Esta semana, La Gaceta Digital accedió al informe elaborado por el contador público Fernando Moreno a pedido del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis, en las cuáles se detallan las multimillonarias transferencias que el ahora expresidente de la institución, y todavía juez, Hugo Saá Petrino, realizaba desde la cuenta del órgano a la suya y a la de su esposa, María Pilar del Cerro.
El informe del contador fue realizado a pedido del propio Colegio y analiza los ingresos y egresos del mismo entre el 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2025, analizando extractos bancarios de las cuentas del Colegio en los bancos Supervielle y Santander, resoluciones de la institución autorizando gastos, facturas, memorias y estados contables y también “respuestas aclaratorias” del propio Saá Petrino.
La primera parte del informe detalla que, en el periodo ya mencionado, el Colegio de Magistrados contó con ingresos por $77.232.702,20 y egresos justificados con “resoluciones válidas” por $70.901.630,39 (incluyendo gastos bancarios). O sea que le sobraron $6.831.071,81. Sin embargo, en las cuentas de la institución no quedó ese monto, sino que se registran $934.187,23; lo que significa que faltan justificar $5.396.884,58.
Si bien existen “resoluciones válidas” que respaldan determinados egresos monetarios, las autoridades vigentes “no pueden asegurar” que los gastos que figuran en algunas de ellas hayan realmente existido. Entre ellos se destacan $1.258.000 en concepto de “cobertura de gastos remanentes de asamblea anual” y $3.340.000 para la creación y mantenimiento de las redes sociales del Colegio. En total, $7.652.000 se fueron en estos eventos que se desconoce si realmente existieron.
Por otro lado, hay $55.653.440,08 en resoluciones autorizando gastos para eventos que sí existieron, pero que las actuales autoridades del Colegio no creen que hayan sido tan costosos. Esto se debe a que “la base de facturas recibidas” por la institución suma un total de $6.947.524,76. Si bien el informe destaca que quedan facturas pendientes de recibir por proveedores, a simple vista la diferencia entre los gastos autorizados por Saá Petrino y las facturas recibidas por el Colegio es de más de 48 millones de pesos.
Aun así, esto no es, ni de cerca, lo que más complica a Saá Petrino, ya que eso tiene que ver con una serie de ingresos y egresos que el mismísimo magistrado, en su descargo, reconoció que “no se corresponden con movimientos vinculados a la actividad de la Institución”.
A modo de resumen, de la cuenta del banco Supervielle hubo egresos no vinculados a la actividad del Colegio por $8.919.820, mientras que en la del Santander sumaron $171.389.827,84. O sea, en total hubo egresos por $180.309.647,84 en el periodo de tres años investigado. De ese monto, Saá Petrino transfirió a su cuenta personal $50.026.880 y $742.000 a la de su pareja, María Pilar del Cerro.
En los cuadros que acompañan el informen se destacan $530.000 en retiro de dinero en efectivo y pagos con tarjeta de débito por $650.809,14, los cuales incluyen múltiples compras en supermercados locales. Además, egresos por $4.363.320 figuran como “debin”. Esto consiste en un débito inmediato en cuenta bancaria que se realiza a partir de una solicitud electrónica de cobro, previamente aceptada por el titular de la cuenta, sin necesidad de cheques ni transferencias tradicionales. Lamentablemente, el informe no señala desde que cuenta se realizaron estos “debin”.
Otro ítem que se destaca son las transferencias a María Fernanda Rubio por $885.000. Rubio es diseñadora gráfica y ocupó el cargo de “jefa de Programa Gestión en Innovación de Transporte” de la Secretaría de Transporte durante la última gobernación de Alberto Rodríguez Saá. En esta Secretaría también fue funcionaria Fernanda Del Cerro, la cuñada de Saá Petrino, cuyo nombramiento como Coordinación Judicial y Administrativa, dependiente de Procuración General, causó polémica a comienzos de este año. A su vez, el titular de esta Secretaría fue Sebastián Anzulovich, amigo de Saá Petrino.
Por último, cabe señalar que, en materia de egresos, $119.133.780,86 corresponden a “cheques pagados”, incluyendo algunos que fueron efectivamente debitados (en el informe no figura quien los cobró); y otros que fueron rechazados por falta de fondos, pero que generaron gastos financieros. Tranquilamente puede haber sido en mismísimo juez quien cobró algunos de esos cheques.
Saá Petrino estuvo sacando plata de la cuenta del Colegio de Magistrados desde noviembre de 2022, pero lo verdaderamente curioso del caso es que, a partir del 25 de marzo de 2024, luego de ser condenado en 2023 por una deuda de 36.000 dólares que contrajo con un particular, que se actualizó a 50.000 cuando se aplicaron los intereses en la sentencia; Saá Petrino y sus allegados empezaron a depositar dinero en la cuenta del Colegio de Magistrados.
Según el detalle de los orígenes de los fondos, entre marzo de 2024 y octubre de 2025 ingresaron $121.383.837,90, de los cuales $110.499.940,17 fueron transferidos directamente por el propio Saá Petrino desde su cuenta personal, mientras que el resto provino de personas y firmas vinculadas a su entorno, como la ya mencionada Fernanda Del Cerro y Maskotas SRL, que sería propiedad del marido de esta mujer. Maskotas SRL transfirió al Colegio de Magistrados $5.200.897,73. Otro monto que se destaca son $3.900.000, provenientes del fideicomiso La Candela.
Todos estos ingresos, según confirmó Saá Petrino en su descargo realizado el 23 de octubre de 2025, “no están relacionados a la institución”.
Saá Petrino comenzó a depositar plata en la cuenta del Colegio de Magistrados, a “devolver” dirían algunos, el 25 de marzo de 2024 y dejó de hacerlo el 2 de octubre de este año. En total, “devolvió” $110.672.940,17. Lo máximo que depositó en un día fueron $2.556.000, el 23 de julio de este año.
Como si todo esto fuera poco, durante su presidencia el magistrado emitió 58 cheques que fueron rechazados por no tener fondos (por $48.087.671,96) y 4 rechazados por fallas técnicas ($3.181.477,27). El informe del contador señala que estos cheques no figuran dentro de la base de cheques devueltos sin fondos del Banco Central de la República Argentina, por lo que se puede “inferir” que fueron rescatados y abonados junto a su correspondiente multa. Saá Petrino, en su descargo de octubre de 2025, asegura exactamente lo mismo.
A esto se suma 22 cheques que fueron pagados por el banco Santander a pesar de tener fondos insuficientes, por un total de $1.127.676,24.
Todas estas operaciones mal hechas le costaron al Colegio de Magistrados $3.687.311,41 en conceptos como comisiones, intereses, multas, IVA y el débito bancario por cada movimiento.
¿Y qué pasó con Saá Petrino?
Mientras todo esto ocurría, sumada a la causa por la que fue condenado, Saá Petrino ejerció como juez, impartiendo justicia. Recientemente fue noticia porque presentó su renuncia irrevocable al cargo de Juez del Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, que se hará efectiva a partir del 30 de abril de 2026.
Obviamente, el Colegio de Magistrados lo denunció, pero la fiscal María del Valle Durán pidió ser apartada de la causa. Por ello, el flamante procurador General de la provincia, Sebastián Cadelago Filippi, consideró, según consta en la Resolución Nº 40-MPF-2025, que “los restantes Fiscales de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial se encontrarían en similares condiciones funcionales y de contexto”, por lo que asignó la investigación del caso al fiscal de Instrucción N° 3, de Villa Mercedes, José Alberto Olguín.
