Este lunes, el gobernador Claudio Poggi firmó un decreto clave para combatir el bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluyendo el ciberacoso, en las escuelas de San Luis. Puntualmente, la nueva normativa establece que quienes incurran en esas actitudes podrán perder beneficios dentro del programa ‘Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro’.
Este martes, en conferencia de prensa, el ministro de Educación, Guillermo Araujo, aclaró que “esto no es solamente para acciones que realicen los alumnos entre pares, sino también hacia docentes y directivos de las instituciones. Aquel estudiante que realice una acción de este tipo puede perder las estampillas que corresponden a ese año, y si comete hasta tres acciones relacionadas con estos temas, puede llegar a perder las estampillas acumuladas hasta el momento”.
La nueva normativa pretende ser “una herramienta más de uno de los ejes que ha pedido el Gobernador, que es la reconstrucción del tejido social. En este caso con una medida que busca directamente disminuir las acciones de bullying o violencia en la escuela”, comentó el Ministro. A la par, Claudio Vázquez, subdirector Bienestar Escolar, informó que respecto a 2024, este año los casos denunciados aumentaron un 40%.
“No hay escuelas en ninguna parte del país que no tengan este tipo de situaciones lamentablemente. Una manera es primero visibilizarlo y luego hacernos cargo para poder llevar adelante las acciones que teníamos que llevar, como dijo el Ministro, adelante, y a partir de ahí, por supuesto, nos fuimos dando cuenta que año tras año hay un aumento de estos casos, sobre todo de violencia en general, que son significativos y que llaman a la reflexión”, comentó el funcionario.
Cabe destacar que el aumento de las exposiciones que las instituciones educativas hicieron ante el ministerio de Educación responde a “dos años de trabajo, de pulir todos los procedimientos internos. Una acción de este tipo quizás al comienzo no sé si era lo correcto, sin tener todo el procedimiento interno de cómo llega esa denuncia o cómo llega ese caso hasta el Ministerio”, mencionó Araujo en mención a la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (Guiarse), elaborada por el ministerio de Educación y que contiene 72 protocolos de acción ante distintas situaciones dentro de la escuela y que sirve, a su vez, de marco normativo para catalogar cada acción y exponerla ante las autoridades.
“Estamos hablando de un tema realmente muy serio que no podemos dejar de ver”, sostuvo Vázquez. “Atañe a personas que sufren y que tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo, a veces realmente muy graves. Está muy asociado a las tasas altas de inasistencias, intermitencia, abandono escolar y por supuesto también está muy relacionado con casos de intentos de suicidio”, agregó.
“Para identificar una situación hemos tenido una tarea ardua de capacitación a los equipos directivos y docentes en el manejo de los protocolos vigentes en este momento. Esa intensidad de capacitación habla de que hemos capacitado a 400 escuelas de las 650 en seis meses, con lo cual hemos llegado casi al 60% de las escuelas de la provincia. En ese sentido, todos los equipos directivos y docentes saben exactamente cómo manejar el protocolo, qué son las acciones que debe llevar adelante la escuela y cuáles son las acciones que debemos llevar nosotros como funcionarios del ministerio de Educación”, detalló.
Denuncia, análisis y sanción
La posible quita parcial o total de estampillas escolares será un procedimiento de sanción interno que atañe únicamente al ministerio de Educación, sin dejar de lado que los actores (víctimas o autoridades escolares) puedan también denunciar el hecho por vía policial y/o judicial.
“Quien determina la sanción es el Ministerio de Educación y esto no se ha puesto por casualidad, sino también para proteger a los docentes y a los directivos de tener que tomar esta decisión. Porque si no, el directivo quizá queda expuesto ante los padres porque dispuso la quita de la estampilla”, detalló Araujo.
Ante la comunicación del hecho, las autoridades del Ministerio de Educación recabarán “información objetiva y fehaciente de la situación. No es por el solo hecho de que alguien lo denuncie en la red, sino que implicará ver las actas que ha labrado el directivo con casos anteriores, implicará reuniones con los padres y con los chicos involucrados, entrevistas con los compañeros, implicará un trabajo de investigación para definitivamente ver si el hecho ha ocurrido efectivamente”.
Candela Escudero, directora Beneficios Estudiantiles, detalló que “si el alumno incurre en alguno de los actos que están tipificados en el nuevo inciso, se le quitará las estampillas correspondientes al año en curso en donde comete el acto. Si lo comete hasta tres veces, la quita de estampillas será total, pierde totalmente el beneficio”.
Por último, el ministro expresó que “también tenemos que involucrar a los tutores en la resolución de estos problemas. Y, por supuesto, se toman medidas sancionatorias en base a los acuerdos de convivencia que tenga cada institución educativa, que son particulares. Pero nunca el espíritu es sancionar por la sanción misma, ni castigar, ni excluir. Muy por el contrario: es que logremos tener espacios educativos más saludables”.
Por ende, la nueva norma prevé sumar herramientas: “No son acciones aisladas, es un poco lo que también queremos transmitir. Son conjuntos de herramientas, algunas legales, otras sancionatorias, otras de formación, de concientización, que van dirigidas a los distintos actores, a los chicos, a los docentes, a las familias, y que justamente buscan fortalecer el tejido social, en este caso, el educativo”.
Fuente: ANSL
