El Sijupu realizó este martes su cuarta jornada de paro total en lo que va de noviembre y, al cierre de la medida, el secretario general Facundo Coria confirmó que el conflicto no se detendrá en diciembre.


Coria explicó que, más allá del paro total, continúan “el resto de las medidas, que es trabajo bajo reglamento del artículo 20, quita de colaboración en horario vespertino y fin de semanas, digamos días y horarios inhábiles, y sobre todo con estado de asamblea permanente”. También adelantó que volverán a convocar a una asamblea extraordinaria “para definir con compañeros y compañeras judiciales cuál va a ser el plan de lucha para el mes de diciembre”.

Críticas al aumento del Gobierno y al bono del Superior Tribunal
Consultado por el impacto de los últimos anuncios salariales, Coria afirmó que “el aumento escaso del gobierno obviamente generó mucha más bronca para los trabajadores judiciales, significan solamente 30.000 pesos”. “Seguimos en lucha y vamos a seguir en lucha en el mes de diciembre porque justamente todos los reclamos que estamos haciendo y que motivaron a tomar estas decisiones no se han resuelto”, sostuvo el secretario general.

Coria sostuvo que el sector necesita “prácticamente un 89%” de recomposición para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años. Luego, sobre el bono por capacitación del Superior Tribunal, dijo que están solicitando que “se inicie un blanqueo progresivo” y que el pago por capacitación va en sentido contrario. “Estamos pidiendo que se blanquee el 38% de la suma no remunerativa que tenía el salario del ingresante y de ahí para arriba. En este momento quedamos con un 63% del salario con suma no remunerativa”, afirmó.

Coria remarcó que la situación los coloca “casi [como] un trabajador informal con la problemática de que no trabajamos en un taller clandestino, trabajamos para el Estado, trabajamos para el máximo órgano de la justicia”, al que cuestionó por “seguir precarizando el salario de todos los trabajadores y trabajadoras judiciales”.

También señaló que el bono busca frenar el conflicto: “Entendemos de que no es ni más ni menos que un intento de desactivar este plan de lucha que se ha sostenido con firmeza y con mucha fuerza y que va a continuar atento a que no se ha resuelto ninguna de las problemáticas durante el mes de diciembre”.

Sobre su análisis político del bono, Coria dijo que al otorgarse de manera segmentada tiene una intención de “fragmentar el movimiento”. Según explicó, hasta ahora venían trabajando de manera conjunta trabajadores judiciales, funcionarios y magistrados en torno a problemas como la autonomía del Poder Judicial, el salario y los recortes “inconstitucionales” que impactan en las condiciones de trabajo.

“Con este bono yo creo que sin duda ha sido una trampa dialéctica que busca correr el eje de la discusión para que empiecen las discusiones de por qué un magistrado o por qué a un funcionario le pagan tanto y por qué al agente judicial le terminan pagando un bono que solamente va a durar hasta junio de 200.000 pesos”, expresó. Añadió que ese mecanismo “termina precarizando muchísimo más el salario, afectando la jubilación, afectando las posibles recomposiciones”.

Por último, criticó que la medida se haya definido sin negociación: “Es preocupante y sobre todo que no se da en una mesa de diálogo, no se da en una mesa de negociación, es una decisión unilateral que lo único que ha buscado es justamente debilitar el movimiento y bueno, hoy quedó demostrado de que el movimiento no se debilita y estamos dispuestos a seguir luchando por lo que nos corresponde”.