El exministro de la Legalidad de San Luis, Sergio Freixes, solicitó cumplir su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El planteo fue presentado por su abogado defensor, Pascual Celdrán, mediante un planteo ante la Justicia federal, al que tuvo acceso La Gaceta Digital.
Freixes fue condenado junto al exviceministro Mario Zavala en la causa conocida como renuncia anticipada de jueces, iniciada hace más de veinte años por Gretel Diamante. Ambos fueron hallados culpables de los delitos de amenazas coactivas y amenazas agravadas.
La sentencia fue confirmada en distintas instancias judiciales y quedó firme en noviembre de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario presentado por las defensas.
En el escrito, la defensa aclara que el planteo no busca cuestionar la condena, sino la modalidad de cumplimiento de la pena. “La presente petición no busca cuestionar la autoridad de la cosa juzgada respecto a la responsabilidad penal, cuestión ya zanjada en la sentencia definitiva, sino impugnar la constitucionalidad y humanidad de la modalidad de ejecución de dicha sanción en la actualidad”, sostiene el documento.
El paso del tiempo como argumento
Uno de los principales fundamentos del pedido es el tiempo transcurrido desde los hechos investigados, que ocurrieron entre 2004 y 2005. La defensa argumenta que ejecutar ahora una pena de prisión efectiva implicaría castigar hechos ocurridos hace más de dos décadas, lo que —según el escrito— desvirtúa la finalidad de la sanción penal.
“El hombre que el Estado pretende encarcelar hoy en una unidad penitenciaria no es el mismo individuo de hace dos décadas”, plantea el documento, que sostiene que el paso del tiempo produjo transformaciones personales y sociales que deberían ser consideradas al momento de ejecutar la condena.
En ese sentido, el abogado también destaca que durante todo el proceso Freixes permaneció en libertad, se presentó a las citaciones judiciales, no volvió a cometer delitos y “tuvo una conducta intachable”. Según el planteo, esto demostraría que “su capacidad de vivir en sociedad respetando la norma es absoluta”.
En este sentido, cabe recordar que la gestión de Claudio Poggi radicó múltiples denuncias sobre la figura de Freixes por presuntos delitos cometidos durante la última gobernación de Alberto Rodríguez Saá, lo que coincide con varios del proceso judicial ya mencionado. Hay una denuncia de diciembre 2023, que también incluye a su secretaria privada (Sofía Aguilera) y a Alberto Rodríguez Saá (h); y otra de marzo de 2024, por asociación ilícita, donde también fueron acusados múltiples miembros de su familia. Ambas causas se vinculan a maniobras defraudatorias con los fondos de la Municipalidad del Pueblo Ranquel, con el fin de enriquecerse personalmente aprovechando su posición como funcionarios en perjuicio de la Administración pública. Cabe señalar que tanto Freixes como Rodríguez Saá se hicieron nombrar “lonkos”, o sea jefes, del Pueblo Ranquel.
La situación de salud de su esposa
El eje central del pedido está vinculado con la situación médica de la esposa de Freixes, Viviana Beatriz Moreyra, que también ha sido denunciada por la gestión Poggi. El documento menciona, entre otros diagnósticos, artromialgias generalizadas, limitaciones funcionales en miembros superiores y un cuadro compatible con artritis reumatoidea avanzada.
La defensa sostiene que la mujer “requiere asistencia permanente para subsistir con dignidad” y que Freixes es su cuidador principal. En el escrito se enumeran distintas tareas que, según el abogado, realiza diariamente el exfuncionario, como ayudarla a movilizarse dentro del hogar, administrar la medicación y preparar alimentos.
“Su esposo es quien ejecuta, día tras día, las tareas que la enfermedad le impide realizar”, afirma el documento presentado ante la Justicia.
Argumentos jurídicos del pedido
El planteo también se apoya en argumentos constitucionales y doctrinarios. El abogado sostiene que la ejecución de la pena en una cárcel común sería desproporcionada debido a la duración del proceso, que se extendió durante veinte años. El letrado sostiene que esta situación “convierte al encierro institucional en un acto de crueldad innecesaria, prohibido por nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Además, según el escrito, ese lapso ya implicó una carga personal y social para el condenado. “El Sr. Freixes ha purgado ya una ‘pena natural’ de veinte años de duración”, afirma la defensa, al referirse al desgaste que implicó el proceso judicial.
También se invocan principios como el de proporcionalidad de la pena, la protección de la familia y estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos las denominadas Reglas de Mandela sobre tratamiento de personas privadas de libertad. “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos”, dice la primera de stas reglas.
Riesgo dentro del sistema penitenciario
Otro de los argumentos mencionados en el pedido es la condición de Freixes como exministro de Justicia de la provincia, lo que —según la defensa— podría generar riesgos para su integridad física dentro de un establecimiento penitenciario.
“Dicha exposición pública y funcional lo coloca hoy en una situación de riesgo real y concreto dentro de cualquier establecimiento penitenciario provincial, dado el posible contacto con personas privadas de libertad que pudieran haber sido afectadas por decisiones, políticas o actuaciones implementadas durante su gestión”, sostiene el escrito.
“Para una persona como mi defendido, que ha vivido integrada a la sociedad durante dos décadas de proceso, el ingreso a prisión es un shock biográfico devastador”, agrega el escrito de Celdrán en otra de sus secciones.
Domicilio propuesto
En caso de que la Justicia haga lugar al pedido, la defensa propuso que la prisión domiciliaria se cumpla en la quinta El Relincho, ubicada en el departamento Gobernador Dupuy, en la zona de Nueva Galia.
Además, el abogado señaló que la Fiscal que lleva el caso solicitó que el Cuerpo Médico Forense evalúe la situación de salud de la esposa de Freixes y que el área de servicio social del Poder Judicial realice un informe ambiental para verificar las condiciones del domicilio.
El incidente deberá ser analizado ahora por el juez federal correspondiente, que también deberá correr vista al Ministerio Público Fiscal antes de resolver el pedido.
