El informe anual de la Fundación Libertad, titulado “Gasto de las Legislaturas Provinciales”, reveló que la de San Luis es la que tiene el segundo menor “presupuesto por legislador” de todo el país, siendo la de Santiago del Estero la única que se ubica por debajo.
Esta cifra, “presupuesto por legislador”, se obtiene dividiendo la cantidad de legisladores por el presupuesto anual de la Legislatura. En el caso de San Luis, se trata de 52 legisladores (43 diputados y 9 senadores) y un presupuesto total 2025 de $9.023.822.680, lo que arroja un “presupuesto anual por legislador” de $173.535.052. En Santiago del Estero, la única que tiene un gasto menor, el presupuesto total es de $5.504.975.927, lo que equivale a $137.624.398 por cada uno de sus 40 legisladores.
Esto significa que San Luis subió un puesto este 2025, pasando del menor “presupuesto anual por legislador” del país al segundo más chico. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo es que el presupuesto de la Legislatura local creció un 132,5% en 2025, un porcentaje de aumento muy superior a la inflación anual y al percibido por el Poder Judicial, el Poder del Estado contra el que el poggismo lideró su cruzada. En números concretos, el presupuesto de la Legislatura pasó de $3.881.748.416 en 2024 a $9.023.822.680 en 2025.
Por el otro lado, en la cima del ranking del costo por legislador se mantiene Tucumán, con $2.735.446.633 y un presupuesto total de su legislatura de $134.036.885.000. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un costo de $2.661.574.280 por cada uno de sus 60 legisladores y un presupuesto total de $159.694.456.793. El presupuesto total más alto por Legislatura es, por lejos, el de la provincia de Buenos Aires $308.110.000.000. Sin embargo, Buenos Aires tiene 138 legisladores, por lo que el costo por cada uno de ellos es $2.232.681.159 y no supera a Tucumán, CABA ni al Chaco, que está en el tercer puesto.
De este modo, el presupuesto por legislador promedio a nivel nacional es de $1.181.544.525. Esta cifra es un 580,8% superior al costo por legislador de San Luis.
A su vez, cabe aclarar que esto no significa que nuestros legisladores sean los que menos ganan. Todo lo contrario, ya que, como informamos en julio de este año, San Luis es el 3er distrito donde más cobran los legisladores provinciales.
Entonces, ¿cómo es que San Luis tiene un presupuesto tan bajo por legislador? Esto es gracias al ingenio puntano que, el 22 de diciembre de 2011, durante la primera gobernación de Claudio Poggi (cuando todavía era aliado de los hermanos Rodríguez Saá), impulsó una ley mediante la cual nuestros legisladores se duplicaron el salario de bolsillo, a cambio de no tener viáticos y pagarse ellos mismos sus asesores y demás personal transitorio.
Lo que hizo esa ley fue crear un “módulo extra”, equivalente al importe bruto del sueldo de los legisladores, y al mismo tiempo fijar la cantidad de cargos de planta permanente con los que cuenta la Legislatura. Aunque en teoría este módulo debería destinarse a cubrir esos gastos, en la práctica el sistema carece de mecanismos de control efectivos y públicos. Prácticamente, no hay nada que impida que los legisladores presenten facturas de asesoramiento emitidas por allegados o amigos y quedarse ellos con el dinero.
Así es como, mientras la planta de empleados permanentes de otros cuerpos legislativos, como el Concejo Deliberante de San Luis, ha crecido de manera constante, la de la Legislatura sanluiseña no, demostrando que este proyecto terminó siendo la mejor opción. De hecho, la Fundación Libertad destaca cómo hay provincias que destinan más del 95% de sus presupuestos al gasto en personal.
Otro punto interesante del informe compara los gastos de las legislaturas de Tucumán y de Buenos Aires con ciudades equivalentes de España, llegando a la conclusión de que en las provincias argentinas el gasto es 7,3 veces mayor.
“Los resultados de este informe muestran una vez más la necesidad imperiosa de reducir el gasto de las legislaturas provinciales. Las cifras erogadas en esta función son desproporcionadas tanto en la comparativa intra-presupuestaria como a nivel internacional. También, cuando se asocia este nivel de gasto a los proyectos presentados y/o aprobados tanto en cantidad como en calidad.
“Ante un proceso de reducción del gasto que ha iniciado la actual gestión, el gasto legislativo no puede quedar exento del mismo. Son, quienes conforman las cámaras, quienes deberían tener la iniciativa y la responsabilidad de comenzar este proceso tan demandado por la sociedad”, concluye el informe.
