La Cámara de Senadores de San Luis dio este martes media sanción a un proyecto de ley impulsado por el Superior Tribunal de Justicia que modifica la Ley Orgánica de Administración de Justicia para flexibilizar el régimen de incompatibilidades laborales de determinados agentes judiciales.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo 15 bis a la norma vigente y permitirá que los agentes judiciales que no revistan categoría de funcionarios puedan ejercer el comercio, la industria o desempeñar actividades privadas rentadas fuera de su horario laboral. Además, habilita al personal del Cuerpo Profesional Forense vinculado a las ciencias de la salud a realizar práctica asistencial y ejercicio profesional privado, siempre que esas tareas no interfieran con sus funciones dentro del Poder Judicial.
El proyecto establece que esas actividades deberán desarrollarse fuera de los días y horarios de oficina y priorizando siempre la prestación del servicio judicial. También mantiene restricciones para evitar conflictos de interés, como la prohibición de mantener vínculos de dependencia, sociedad o coparticipación con abogados, procuradores, escribanos, contadores, peritos oficiales o martilleros públicos.
Durante el tratamiento, luego de que el oficialista Martín Olivero leyera el proyecto, el senador peronista Hugo Olguín acompañó la propuesta y valoró que se trate de una respuesta a un pedido formulado por otro poder del Estado, aunque planteó que la flexibilización debería extenderse a otros sectores dentro de la Justicia.
El legislador opositor aprovechó además su intervención para reclamar el tratamiento urgente de un proyecto propio presentado hace dos semanas, orientado a proteger el salario de empleados públicos que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.
“Tenemos que darle un tratamiento urgente, porque también vamos a contribuir a la problemática que tienen los empleados estatales, que perciben bajos salarios, que están con mucha deuda”, sostuvo.
Según explicó, hay trabajadores estatales cuyas deudas superan hasta diez veces sus ingresos mensuales, que ubicó en salarios promedio de entre $1.100.000 y $1.200.000. También señaló que muchos sufren descuentos por créditos que superan el 30% de sus haberes. “Después tenemos que preguntar cómo comen, cómo se visten, cómo educan a los hijos, cómo atienden las cuestiones de las enfermedades”, afirmó.
Olguín detalló que su propuesta busca que el Estado intervenga como articulador entre deudores y acreedores mediante mecanismos de mediación judicial, y remarcó que se trataría de una medida de “costo cero” para las arcas públicas. En ese contexto, mencionó que provincias como Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes ya avanzan en políticas similares de desendeudamiento para empleados estatales.
El senador también informó que presentó un proyecto de recomposición salarial para docentes y pidió un tratamiento urgente. “Entendemos que, en el año de la educación, las políticas de educación pueden ser brillantes, pero si no tenemos docentes bien pagos, quizás esto se echa todo por la borda”, expresó.
Tras su intervención, el senador oficialista Martín Olivero respondió que el gobernador Claudio Poggi acababa de anunciar el otorgamiento de un bono para todos los empleados públicos y destacó esa medida como una señal de acompañamiento frente al contexto económico actual.
“Entendemos la situación que estamos atravesando en Argentina, y San Luis no es la excepción”, manifestó Olivero.
