La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial, junto a la Fiscalía de Género N° 1, informa que se encuentra investigando una serie de amenazas registradas en distintos colegios de la ciudad de San Luis.
En este marco, se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de San Luis, con el objetivo de abordar estos hechos de forma integral.
Las amenazas se han manifestado principalmente a través de mensajes escritos en los baños de diversas instituciones educativas. Al momento de la elaboración de este comunicado, se han recibido aproximadamente 20 denuncias relacionadas con estos hechos.
Desde la Fiscalía interviniente se han dispuesto medidas de prevención, entre ellas la implementación de consignas policiales en aquellos establecimientos educativos donde se detectaron las amenazas. Paralelamente, se avanza en las tareas investigativas necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los autores.
Se destaca que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática que ha adquirido relevancia a nivel nacional, ya que situaciones similares se han registrado en distintas provincias del país, incluyendo la difusión de mensajes intimidatorios a través de redes sociales.
Según informaron, la situación está siendo abordada de manera articulada entre los distintos organismos intervinientes, que han establecido protocolos de actuación con el objetivo de priorizar y resguardar la integridad de toda la comunidad educativa, tanto docentes como alumnos.
“Es importante que la comunidad comprenda que toda amenaza, aun cuando sea realizada en tono de broma, constituye un delito penal previsto en nuestro ordenamiento jurídico”, destacaron desde el Poder Judicial. En consecuencia, este tipo de conductas puede derivar en sanciones concretas y graves implicancias legales para sus autores.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal continúa desarrollando de manera sostenida las tareas investigativas necesarias para identificar a los responsables y aplicar el rigor de la Ley.
Asimismo, se solicita la colaboración de padres, madres, tutores y de toda la comunidad educativa, a fin de que puedan dialogar con las y los estudiantes y transmitirles la gravedad de estos hechos. Resulta fundamental generar conciencia y dejar en claro que este tipo de conductas no constituyen una broma, sino que pueden tener consecuencias legales en la vida de quienes las realizan.
