Articulo escrito por Erica Pucciarelli, abogada matrícula N° 1434, y Héctor Mario Cangiano, abogado matricula N° 2908. Coautor Héctor Raúl Alberto Cangiano, abogado matrícula N° 1044.
La media sanción otorgada en forma exprés al proyecto de ley que busca “reducir el periodo de Feria Judicial”, ha reabierto un debate necesario, aunque superficial. Esta medida es, en el mejor de los casos, un engaño cosmético que desvía la atención de la profunda crisis estructural, institucional y ética que padece el Poder Judicial de la Provincia de San Luis.
La mora judicial no es un problema de calendario; es una falla sistémica que obedece a pilares fundamentales:
El vicio de origen: una crisis de principios republicanos
Para entender la ineficacia actual, es imperativo mirar la historia institucional de San Luis, haciendo un necesario hincapié en la reforma constitucional de 1987, por la cual se brindó andamiaje legal a la fragilidad institucional haciendo palpable la inexistencia de división de poderes. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado históricamente como un apéndice de la Administración Pública.
Así, a lo largo de más de cuatro décadas de sumisión por parte de un Poder del Estado hacia otro, encontramos ejemplos que resultan óptimos:
1) La Ley N° 5062 de fecha 06-12-1995, mediante la cual se redujeron las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, vulnerando el derecho constitucional a la intangibilidad de sus ingresos (art. 192 Const. Prov.)
2) La persecución de Miembros del Superior Tribunal de Justicia de San Luis por un medio periodístico perteneciente a la familia gobernante, hasta lograr la renuncia de varios de ellos luego de tal amedrentamiento público.
3) La designación de políticos partidarios afines como Miembros del Superior Tribunal de Justicia de San Luis y demás cargos del organigrama judicial (siendo los casos más recientes: el Dr. Jorge Omar “Gato” Fernández y la designación de un primo hermano del Vicegobernador, Dr. Víctor Manuel Endeiza).
4) La constante designación de Magistrados, cuyo CV contenía haber sido funcionarios en la Administración Pública.
5) El pedido de RENUNCIAS ANTICIPADAS a Magistrados y Funcionarios Judiciales conocida en el año 2003;
6) Los casos ‘Luna – Martínez’ y ‘Nelson Madafs’;
7) La exigüidad año tras año de las partidas presupuestarias destinadas al Poder Judicial, al cual se le ha negado constantemente su Autarquía financiera.
Colapso operativo, desinversión y evidencia estadística
En el año 1983, la ciudad de San Luis contaba con 110.000 habitantes aproximadamente y con cuatro Juzgados Civiles y un Juzgado de Paz Letrado. Hoy, más de 40 años después y con un crecimiento poblacional y litigioso exponencial (conforme el último Censo del año 2022, la ciudad de San Luis cuenta con 253.900 habitantes), continuamos con la misma cantidad de Juzgados Civiles, con la única variación que el Juzgado de Paz Letrado pasó a denominarse Juzgado Civil 5 a partir de la última reforma de la Ley Orgánica.
La sobrecarga exponencial del Poder Judicial, también encuentra su correlato en el masivo ingreso de nuevas causas, llegando en fueros críticos como Laboral y Familia a dispararse por encima del 72% en el periodo comprendido entre los años 2019-2024 (fuente: Acuerdo N ° 171/25 STJ).
En el fuero penal la desidia también cuenta con su correlato estadístico, lo que así se refrenda en el reciente informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que, tomando los datos del año 2023, coloca al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Luis en el último puesto de un ranking de 19 provincias, con sólo el 1,32 % del total de causas penales a las cuales se les habría brindado una respuesta eficiente. Por lo que, sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que la mayoría de las denuncias penales en San Luis terminan en un basurero digital.
A este panorama desolador, se suman salarios que resultan indignos para los empleados judiciales.
ENTONCES: Reducir la Feria Judicial es absurdo cuando la solución pasa por la inversión, la creación de cargos y la dignificación salarial.-
La paradoja normativa: leyes que propician el caos y la injerencia
Lo expresado se manifiesta con evidente notoriedad en lo que hace a la conformación de la Magistratura ya que permite al Consejo de la Magistratura, elevar ternas sin orden de mérito o calificación vinculante, otorgando al poder político de turno una discrecionalidad absoluta para elegir al candidato. En definitiva, la designación la hace el Poder Ejecutivo con acuerdo de “mayoría simple” de la Honorable Cámara de Senadores. Ergo, podemos afirmar que la Justicia difícilmente será independiente en San Luis, sino más bien dependiente del oficialismo de turno.
La reciente implementación de las Oficinas de Gestión Unificada (las famosas: OGU), que generan nuevos cuellos de botella. Lo más grave es que su diseño crea una incompatibilidad procesal flagrante que vulnera la garantía de imparcialidad y el debido proceso; al recusar a un Juez, el trámite sigue siendo gestionado por la misma Secretaría de la OGU, anulando el efecto instrumental de la recusación.
Los Acuerdos N° 201-STJSL-2024 y N° 47-STJSL-2024, que crean la figura del Coordinador de las OGU, con facultades de superintendencia que desvirtúan el rol del Juez, como así también el Acuerdo N° 191-STJSL-2024 y sus posteriores adiciones, que modifican el sistema de notificaciones procesales, habiendo significado el inicio de demandas de amparo por parte de Jueces civiles y de inconstitucionalidad por parte del Colegio Forense, evidenciando un conflicto de poderes interno que no tiene antecedentes en nuestro país.
Sobran los modelos que evidencian un funcionamiento del Poder Legislativo, carente de solvencia por parte quienes han tenido y tienen el honor de integrarlo.
La docencia: el freno de la ignorancia operativa
Finalmente, es crucial reconocer la necesidad de una política de formación continua y obligatoria para jueces, empleados, abogados y auxiliares de justicia, que eleve el nivel técnico y ético.
En San Luis, casi siempre se proponen “parches aislados” por parte de diversos actores, pero jamás se ha convocado a eminencias o referentes en la materia que se pretende cambiar o modificar. Esta ausencia de consulta externa, a personas que consagran su vida a estudiar temas como los que aquejan a la justicia puntana, condenan las reformas al fracaso.
Un Veredicto de Ineficiencia y un Llamado a la Conciencia
La reducción de la Feria Judicial es un engaño cosmético que persigue un objetivo mucho más profundo y peligroso que la eficiencia: la colonización del Poder Judicial por el color político de turno.
El parche propuesto por el Sr. Gobernador, Cont. Claudio Poggi, es afín a una práctica histórica ejercida por los gobiernos anteriores de los ex gobernadores Dres. Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. En lugar de resolver la crisis institucional, se busca someterla al control político partidario.
Todos los actores de la justicia debemos hacer un profundo mea culpa y ser conscientes de nuestra co-responsabilidad en el actual estado de desguace y dinamitación del Poder Judicial.
El mismo llamado a la reflexión deben tener los actuales integrantes de la Honorable Cámara de Diputados Provincial, como así también el Sr. Gobernador, Cont. Claudio Poggi, quien a priori a su actual gestión gubernamental tuvo una activa participación en cargos públicos: Contador General de la Provincia, Secretario de Hacienda y Administración, Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Jefe de Gabinete, Diputado Provincial, Diputado Nacional, Senador Nacional, Gobernador de esta Provincia por el período 2011-2015, por lo que también es co-responsable del estado actual de la justicia puntana y debería en consecuencia tomar una postura más sincera a la hora de pretender endilgar el problema únicamente a los abogados mediante sus declaraciones públicas.
POR TODO ELLO, NO PERMITAMOS QUE UN PARCHE SIN FUNDAMENTOS CIENTIFICOS DESVÍE LA ATENCIÓN DE LA VERDADERA REFORMA QUE SAN LUIS NECESITA.
