Madres, padres y familiares de personas con discapacidad de San Luis difundieron una carta abierta dirigida al gobernador y a la comunidad en la que expresan su preocupación por la situación crítica que atraviesan los Centros Educativos Terapéuticos (CET) y Centros de Día, y solicitan la implementación de medidas de emergencia para evitar su cierre.
Según plantearon, las instituciones se encuentran “al borde del cierre definitivo” debido a la falta de actualización del nomenclador nacional y a demoras en los pagos del programa Incluir Salud. Esta situación, indicaron, impide afrontar el pago de sueldos y aguinaldos de los equipos interdisciplinarios, además de los costos operativos básicos.
En el documento, señalaron que estos centros constituyen un espacio esencial para la atención integral de personas con discapacidad, ya que brindan contención diaria, tratamientos terapéuticos, socialización y transporte adaptado. En ese sentido, advirtieron que ni el sistema educativo especial ni el sistema de salud pública cuentan con la estructura necesaria para reemplazar estas prestaciones en caso de cierre.
Asimismo, remarcaron que en la provincia no existen centros de estas características bajo gestión estatal, por lo que una eventual interrupción del servicio implicaría —según afirmaron— “el abandono total” de las personas que asisten a estas instituciones.
En la carta, las familias sostienen que, si bien la deuda corresponde al Estado nacional, el Gobierno provincial debe intervenir como “garante solidario” del derecho a la salud en su territorio. Por ello, solicitaron la creación de un fondo de emergencia en discapacidad, asistencia para el pago de salarios, exenciones impositivas y subsidios para garantizar el funcionamiento de los centros.
También pidieron la conformación de una mesa de emergencia que incluya a autoridades, instituciones y familias, con el objetivo de monitorear la situación hasta que se normalicen los pagos nacionales.
Para este miércoles, volverán a Terrazas del Portezuelo para requerir la asistencia del Gobierno provincial, “ya que de la última reunión no se ha realizado ninguna ayuda tangible”.
A continuación, el texto completo de la carta abierta:
CARTA ABIERTA Y PETITORIO DE EMERGENCIA
AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS A LA COMUNIDAD Y A LOS MEDIOS DE PRENSA:
Hoy, madres, padres y familiares de personas con discapacidad de la provincia de San Luis, nos unimos bajo la misma angustia, pero también con la firme convicción de que la salud de nuestros hijos no puede ser una variable de ajuste.
Nuestros hijos asisten a Centros Educativos Terapéuticos (CET) y Centros de Día, instituciones que hoy se encuentran al borde del cierre definitivo. Debido a la falta de actualización del Nomenclador Nacional y a la mora crítica en los pagos del programa nacional Incluir Salud, los centros no han podido afrontar el pago de sueldos y aguinaldos de sus equipos interdisciplinarios (Maestros Especiales, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Terapistas Ocupacionales, Psicopedagogos, Musicoterapeutas, Psicomotricistas, Nutricionistas, Hidroterapistas, especialistas en Equinoterapia y Transportistas, entre otros).
Asimismo, resulta imposible cubrir los gastos operativos básicos: combustible y mantenimiento del servicio de transporte adaptado, insumos para el comedor, mantenimiento edilicio y el pago de servicios e impuestos tributarios.
Queremos destacar que muchos de estos profesionales y empleados, que constituyen el sostén terapéutico de nuestros hijos en los centros, han estado o están trabajando sin cobrar, enfrentando una situación de precariedad que ya es insostenible.
¿Qué son estos centros y por qué el ESTADO no puede reemplazarlos?
Los Centros Educativos Terapéuticos (CET) y Centros de Día son instituciones de jornada diaria destinadas a personas con discapacidad que requieren un abordaje integral y especializado que supera las capacidades de la escuela o el hospital común. Garantizando el aprendizaje, la socialización, la autonomía y el mantenimiento de capacidades en niños, jóvenes y adultos con niveles de dependencia. Ambas instituciones funcionan como el único sostén de salud, educación y contención social para el concurrente y su familia, brindando equipos interdisciplinarios de planta y transporte adaptado, servicios que hoy el sector público no ofrece.
Queremos aclarar que ni las Escuelas Especiales ni los Hospitales Públicos pueden absorber a nuestros hijos si estos centros cierran, debido a que:
• Las Escuelas Especiales tienen un fin pedagógico y no cuentan con los equipos clínicos-terapéuticos de planta que un CET requiere para el abordaje de patologías complejas y el mantenimiento de la salud.
• El sistema de Salud Pública no está diseñado para la permanencia diaria; no puede ofrecer las 6 u 8 horas de contención, socialización y terapias combinadas que brinda un Centro de Día o un CET. Derivarlos a hospitales sería condenarlos a turnos aislados e insuficientes, rompiendo tratamientos que llevaron años consolidar.
En San Luis, como en el resto del país, NO EXISTEN estos centros bajo gestión estatal. Históricamente, el Estado ha delegado esta tarea en fundaciones y centros privados. Hoy, al no haber una red pública, si estas instituciones cierran por la falta de pago de Nación (que cubre aproximadamente el 80% de sus ingresos), nuestros hijos se quedan sin nada. No hay un “plan B” estatal; el cierre significa, literalmente, el abandono total.
Entendemos que la Provincia de San Luis NO PUEDE ser espectadora de esta situación. Si bien la deuda es de Nación, nuestros hijos son ciudadanos de la provincia. Por lo tanto, el ESTADO PROVINCIAL es garante solidario de la salud en su territorio. Ante la ausencia de centros públicos estatales de estas características (CET, Centros de Día), la caída de los centros privados significa el abandono total de las personas con discapacidad que concurren.
Por lo expuesto, SOLICITAMOS E INTERPELAMOS a las autoridades con carácter URGENTE para que se atiendan los siguientes puntos:
• FONDO DE EMERGENCIA PROVINCIAL EN DISCAPACIDAD: Intervención inmediata para garantizar el funcionamiento de los centros y el pago de los sueldos atrasados.
• EQUIPARACIÓN CON SUBSIDIOS EDUCATIVOS: Que, tal como la Provincia subsidia salarios en escuelas de gestión privada, se cree una partida de auxilio para los salarios de los equipos de salud de estos centros, que brindan un servicio esencial y único.
• EXENCIÓN TRIBUTARIA Y SUBSIDIO DE INSUMOS: Exención inmediata de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario para los centros. Implementación de una tarifa social (costo bajo o cero) para luz, agua y gas, y un subsidio directo al combustible para garantizar el transporte adaptado (puerta a puerta).
• MESA DE EMERGENCIA: Apertura de un canal directo entre el Gobierno, los centros y las familias (dando continuidad a lo conversado el pasado viernes 20 de febrero en el Ministerio de Salud) para monitorear la situación hasta que el flujo de fondos nacionales se normalice y se cumpla efectivamente la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).
Finalmente, pedimos a las autoridades y a la sociedad que no miren hacia otro lado. Un solo día sin centro, un solo día sin terapias, es un paso atrás en un camino que a nuestros hijos les llevó años recorrer. No estamos discutiendo partidas presupuestarias; estamos defendiendo el derecho de los más vulnerables a tener una vida digna, a ser vistos y a no ser olvidados en un rincón de sus casas. Porque una sociedad se mide por la forma en que cuida a quienes más lo necesitan. Por favor, no nos suelten la mano.
FAMILIAS AUTOCONVOCADAS POR LA DISCAPACIDAD
