En medio de la polémica por la imputación y prisión preventiva del efectivo policial Matías Escudero, acusado por la golpiza a Brian Arévalo, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, se refirió al caso y también al reclamo de su esposa, quien este lunes se encadenó frente al Poder Judicial. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el medio Megacable.
El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 9 de abril en la ciudad de San Luis, cuando Arévalo fue interceptado por efectivos policiales tras pedirles que redujeran la velocidad. Según la fiscalía, el procedimiento derivó en una supuesta agresión ilegítima que le provocó lesiones graves, por lo que Escudero fue imputado y quedó detenido con una preventiva de 90 días.
En ese contexto, Sosa sostuvo que desde el Gobierno provincial consideran que la medida judicial fue excesiva. “El día viernes tomamos conocimiento a última hora de una medida judicial sobre un efectivo policial que tiene que ver con 90 días de prisión preventiva. Estuvimos evaluando la situación durante el fin de semana”, dijo la funcionaria, quien confirmó que la mujer encadenada “es la esposa, la señora de este efectivo policial que ya está en el servicio penitenciario”.
“Entendemos que, a nuestro conocimiento de la materia y de las circunstancias de ese hecho, ha habido un exceso de la justicia”, afirmó Sosa.
En esa línea, comparó la medida con otras resoluciones judiciales. “Sabemos que en otras circunstancias la Justicia dicta preventivas de 10 días, de 20 días, y pareciera que sobre un efectivo policial es muy fácil dictar una preventiva de 90 días”, señaló. Además, indicó que el Ministerio intervino a través de su asesoría legal y de la Policía provincial.
“Entendemos también que se ha violado un derecho constitucional que tiene que ver con los días los ocho días de prórroga, a los que el efectivo policial no tuvo acceso”, sostuvo la ministra, quien aclaró que solicitaron el registro de la audiencia para analizar lo ocurrido. “Entendemos que fueron pedidos, no tenemos el detalle de la audiencia, hemos pedido el video de la audiencia”, agregó.
No obstante, remarcó que el Gobierno respeta las decisiones judiciales. “Si hay un exceso en la actuación policial, por supuesto, hay medidas que se deben tomar, y respetamos cualquier decisión judicial, pero entendemos que aquí ha habido un exceso de la Justicia”, expresó.
Consultada sobre la posibilidad de que la medida judicial responda a un “pase de factura”, Sosa respondió: “Yo no creo que la justicia deba manejarse con pases de factura, y nosotros no hemos criticado la justicia, nosotros hemos expuesto la situación de la justicia, que es diferente”. Y añadió: “Si alguien se ha sentido criticado y está tomando, como dice usted, un pase de factura sobre una persona, bueno, sigue hablando muy mal de la justicia”.
En paralelo, confirmó que se inició una investigación interna sobre el accionar policial. “Se está haciendo una investigación, primero, del área que actuó, que es el Comando Radioeléctrico, después, por supuesto, la comisaría de jurisdicción”, explicó. En ese sentido, puso en duda la magnitud de las lesiones informadas por la fiscalía: “Entendemos que hubo protocolos médicos inmediatos tras el traslado de la persona, el cual no denotan las lesiones que fueron ejemplificadas por la fiscal”. Luego, ante la consulta sobre una posible autolesión de la víctima, respondió: “Lo veremos”.
Por último, se refirió a la situación de Luciana Sánchez, la esposa del policía detenido, quien se encadenó con su uniforme en el edificio judicial. “Estamos evaluando la situación, entendemos también que hay una cuestión desesperante, pero hay también una cuestión institucional sobre un efectivo policial, así que próximamente vamos a tener un informe de eso”, concluyó.
