Illia. ¿A quién pertenece ese domicilio? A Cecilia Chada, cuñada de Domínguez y exministra del Superior Tribunal de Justicia, que renunció a su cargo luego de que este caso saliera a la luz. “Era un domicilio controlado por parte de la asociación”, comentó Assat.
El fiscal también detalló maniobras extremadamente burdas, como “documental apócrifa retrodatada” a la década del 80, donde se consignan inmuebles ubicados en el “departamento Pueyrredón”, a pesar de que, hasta 2010, se llamó La Capital. “Podían ver el futuro en los 80s”, bromeó Assat, despertando risas entre los presentes.
Otra maniobra extremadamente burda fue con la falsificación de documentación a nombre de Murat Bozdemir. La presunta asociación, relató el fiscal, escribió mal el apellido en múltiples documentos, incluidas actas notariales que nadie firmaría si su nombre está mal escrito. La fiscal adjunta Ornella Costa también sostuvo que hay múltiples documentos truchos, que la asociación introdujo como si fueran de otras décadas, pero claramente “exhiben tecnología moderna”.
Tras el segundo cuarto intermedio de la jornada, los abogados Pipitone detallaron todos los delitos que ellos sostienen que esta presunta asociación ilícita ha cometido en cada uno de los 20 casos, más uno complementario, que este miércoles fueron expuestos.
La defensa de Domínguez
Finalmente, fue el turno de los abogados defensores, comenzando con Carlos Varela y Hugo Scarso, en representación de Domínguez. El eje de su defensa no fue decir que Domínguez no cometió estos hechos, sino que se centró en cómo los Pipitone adquirieron todas las pruebas en su contra. De acuerdo a Varela, esta causa “tiene su génesis” cuando los Pipitone “efectúan una solicitud, en los términos del artículo primero, inciso E, de la Ley de Acceso a la Información Pública y el exprocurador general (Luis Martínez) y el presidente del Superior Tribunal (Jorge Levingston) por el cual se les hace lugar a los querellantes para que de manera ilícita o ilegal sustancial obtengan datos sensibles y documental de personas que intervinieron en causas a las que son ajenos”. Esto, según Varela, afectó el derecho a la intimidad, a la protección de datos y la violación del secreto profesional, entre otros.
Varela argumentó que Ley de Acceso a la Información Pública se aplica a actos de gobierno y no a expedientes judiciales reservados “para que los particulares jueguen a ser detectives”. “Estamos en presencia de personas ajenas a causas civiles y penales, realizando solicitudes de expedientes judiciales en las que interviene un profesional del derecho y en la que el Poder Judicial, copartícipe, le brinda esos datos que son solamente para los legitimados y no para cualquier persona”, añadió Varela, remarcando que se debería haber provisto “una prueba de daño” para poder acceder a esta información. El defensor también sostuvo que el “secreto profesional del abogado pertenece a la categoría de derechos humanos fundamentales” y que en esta causa fue violado.
Minutos después, Scarso reforzó lo dicho por Varela, criticando que a los Pipitone se los haya facultado “a visualizar el sistema Tramix de un profesional”. Luego, comentó que le iniciará un jury a Levingston, quien autorizó el pedido de los querellantes “por un simple decreto”, lo que permitió un “allanamiento informático” a Domínguez. En ningún momento, ninguno de los defensores dijo que Domínguez sea inocente.
Los defensores también objetaron las medidas de coerción. En particular, la obligación de firma semanal del libro de procesados fue considerada desproporcionada, dado que —según alegaron— sus defendidos nunca intentaron evadir el proceso judicial.
Pasadas las 18.30 horas, cuando todos creían que Banó, por la complejidad de la causa, se iba a tomar 48 horas para tomar su decisión, la jueza sorprendió a todos y resolvió dar por formulados los cargos de fiscalía, dando lugar a las medidas de coerción solicitadas por Assat Alí.
