La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6 imputó a los ex funcionarios de Alberto Rodríguez Saá, Marcelo Enrique Balbo, Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano por los delitos de peculado y fraude contra la administración pública en perjuicio del Estado provincial.
En la última gestión de Rodríguez Saá, Amitrano se desempeñó como ministro de la Producción, Anzulovich como secretario de Transporte, mientras que Balbo fue comisario general.
La formulación de cargos se realizó este lunes durante una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo del Juez Marcos Flores Leyes, con la intervención de la Fiscal Linda Maluf, acompañada por la Fiscal Adjunta Roxana Alcaraz. En representación de la Fiscalía de Estado participó el abogado Santiago Calderón Salomón.
De qué se los acusa
Según expuso Maluf, los hechos investigados se habrían desarrollado entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del Ministerio de Producción de la Provincia de San Luis.
La Fiscalía sostiene que durante ese período se realizaron 356 cargas de combustible a una camioneta oficial Toyota Hilux que figuraba como asignada al Ministerio. Sin embargo, el vehículo fue hallado en diciembre de 2023 en el domicilio de Marcelo Balbo, en estado de abandono, con daños significativos y el motor desmontado, lo que —según la acusación— indicaría que no estaba en funcionamiento mientras continuaban registrándose cargas.
De acuerdo con los registros del sistema de control de combustible que maneja el Gobierno provincial, Balbo figuraba como chofer en todas las cargas. La Fiscalía afirmó que el combustible no habría sido destinado al vehículo oficial, sino desviado para otros usos no autorizados, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de pesos.
En cuanto a las responsabilidades funcionales, Maluf sostuvo que Luis Marcelo Amitrano, en su carácter de ministro, tenía la administración y el control de los recursos y vehículos oficiales; que Sebastián Anzulovich, como secretario de Transporte, contaba con competencia funcional directa sobre la flota vehicular; y que Marcelo Balbo habría tenido intervención directa en la utilización del rodado y en las cargas.
La Fiscalía adelantó que restan producir pericias contables e informes dominiales para determinar con precisión el monto del perjuicio y la eventual participación de otras personas. Como medidas de coerción solicitó la firma del libro de imputados del 1 al 10 de cada mes por 120 días, la prohibición de salida del territorio provincial por el mismo plazo y la inhibición general de bienes de los tres imputados, es decir, que no puedan vender, transferir ni disponer de su patrimonio mientras dure el proceso judicial.
Por su parte, el representante de la Fiscalía de Estado adhirió a la formulación de cargos y ratificó la denuncia que dio origen a la causa.
Sostuvo que el sistema de carga de combustible requería un PIN, identificación del chofer y autorización específica, por lo que la mecánica descripta no podría haberse sostenido sin intervención funcional de los responsables del área. Consideró que la conducta encuadra en peculado y defraudación contra la administración pública y remarcó la necesidad de resguardar el patrimonio estatal.
Las defensas
El abogado Carlos Bianchi Durán, defensor de Amitrano junto a la abogada Liliana Sánchez, se opuso a la formulación de cargos y argumentó que no se alcanza el estándar mínimo de “sospecha suficiente” exigido por el artículo 110 del Código Procesal Penal.
Sostuvo que la imputación es genérica, que no se individualiza una conducta concreta atribuible a su defendido ni se acredita dolo específico, engaño o beneficio personal. Señaló además que Amitrano no ejerció el cargo durante todo el período investigado y que, al tomar conocimiento de irregularidades, habría ordenado actuaciones administrativas. Planteó que no puede configurarse responsabilidad penal por la sola posición jerárquica.
Por su parte, la Defensora Oficial N° 3, Stefanía Cifuentes, representante de Sebastián Anzulovich, solicitó precisiones sobre el tipo de participación atribuida a su asistido y cuestionó que no se describiera con claridad la mecánica del supuesto desvío de fondos.
Pidió que se realice una auditoría del sistema administrativo para determinar el recorrido interno sobre una nota que alertaba sobre irregularidades y sostuvo que no surge de la evidencia una maniobra fraudulenta concreta atribuible a Anzulovich. No objetó formalmente la imputación en esta etapa, pero anunció que realizará una investigación propia.
Finalmente, el abogado Roberto Bracco, defensor de Marcelo Balbo, también manifestó oposición a la acusación y adelantó que desarrollará sus fundamentos en la etapa procesal correspondiente.
En relación con las medidas cautelares, las defensas aceptaron la firma del libro, pero solicitaron que la restricción se limite a la salida del país y, en el caso de Anzulovich y Amitrano, ofrecieron el embargo preventivo de dos vehículos de su propiedad en sustitución de la inhibición general de bienes. La Fiscal Maluf se opuso a la sustitución por no contar aún con informes dominiales que acrediten la situación jurídica de los bienes ofrecidos.
Qué resolvió el juez
Flores Leyes resolvió tener por formulados los cargos en los términos expuestos por la Fiscalía, hacer lugar a la firma del libro por cuatro meses, disponer la prohibición de salida del territorio nacional —y no provincial— también por cuatro meses y decretar la inhibición general de bienes por el mismo plazo.
Fuente: Prensa Poder Judicial
