San Luis enviará por primera vez armas de fuego secuestradas para su destrucción, en el marco de una política de desarme que comenzará a implementarse tras la aprobación de una ley provincial sancionada en noviembre de 2025.
En los últimos días de diciembre, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, visitó las instalaciones del Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac), organismo dependiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), donde se lleva adelante el proceso de inutilización y destrucción de armas, municiones y explosivos secuestrados o entregados voluntariamente en todo el país. Según se informó, San Luis y Formosa son las únicas provincias que, hasta el momento, nunca habían enviado armas secuestradas para su destrucción.
Durante la recorrida, Sosa estuvo acompañada por el director general de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de la provincia, Carlos Salinas, y el asesor legal del ministerio de Seguridad, Jesús Velázquez, quienes se interiorizaron sobre el trabajo conjunto que se lleva adelante con distintas provincias en el ámbito del Banmac.
Al referirse a la visita, la Ministro explicó que mantuvo una reunión con el director del organismo, quien le detalló el procedimiento completo que se aplica para garantizar que las armas ingresadas al sistema queden definitivamente inutilizadas y no puedan ser reutilizadas. En ese sentido, precisó que primero se procede a la inutilización del arma en el banco, luego se embala en cajones especiales y finalmente se envía a una empresa encargada de su destrucción total, donde el material es reutilizado de acuerdo a las características del acero.
Sosa destacó como un dato llamativo que, según lo informado por el coordinador del organismo, existen solo dos provincias que nunca enviaron armas secuestradas para su destrucción: Formosa y San Luis. Al respecto, explicó que se trata de armas que son secuestradas por la Policía, puestas a disposición de la Justicia y que, una vez realizadas las pericias correspondientes, quedan almacenadas en depósitos provinciales. “Esto no es bueno, porque esas armas pueden desaparecer, ser robadas o terminar siendo utilizadas en hechos violentos o en el mercado ilegal”, explicó.
En este contexto, recordó que la provincia de San Luis aprobó en noviembre de 2025 una ley provincial que establece la destrucción o reutilización con fines de interés público de las armas de fuego secuestradas o decomisadas por orden judicial o administrativa, en consonancia con la Ley Nacional Nº25.938. La normativa designa al ministerio de Seguridad como Autoridad de Aplicación, responsable de la trazabilidad, el control, la implementación y la coordinación con los organismos nacionales correspondientes.
En sintonía con esta disposición, Sosa señaló que, a partir de la ley impulsada por el gobernador Claudio Poggi y aprobada por la Legislatura, se espera avanzar en la firma de un convenio con el Poder Judicial para que las armas que se encuentran en depósito y cuyas causas ya hayan concluido, con condena firme, puedan ser destinadas definitivamente a su destrucción.
Finalmente, la Ministro explicó que el procedimiento prevé que personal del Banco Nacional de Armas se traslade a la provincia para retirar las armas custodiadas por la Policía de San Luis, acompañando todo el proceso hasta su destrucción final. “Esto le da transparencia a todo el circuito, desde el secuestro hasta la disposición final. Es fundamental cerrar este proceso y aprovechar la posibilidad que brinda el Banmac para garantizar una política clara y transparente en materia de armas de fuego”, concluyó.
Fuente: ANSL
