Gastón Nelson Salinas, de 44 años de edad, fue trasladado el Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva luego que la Fiscalía de Género N° 2 de la ciudad de San Luis le formulara cargos en el marco de una megacausa que investiga tráfico de material de abuso sexual infantil (MASI). La fiscal adjunta Marisol Boschi, en la audiencia que se realizó este miércoles al mediodía ante el Juzgado de Garantía N° 3, presentó los hechos endilgados, expuso la evidencia recolectada y solicitó la prisión preventiva por 120 días.
Boschi explicó que la investigación comenzó en junio de 2020, a partir de reportes emitidos en el marco del protocolo de intervención urgente en casos de material de abuso sexual infantil. En ellos se detectó actividad sospechosa en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram, vinculada a números de teléfono, cuentas de correo electrónico y perfiles que, tras las pesquisas, quedaron asociados al hombre investigado y que fuera detenido ayer luego de un allanamiento que se realizó en el barrio Kennedy, en el contexto del Operativo Internacional “Aliados por la Infancia V”.
La Fiscalía imputó al sospechoso por el delito de facilitación, divulgación y distribución de actividades sexuales explícitas y representación de partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, previsto en el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal.
“De la interpretación de los reportes, surge que la línea denunciada pertenece a la pareja del imputado, pero al profundizar las tareas de investigación y mediante búsquedas en bases de datos oficiales, se estableció que los números y correos estaban vinculados directamente al imputado”.
En el allanamiento en su vivienda se secuestró un teléfono celular marca Samsung modelo A14, cuyo número coincide con el abonado denunciado en todos los reportes precedentes, según la fiscal. En ese dispositivo se halló material multimedia que el Departamento de Investigación de Delitos Complejos clasificó como abuso sexual infantil, en el que se observa a niños y niñas menores de 13 años en actos sexuales explícitos.
“Se pudo corroborar que el imputado recibía y enviaba contenido de material de abuso sexual infantil, consistente en videos y fotos”, afirmó Boschi. La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó la gravedad del caso y el riesgo procesal que implica la libertad del acusado: “La libertad del imputado podría derivar en el borrado, alteración o eliminación remota de evidencia, especialmente en entornos digitales”.
Además, subrayó el carácter revictimizante de este delito: “La tenencia y difusión de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes no es un delito sin víctimas, sino que revictimiza permanentemente a los menores dado que cada visualización constituye una forma de prolongación del daño”.
La defensa, representada por Stefania Cifuentes, cuestionó el plazo solicitado para la medida de coerción y solicitó medidas más morigeradas, como la firma del libro en Fiscalía, la prohibición de salir de la provincia como así también de utilizar medios digitales.
La jueza Natalia Lazarte resolvió finalmente ordenar el traslado del imputado al Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva por 60 días mientras continúa la investigación.
