Una pareja de hombres que recurrió a la reproducción asistida para formar su familia espera la resolución de la Cámara Civil de Apelaciones N° 2 tras el rechazo de la jueza Natalia Giunta en primera instancia, apoyado en el dictamen del defensor de la Niñez Sebastián Privitera. Su hijo, que nació hace cuatro meses, sigue sin DNI, ya que la Justicia se niega a reconocer legalmente a Héctor Acosta Pérez como padre, limitando la inscripción únicamente a su pareja y manteniendo la figura de la mujer que prestó su vientre, a pesar de que ella nunca quiso asumir la maternidad. La apelación busca que ambos padres sean reconocidos y que se respete la planificación familiar que la pareja acordó desde el inicio del embarazo.
“No están permitiendo que nuestro hijo sea inscrito a nombre de dos padres, eliminando la figura de la madre. En este caso, no existe la figura de la madre porque hicimos un tratamiento de ovodonación, no sabemos de quién es el óvulo, y quién llevó adelante el embarazo, que fue una amiga nuestra, hizo por nosotros totalmente de manera altruista, desligándose de cualquier responsabilidad después de tenerlo. Lo que está sucediendo es que la justicia insiste en reflejar la figura de una madre a la hora de inscribirlo, cuestión que nos ha obligado a apelar a apelar el fallo de primera instancia que salió el 7 de agosto, que fue firmado por la jueza Natalia Giunta y el defensor Sebastián Privitera. Ya hablamos de los enormes errores y de la burla que fue ese caso, porque hicieron caso omiso a todas las pericias que se nos hicieron ambientales, psicológicas y de todos los testigos presentados. Se nos burló de una manera burda y absoluta y ninguno de los dos quiso dar charla a la prensa para explicar qué fue lo que pasó”, dijo Héctor Acosta Pérez, el padre del niño que la Justicia no quiere reconocer.
El rechazo inicial y el dictamen de Sebastián Privitera, defensor de la Niñez, provocaron un profundo malestar en la familia. Héctor explicó que el defensor insiste en que las normas están por encima del interés superior del niño, sin aclarar cuáles normas se estarían infringiendo. “No entiendo de qué está hablando este señor. Sabemos que hay hijos con dos madres o hijos de padres solteros donde en el DNI no figura ni la figura de la madre ni la figura del padre según el caso. ¿Por qué con nosotros no? Nadie nos da una respuesta”, sostuvo.
El caso se complica además porque el bebé sigue sin documento. Héctor detalló que lo único que tiene es un acta médica de nacimiento y que inscribirlo legalmente implicaría iniciar un proceso judicial complejo para impugnar un DNI que no coincide con la realidad de la familia. A esto se suma que la Justicia planteó que el niño podría ser inscrito mediante un proceso de adopción por sustitución, algo que Héctor considera inadecuado. “No tenemos que sustituir ninguna madre, porque acá no hay una madre. La persona que llevó adelante el embarazo lo hizo altruistamente, solo prestó su panza, y ahora la Justicia la obliga a asumir responsabilidades que ella no quiere. ¿Por qué adopción?”, cuestionó.
La mujer que prestó su vientre es un eje central de la discusión. Héctor remarcó que ella colaboró altruistamente, tiene su propia familia y nunca quiso ser reconocida como madre del niño. “Ella tiene su familia y sus hijos, y lo hizo para nosotros. No quiere ser madre de nuestro hijo y lo ha dicho claramente. Sin embargo, la Justicia la está obligando a serlo. ¿Por qué atarla de esa manera? ¿Dónde está el derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Y nuestro derecho a formar una familia real? Hay casos favorables en San Luis de parejas heterosexuales que tienen su permiso para que, cuando nazca su hijo, esté inscrito a nombre de la familia que lo planificó”, comentó Héctor, señalando que esta imposición contradice tanto la ley de matrimonio igualitario como la ley de tratamiento de reproducción humana asistida, que permite a parejas que no pueden llevar adelante un embarazo tener un hijo.
Héctor denunció también la negligencia de la primera instancia, donde, según él, se mencionaron testigos que no declararon y se omitieron otros que sí lo hicieron. “Horrible. Ninguno dio la cara, ni a los medios, ni a nosotros, ni a nuestra abogada, de ninguna manera. Nos trataron con burla”, aseguró.
A esto se suma la negativa de las juezas de segunda instancia, Carina Pereira y María Celeste Rodríguez, a otorgarles una audiencia para explicar personalmente la situación. “Nos negaron la audiencia alegando que ya tuvimos una en abril, pero en esa audiencia se nos reburló todo lo hablado, nada se plasmó en las sentencias dictadas”, agregó. Esta negativa hace a Héctor sospechar lo peor.
Para colmo, Privitera volverá a actuar como defensor de la Niñez. “En esta vista de segunda instancia, lo primero que menciona es que esta apelación no estaba firmada por todas las partes, que faltaba la firma de nuestra amiga. Este señor no leyó. Abajo están las tres firmas. Y eso nos da mucha bronca, porque es como que toman todo a la ligera y nosotros de este lado agobiados, estresados, esperando una respuesta a pesar de que todas hasta el día de hoy han sido negativas. Entonces, es triste ver cómo se maneja la justicia a su antojo, cómo quieren hacer las cosas a su conveniencia sin tener en cuenta quiénes afectan”, opinó Héctor.
Sin embargo, el caso de Héctor y su pareja no es aislado. Existen antecedentes en Córdoba y Buenos Aires donde parejas homoparentales lograron inscribir a sus hijos sin inconvenientes. “En Córdoba, una periodista nos dijo que su hermano hizo el mismo caso y salió favorable. En Buenos Aires hubo un amparo colectivo donde ibas directamente con el certificado del acta de nacimiento y lo inscribías. ¿Por qué no se puede hacer en nuestro caso?”, preguntó Héctor.
Este caso ha tenido repercusión nacional, por lo que distintas organizaciones han manifestado su apoyo a Héctor y su pareja, como la Fundación Mesa de la Mujer, Niñez y Diversidad; Argentina LGBT+, Femiciencia de la UNSL y otras más, que se han ofrecido como “amicus curiae” (amigo del tribunal en latín), que es una persona ajena a un litigio que ofrece a un tribunal información, argumentos o perspectivas adicionales para ayudarle a tomar una decisión.
“Esta figura lo que hace es emitir un dictamen, firmado por abogados, donde ellos aluden a diferentes casos, a tratados de derecho internacional y a leyes argentinas, que nos favorecen y que nos dan todos los argumentos para que esto salga favorable. Estas dos fundaciones nos contactaron después que nosotros hicimos público todo esto a través de los medios. Ojalá las juezas de segunda instancia, Carina Pereira y María Celeste Rodríguez, reconozcan estos argumentos y entiendan lo negativo que sería un fallo en contra, tanto para nosotros como para nuestra amiga, que tiene su familia”, consideró Héctor.
A pesar de la compleja situación, Héctor aseguró que seguirá luchando hasta conseguir justicia. “Estoy dispuesto a sentarme en el tribunal y hacer huelga de hambre hasta que se haga justicia, hasta que me oiga quien me tiene que oír y que lean las leyes. No me interesa, quiero justicia real, sobre todo porque nuestro hijo es lo más importante y hoy con cuatro meses no tiene DNI. No es adoptado, es producto de nuestra planificación familiar, mía y de mi pareja, y por cuestiones biológicas no lo podemos llevar en la panza”, concluyó.
