La fiscal de Estado de la Provincia, Fabiana Zárate, presentó este martes una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la jueza del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, Cynthia Fernández Paz, a quien acusa de incurrir en causales de mal desempeño que justificarían su destitución.
La presentación solicita la apertura de un proceso de enjuiciamiento y la suspensión preventiva de la magistrada mientras se sustancia el trámite. Según el escrito, Fernández Paz habría incurrido en “desconocimiento inexcusable y grave del derecho”, “incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo” y “graves irregularidades en el procedimiento que hayan motivado el desprestigio del Poder Judicial”.
La denuncia está vinculada a una resolución dictada por la magistrada en una causa ambiental iniciada por la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani contra el Gobierno provincial y otros demandados. De acuerdo con Fiscalía de Estado, la jueza incurrió en una serie de decisiones que derivaron en una regulación de honorarios considerada arbitraria y desproporcionada.
Entre los argumentos expuestos, la Fiscalía sostiene que la magistrada calificó el proceso como de “monto indeterminado”, pero posteriormente le asignó un valor económico equivalente a 93.000 Jus, cifra que, según la presentación, supera los $3.900 millones a valores actuales. A partir de esa base reguló honorarios profesionales que rondarían los $600 millones para cada uno de los abogados intervinientes en la causa.
En el escrito, Zárate sostiene que la resolución cuestionada implicó un apartamiento de la normativa vigente y de la jurisprudencia aplicable, lo que configuraría un incumplimiento de los deberes propios de la función judicial. Además, argumenta que la conducta denunciada habría generado un grave perjuicio potencial para las finanzas provinciales y afectado la confianza pública en el sistema judicial.
La Fiscalía también pidió que el Jurado de Enjuiciamiento disponga la suspensión preventiva de Fernández Paz durante la tramitación del proceso. Para fundamentar ese pedido señaló que actualmente existen numerosas causas en las que el Estado provincial es parte y que tramitan ante el juzgado a cargo de la magistrada.
La posición de Poggi
Tras conocerse la presentación, el gobernador Claudio Poggi se refirió al tema a través de su cuenta de X.
“La citada magistrada, quien ejerce el cargo desde febrero de 2022, es la protagonista de una regulación estrafalaria, desmedida y grotesca de honorarios contra el Estado provincial por una suma superior a los $1.000 millones por el daño ambiental que podría haber producido una obra pública, obra que nunca se realizó y que por lo tanto no produjo ningún daño ambiental, en la zona conocida como Parque Acueducto Vulpiani (Juana Koslay)”, expresó.
El mandatario agregó que “cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, asaltando los fondos públicos con acciones que ponen en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes y la normal prestación de los servicios del Estado, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del Estado de derecho”.
Finalmente, sostuvo que “la jueza Fernández Paz ha deshonrado con su conducta el cargo para el cual ha sido nombrada y el Jurado de Enjuiciamiento, dentro del Estado de derecho y la Constitución, pero con la máxima celeridad posible, debe tomar medidas sobre este accionar”.
La denuncia quedó ahora en manos del Jurado de Enjuiciamiento, organismo que deberá analizar la presentación y resolver si corresponde abrir formalmente el proceso contra la magistrada.
