En la sesión de este martes, además de la reducción de la feria judicial, el Senado provincial aprobó una serie de iniciativas vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial y la gestión de bienes estatales. La jornada se desarrolló de manera ágil y sin debates extensos, con intervenciones únicamente de los miembros informantes del oficialismo. Todos los proyectos obtuvieron media sanción y pasaron a la Cámara de Diputados.
Uno de los proyectos destacados fue la derogación de varios artículos de la Ley N° IV-0091-2004, referidos a la comunicación entre tribunales de distintas jurisdicciones. Martín Olivero explicó que se buscaba eliminar disposiciones declaradas inconstitucionales por los tribunales provinciales, que generaban burocracia innecesaria y conflictos con la Ley Nacional N° 22.172. Según el legislador, “la vigencia de esta ley, declarada inconstitucional cada vez que se presente un oficio, solo ocasiona desgaste jurisdiccional y mayor mora en la tramitación, por lo que su derogación favorece el servicio de justicia evitando gastos y dilación innecesaria a favor de la ciudadanía”. La norma propuesta se limita a dejar sin efecto artículos que no se aplican en la práctica judicial local y se alinea con la jurisprudencia vigente.
La derogación también permitirá que los oficios emanados de jueces de otras provincias sean ejecutados sin necesidad de intervención judicial local, evitando conflictos de competencia y agilizando los procesos. Según Olivero, esta medida responde a “una solicitud del Colegio Forense de nuestra provincia” y busca adaptar la normativa provincial a las prácticas jurídicas vigentes y reducir la burocracia que genera demoras en la atención de los ciudadanos.
Otro proyecto aprobado estableció la continuidad funcional de magistrados y funcionarios designados con carácter provisorio durante los períodos 2024 y 2025. Olivero indicó que se trata de “una medida excepcional, extraordinaria y estrictamente limitada en el tiempo, motivada por la emergencia prorrogada por la ley V-1164-2025, y adoptada en resguardo del interés público y de la continuidad del servicio de justicia”. La ley establece que los funcionarios provisionales continuarán en sus cargos hasta la cobertura definitiva de las vacantes o, en su defecto, hasta cumplirse el plazo máximo de dos años.
Esta normativa busca garantizar la operatividad de los tribunales y evitar interrupciones en los procesos judiciales, especialmente en jurisdicciones donde la cobertura definitiva de cargos aún no se ha completado. Olivero señaló que se trata de “una solución transitoria que asegura la continuidad de la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial”, resaltando que la medida es estrictamente limitada al período necesario para cubrir vacantes.
La sesión también incluyó la aprobación del marco normativo para la disposición de vehículos abandonados, perdidos, secuestrados o decomisados. Diego García señaló que el proyecto busca “optimizar los recursos del estado provincial, favorecer el cuidado del medio ambiente y asegurar que los vehículos que fueron objeto de delito sean incorporados al uso de la fuerza de seguridad o dispuestos de manera responsable”. La normativa introduce procedimientos claros para declarar un vehículo como abandonado y establece medidas de descontaminación y reutilización, fortaleciendo la prevención del delito y promoviendo un ambiente urbano más seguro.
Además, el proyecto establece que los vehículos aptos podrán ser destinados a la fuerza de seguridad provincial, mientras que los restantes serán descontaminados y dispuestos de manera responsable o vendidos en subastas públicas. Estas medidas permiten recuperar espacios urbanos, reducir riesgos ambientales y generar beneficios económicos y operativos para la administración pública, contribuyendo también a la prevención del delito.
En cuanto a la revisión del Código Contravencional, Adolfo Castro Luna explicó que el proyecto incorpora modificaciones formales, organiza los artículos, regula nuevas contravenciones relacionadas con la seguridad digital y establece responsabilidades de padres o tutores frente a transgresiones cometidas por menores. Asimismo, se amplían sanciones para maltrato animal y se contempla la posibilidad de aplicar terapias familiares.
El legislador destacó que estas modificaciones buscan “acelerar los procesos y proporcionar herramientas legales donde no existían en el código penal”, especialmente frente a delitos vinculados a la divulgación de material sin consentimiento o la seguridad digital. La iniciativa obtuvo media sanción con el voto favorable de todos los senadores, salvo el opositor Hugo Olguín, y ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su revisión.
Finalmente, se aprobó la Ley de Educación Ambiental de la provincia de San Luis, que quedó lista para seguir su trámite legislativo sin objeciones. Esta normativa tiene como objetivo fortalecer la educación ambiental en todos los niveles y promover prácticas sostenibles, integrando contenidos curriculares y actividades de concientización en la provincia.
