La Fiscalía de Género N° 2 de la Primera Circunscripción solicitó una pena de seis años de prisión para un hombre de 39 años, acusado de facilitar, distribuir y almacenar material de abuso sexual infantil. La acusación fue presentada este viernes tras una investigación que comenzó a partir de un reporte recibido el 21 de febrero por la Procuración General, el cual alertó sobre archivos digitales con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vinculados a una cuenta registrada en San Luis.


Durante la audiencia de control de acusación, realizada ante el Juzgado de Garantía N° 2, la fiscal adjunta Mercedes García explicó que el informe del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos del Poder Judicial permitió comprobar la existencia de más de 125 videos y 109 imágenes con contenido de abuso sexual infantil. El material se encontraba almacenado en teléfonos celulares, un pendrive y cuentas de Google Fotos y Telegram pertenecientes al imputado. Parte de los archivos se hallaron ocultos en una aplicación tipo “calculadora”, utilizada para disimular contenido multimedia.

“Además, se verificaron conversaciones en Telegram donde el hombre intercambiaba y solicitaba videos con otros usuarios, a quienes consultaba precios y ofrecía material similar”, indicó la fiscal.

Para el Ministerio Público, el acusado tuvo una participación activa en redes dedicadas al intercambio de este tipo de material, lo que agrava su responsabilidad penal. García sostuvo que el imputado no solo almacenaba los archivos, sino que también los distribuía y facilitaba su difusión, “perpetuando el daño de manera indefinida, ya que una vez difundido, el contenido se vuelve incontrolable”.

La Fiscalía formalizó la acusación por los delitos de facilitación y distribución de representaciones de partes genitales de menores de edad con fines sexuales, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real (arts. 45, 51 y 128 del Código Penal).

Si bien se consideró como atenuante la falta de antecedentes condenatorios, se valoraron como agravantes la cantidad de archivos, el uso de herramientas para ocultarlos y la planificación demostrada.

La investigación se inició a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, organismo que recibe alertas de empresas como Meta, Google y TikTok cuando detectan material de abuso sexual infantil. El informe permitió rastrear las cuentas vinculadas al imputado, radicado en la provincia.

La Fiscalía recordó además que el acusado tiene otras causas en trámite por abuso sexual y subrayó que “la tenencia y difusión de material de explotación sexual infantil no es un delito sin víctima, ya que cada visualización implica una nueva forma de revictimización”. El imputado fue representado por la abogada Juliana Herrera.

La jueza ordenó mantener la prisión preventiva y elevar la causa a juicio
La fiscal Mercedes García solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 60 días, argumentando que existe un grado de sospecha suficiente respaldado por la evidencia digital reunida y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El Defensor adjunto de Niñez, Nahuel Lede, acompañó la postura de la Fiscalía. Señaló que la gravedad de los hechos, la existencia de otras causas en trámite y el riesgo procesal justifican la continuidad de la medida cautelar.

Recordó además que tanto el Tribunal de Impugnaciones como recientes resoluciones del Ministerio Público Fiscal han establecido que en casos de delitos sexuales contra menores debe considerarse un nivel de riesgo procesal más alto, lo que refuerza la necesidad de mantener la detención.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, hizo lugar al pedido de prórroga de la prisión preventiva y ordenó la elevación a juicio de la causa.