El bloque de concejales del PJ de la ciudad de San Luis brindó este jueves una conferencia de prensa en la que cuestionó las declaraciones que el gobernador Claudio Poggi realizó ayer en un acto municipal, donde responsabilizó a la oposición por no aprobar la ordenanza que habilitaría la donación de tierras para la escrituración de viviendas sociales, construidas en terrenos municipales ubicados en los barrios Padre Mujica, Plan Joven y Néstor Kirchner.
“Está clarito que los concejales de Rodríguez Saá quieren seguir teniéndolos de rehén a todos ustedes, con la patita acá arriba. ¿Y saben cuál es el riesgo? Gastón no lo va a hacer, porque uno lo conoce, pero ustedes son adjudicatarios con un decreto del intendente de aquel momento, y viene otro intendente y les saca la casa. Los desadjudica a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Si ustedes tienen la escritura, no se las saca nadie, porque ya es propiedad privada, se valoriza la casa”, fueron las palabras del Gobernador.
La respuesta del PJ
El presidente del bloque, Juan Martín Divizia, señaló que el proyecto “tiene muchísimas imprecisiones, con un profundo desconocimiento del tema y más aún sin conocer nuestra posición que es lo que nosotros hemos planteado en este Consejo Deliberante”.
“Lo primero que quiero decir es que la política se construye con diálogos, no con aprietes y consideramos que eso fue un apriete”, afirmó, y anunció que solicitarán una audiencia con Poggi para explicarle la postura del bloque. “No nos oponemos a la escrituración de viviendas, pero tenemos que hacerlo bien, hay un montón de imprecisiones que tiene este proyecto y necesitamos que sean subsanadas”, agregó.
Divizia también aclaró que “este proyecto ingresó en la primera sesión de este año, no ingresó hace un año”, y explicó que actualmente “está en la Comisión de Legislación y también en Interbloque, no tiene despacho en ninguna de las dos comisiones, pero sí tiene trabajo, tiene actas”.
Consultado sobre los votos necesarios para aprobar la iniciativa, señaló: “En la comisión, con simple mayoría. Pero como es una donación, en el recinto sí requiere dos tercios, requiere diálogo político, esto no es una escribanía”.
Desde la oposición remarcaron además que Poggi mencionó algunos barrios que no están en el proyecto enviado por el Hissa, el cual incluye a los siguientes: Franklin Lucero, Cooperativa Los Milagros, Néstor Kirchner, Padre Mujica, Las Cazorlas, Las Cazorlas Autoconstrucción y Felipe Vallese.
“Es un proyecto inconstitucional”
El concejal Alejandro Cordido apuntó contra la Intendencia y sostuvo que “la Ciudad de San Luis tiene una ordenanza específica que regula la cuestión habitacional, que evidentemente el Gobernador está en desconocimiento”. Para el edil, se trata de “un problema de comunicación desde la propia Intendencia”.
Cordido remarcó que esa normativa, la ordenanza 753 de 2016, “es de orden público, no puede dejarse de lado ni por el Intendente, ni por el Gobernador, ni por el Presidente de la Nación, debe cumplirse”. “Lo que ha mandado el Intendente es absolutamente contrario a las normas que está obligado a cumplir y que él mismo cuando va a sede judicial a rechazar pedido de los vecinos aplica. Evidentemente la conoce porque por lo menos la firma”, señaló.
Según explicó, la ordenanza establece requisitos para la adjudicación y escrituración de viviendas, como acreditar más de cinco años de residencia en la ciudad o haber habitado al menos 15 años la vivienda. “La ordenanza 753 de 2016 es muy clara, le impone obligaciones al Intendente que deberían estar hoy cumpliéndolas y con ese cumplimiento estaríamos escriturando”, insistió.
Cordido además advirtió que el proyecto no contempla situaciones como las de los barrios Vecindad, Granja La Amalia o República, y que podría incluso incluir espacios públicos como calles y plazas dentro de las tierras a donar. “Si hay una calle o un lote o un espacio verde, eso antes de ceder debe desafectarse porque es un bien público, no se puede ceder”, explicó.
Por último, el edil reiteró la necesidad de una reunión con Poggi: “Evidentemente le han hecho decir algo incorrecto, le han pasado una información errónea. Es importante que él mismo pueda ver cuál es la realidad que estamos viviendo en la ciudad, cuál es la realidad en el territorio y cuál es la realidad jurídica a la que estamos obligados y sometidos”.
