La Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley Impositiva Anual 2026 por mayoría de los votos del poggismo y aliados. Desde el oficialismo se argumentó que no se prevén incrementos en la carga impositiva global y que los montos fijos se ajustan un 30% en sintonía con la inflación. El punto de vista opositor es diferente porque afirma que hay aumentos encubiertos porque no sube alícuotas, pero eleva la presión fiscal.
La presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, fue la encargada de presentar los fundamentos del proyecto de Ley Impositiva Anual 2026, que establece las pautas tributarias de la provincia para el próximo año. La legisladora destacó que la iniciativa “no prevé incrementos en la carga impositiva global”, ya que mantiene las mismas alícuotas vigentes y busca “una mayor simplificación administrativa”, sin modificar los principales tributos provinciales.
Gallardo explicó que los montos fijos y las multas se ajustarán un 30%, en concordancia con la inflación proyectada por el Banco Central para el cierre del ejercicio, pero aclaró que esto “no implica una suba de impuestos”. Según detalló, la medida “permitirá que la mayoría de los contribuyentes caigan en una alícuota más baja”, lo que representa la aplicación del principio de progresividad fiscal.
En cuanto a los impuestos más importantes, la legisladora mencionó que en el caso de ingresos brutos se sostendrá la política de “premiar al contribuyente cumplidor”, ampliando los plazos de presentación y pago de las declaraciones juradas. También se incluyen beneficios para entidades financieras que otorguen préstamos hipotecarios o para emprendimientos, que tributarán una reducción del 50% o incluso tasa cero del impuesto sobre los ingresos públicos.
Respecto al impuesto inmobiliario, Gallardo subrayó que se mantienen los regímenes especiales y beneficios sociales, como la exención del 100% para contribuyentes con personas con discapacidad en su núcleo familiar, los descuentos para jubilados y pensionados, y los pagos mínimos para quienes residen en barrios populares. Además, se triplicaron los topes de ingresos y patrimonios para acceder a exenciones, como en el caso de los excombatientes de Malvinas.
La diputada también destacó los incentivos vinculados al uso responsable del agua, que incluyen reducciones del 50% en el costo de mantenimiento para usuarios que cuenten con reservorios superiores a 30 días de consumo, y subsidios eléctricos del 50% para municipios y acueductos. En la misma línea, Gallardo señaló que “el 80% de lo recaudado por el uso de los canales de agua volverá directamente a las cooperativas agrícolas”, fortaleciendo la gestión local del recurso.
Por último, adelantó que el proyecto incorpora nuevas actividades económicas que comenzarán a tributar, con el objetivo de ampliar la base impositiva sin aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes actuales.
Críticas opositoras
Durante el debate por el proyecto de Ley Impositiva Anual 2026, la diputada de Unidad Justicialista, Silvia Sosa Araujo, cuestionó duramente al oficialismo por lo que consideró “un aumento encubierto de los tributos provinciales”. Según advirtió, el proyecto fue enviado por el Ejecutivo recién después de las elecciones de octubre, porque “el incremento real de los impuestos es tan alto que no podían mostrarlo antes”.
“Este proyecto mantiene los mismos fundamentos de años anteriores, escuetos y poco claros. Pero lo que no dicen es que hay aumentos de más del 100% en algunos impuestos y tasas”, señaló Sosa Araujo. En ese sentido, precisó que las tasas administrativas aumentan un 120%, mientras que el impuesto inmobiliario sube un 200% en el rural y hasta un 1.000% en el urbano, lo que implica un fuerte ajuste sobre los contribuyentes.
La legisladora también remarcó las inconsistencias entre la ley impositiva y el presupuesto 2026, ya que, según afirmó, el primero proyecta un incremento promedio del 12% en los recursos provinciales, pero “en la práctica, los aumentos superan ampliamente ese porcentaje, sin que haya una correlación con el gasto social o productivo”.
En relación al impuesto automotor, Sosa Araujo sostuvo que los rangos “se movieron un 25%”, lo que podría derivar en incrementos de hasta un 150% en el valor del impuesto, especialmente teniendo en cuenta los aumentos en los precios de autos nuevos y usados. También denunció que la norma “mantiene la reducción de alícuotas para los grandes contribuyentes en perjuicio de los pequeños”, y que “los que más pierden son los que menos facturan”, como los pequeños comerciantes y emprendedores locales.
“Este proyecto no incrementa alícuotas, pero sí eleva la presión fiscal efectiva, al aumentar los mínimos, sanciones y valores fijos”, afirmó la diputada. Además, criticó que tanto la Dirección de Ingresos Públicos como San Luis Agua tengan facultades para modificar montos y valores mediante resoluciones administrativas, “sin control legislativo”.
En su cierre, Sosa Araujo sintetizó: “Entre 2024 y 2026, los tributos provinciales crecieron más de un 250%, mientras los salarios públicos apenas acompañaron con subas menores al 70%. Esta ley amplía la brecha entre lo que el Estado recauda y lo que devuelve en servicios”.
El resultado de la votación fue de 28 votos por la afirmativa contra 9 por la negativa. El proyecto se remitió a la Cámara de Senadores.
