La Fiscalía de Género Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como acusada a una mujer y pidió que sea condenada a 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual presuntamente cometidos contra su hijo menor de edad.
El requerimiento fue formulado por la fiscal Delia Bringas, titular de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1, junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi, durante una audiencia realizada ante la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper. La imputada estuvo representada por los abogados Federico Farías y Carolina Cuello, junto a otra integrante de su estudio jurídico que participó en calidad de oyente. También intervino la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 1, representada por la Defensora Adjunta Belén Suárez.
Según la acusación, la investigación se inició a partir de una denuncia realizada en septiembre de 2024 por la madre de un compañero de escuela del niño víctima. A partir de esa presentación se desplegaron medidas investigativas orientadas a verificar la información aportada, incluyendo pericias tecnológicas, allanamientos, análisis de dispositivos electrónicos y recolección de testimonios.
La Fiscalía atribuye a la imputada conductas presuntamente cometidas contra su hijo, quien tenía 11 años al momento de los hechos investigados. De acuerdo con la acusación, los episodios habrían ocurrido en el ámbito de convivencia familiar e incluirían situaciones de vulneración a la integridad sexual del niño y la obtención y circulación de registros audiovisuales vinculados con el menor mediante dispositivos electrónicos.
Como parte de la investigación se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a la acusada, donde fueron secuestrados teléfonos móviles, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa. Asimismo, se efectuaron pericias sobre dispositivos electrónicos y análisis técnicos destinados a establecer la procedencia, características y contexto del material incorporado al expediente. El legajo también cuenta con pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas a la acusada, evaluaciones profesionales sobre el niño y la declaración de la víctima mediante Cámara Gesell.
La Fiscalía la acusa de ser autora de los delitos de “abuso sexual simple, agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente”; “corrupción de menores, agravada por el vínculo y por la edad de la víctima”; y “producción y distribución de representaciones de partes genitales de menores de edad con fines sexuales, agravada por la edad de la víctima”, y solicitó que, en caso de condena, se le imponga una pena de 20 años de prisión efectiva.
Durante la audiencia, la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces adhirió a la acusación formulada por la Fiscalía. La representante del organismo fundamentó su postura en la gravedad de los hechos investigados, la relación de parentesco existente entre la imputada y el adolescente —actualmente de 13 años— y la situación de vulnerabilidad vinculada a su edad, condición psíquica y vínculo de convivencia. Asimismo, informó que el adolescente se encuentra bajo guarda provisoria de sus abuelos maternos por disposición adoptada en el fuero de Familia.
Por su parte, la defensa técnica de la imputada planteó la nulidad de la acusación fiscal al considerar que se habrían vulnerado garantías vinculadas al debido proceso, el derecho de defensa, el principio de objetividad y la lealtad procesal. Sostuvo que la investigación habría avanzado únicamente respecto de la acusada sin incorporar en esta instancia a otra persona mencionada durante la pesquisa, lo que —según su postura— habría limitado la estrategia defensiva y la posibilidad de impulsar medidas probatorias adicionales.
La Fiscalía solicitó el rechazo del planteo y sostuvo que la defensa tuvo acceso a la totalidad del material probatorio incorporado a la investigación, incluido el denominado “maletín fiscal”, es decir, el conjunto de evidencias reunidas durante la pesquisa. Indicó además que las distintas líneas investigativas fueron analizadas y que se impulsaron medidas orientadas a establecer posibles vínculos, transferencias económicas y comunicaciones, cuyos resultados constan en la causa. En el mismo sentido se expresó la Defensoría de Niñez, que adhirió al pedido de rechazo de la nulidad y remarcó la necesidad de priorizar la perspectiva de niñez y el principio del interés superior del niño.
Al resolver la incidencia, la jueza Agustina Dopazo Samper rechazó el planteo de nulidad al considerar que no se acreditó una afectación concreta al derecho de defensa ni irregularidades que justificaran invalidar la acusación. En sus fundamentos sostuvo que, durante la audiencia, quedó acreditado que los elementos cuestionados por la defensa habían sido incorporados al expediente y puestos a disposición de las partes.
La magistrada indicó además que la defensa había tenido acceso previo a parte del material cuestionado y entendió que no se demostró un perjuicio concreto derivado de la supuesta omisión denunciada. También citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el carácter restrictivo de las nulidades procesales en materia penal y señaló que la invalidez de actos judiciales exige una afectación sustancial y efectiva de garantías constitucionales.
Esto significa que, en el proceso penal, no cualquier error, omisión o desacuerdo alcanza para anular una actuación judicial o una acusación. Para que un acto sea declarado nulo, debe demostrarse una afectación concreta, grave y real de derechos constitucionales, como el derecho de defensa o el debido proceso. En este caso, la magistrada entendió que la defensa no logró acreditar una vulneración efectiva de sus garantías, por lo que rechazó el planteo.
Tras escuchar a las partes, Dopazo Samper tuvo por admitida la acusación fiscal, aceptó las pruebas ofrecidas y dispuso la elevación de la causa a juicio. Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y determinar qué tribunal estará a cargo del proceso.
La mujer acusada cumple prisión preventiva desde el inicio de la investigación.
Por tratarse de una causa vinculada con presuntos delitos contra la integridad sexual cometidos contra una persona menor de edad, no se informa la identidad de la imputada. La medida busca resguardar el derecho a la intimidad y la protección integral del niño involucrado, conforme a los estándares de derechos humanos, niñez y comunicación judicial responsable.
Fuente: Prensa Poder Judicial
