Las Asambleas Socioambientales de San Luis cuestionaron este martes los anuncios realizados por el gobernador Claudio Poggi en torno al futuro Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE) y advirtieron que la iniciativa podría profundizar un modelo económico basado en beneficios para grandes inversores, actividades extractivas y organismos externos a la provincia. La posición fue presentada mediante la lectura de un documento conjunto durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de San Luis, de la que participaron representantes de organizaciones ambientales, sindicales y sociales.
El pronunciamiento fue suscripto por agrupaciones como Yo Amo a Mis Sierras, la Asamblea por el Agua del Noreste de San Luis, la Asamblea de La Punta, la Asamblea de Trapiche, ASDE, ATE, La Poderosa y La Chispa, entre otras organizaciones. El documento sostiene que las medidas anticipadas por el Gobierno provincial representan una profundización de políticas que ya fueron impulsadas a nivel nacional mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Críticas al modelo económico anunciado
Las organizaciones cuestionaron especialmente la decisión del Gobierno provincial de convocar a organismos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Federal de Minería (Cofemin) para participar en la elaboración de estrategias vinculadas al desarrollo económico.
Según el documento, esas decisiones reflejan “un modelo de Estado empresarial” que desplaza a las comunidades locales de los ámbitos donde se definen las políticas públicas. En ese sentido, sostuvieron que los anuncios oficiales plantean una visión del desarrollo centrada en atraer inversiones externas mediante exenciones impositivas y beneficios económicos para determinados sectores privados.
Para las asambleas, el problema no radica únicamente en las herramientas económicas anunciadas sino también en quiénes participan de la definición de esas políticas. “No queremos delegar nuestro poder a organismos externos”, señalaron en el texto, donde reclamaron una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones estratégicas de la provincia.
Minería, turismo y uso de los recursos naturales
Uno de los ejes centrales del documento apunta contra el impulso que, según las organizaciones, el Gobierno busca otorgar a actividades extractivas como la minería.
Las asambleas advirtieron que los anuncios oficiales mencionan expresamente la participación de organismos vinculados al sector minero y sostuvieron que ese tipo de políticas suelen generar beneficios concentrados en grandes empresas mientras trasladan los costos ambientales a las comunidades.
También expresaron preocupación por algunos proyectos turísticos impulsados en distintas localidades de la provincia. Como ejemplo, cuestionaron iniciativas que, según afirmaron, pretenden transformar zonas serranas mediante grandes emprendimientos que ponen en riesgo el patrimonio natural.
En ese contexto, plantearon que el desarrollo económico no puede evaluarse únicamente en términos de inversiones o crecimiento de determinados sectores productivos, sino también por sus impactos sociales y ambientales.
La situación de las pymes y los trabajadores
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de medidas específicas para pequeñas y medianas empresas y comercios locales.
“¿Cómo van a ayudar estas medidas a los sectores PyMEs que están en crisis? ¿Por qué las exenciones y beneficios son siempre para los mismos sectores?”, plantearon las organizaciones en el documento difundido durante la conferencia.
Además, vincularon la discusión económica con la situación salarial de los trabajadores estatales y reclamaron políticas que garanticen ingresos por encima de la línea de pobreza. En particular, pidieron aumentos salariales para los sectores de salud y educación y señalaron que las condiciones laborales también forman parte de cualquier modelo de desarrollo provincial.
Las organizaciones también reclamaron la restitución de la Secretaría de Ambiente como ámbito institucional para debatir políticas públicas vinculadas al desarrollo económico y la protección de los recursos naturales.
Los planteos al Gobierno provincial
Entre las exigencias dirigidas al Ejecutivo provincial, las asambleas pidieron que se abandonen lo que calificaron como “falsas soluciones” a la crisis económica actual y sostuvieron que los anuncios realizados tienen como principales beneficiarios a los sectores empresariales más concentrados.
Asimismo, manifestaron que muchas de las expectativas generadas alrededor del RIPEE dependen de la evolución del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei, por lo que consideraron que existe una fuerte incertidumbre respecto de sus resultados concretos.
El documento también incluyó cuestionamientos al funcionamiento institucional de la provincia. En ese punto, reclamaron “un Estado democrático donde la comunidad sea parte de las decisiones estratégicas” y expresaron su rechazo a lo que definieron como una aprobación automática de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
Finalmente, las organizaciones remarcaron que el proyecto de ley todavía no ingresó formalmente a la Legislatura y convocaron a la ciudadanía a involucrarse en el debate. “Este régimen de legalización del saqueo y la pobreza aún no está aprobado”, señalaron, al tiempo que pidieron a diputados y senadores provinciales que escuchen “la voz del pueblo” antes de avanzar con cualquier iniciativa vinculada al futuro régimen de promoción económica.
“Queremos compartir nuestra mirada”
Tras la lectura del documento, uno de los integrantes de las Asambleas Socioambientales, Leonardo Janjetic, explicó que el espacio viene trabajando desde hace tiempo sobre las políticas de promoción de inversiones y recordó que el año pasado realizaron una audiencia popular para debatir el RIGI junto a organizaciones sindicales y sociales.
El referente señaló que las organizaciones buscarán reunirse con distintos sectores políticos una vez que el proyecto sea enviado a la Legislatura. “Vamos a sentarnos con los distintos espacios que nos quieran recibir, a compartir nuestra mirada de esta propuesta”, expresó.
Janjetic sostuvo que una de las principales preocupaciones de las asambleas es el modelo de desarrollo que, a su entender, se desprende de los anuncios realizados por el Gobierno. “Creemos que hay un modelo empresarial que está pensado por fuera de la provincia y tenemos que contrabalancear con la mirada de las organizaciones del pueblo”, afirmó.
El dirigente también indicó que todavía no se conocen los detalles concretos del proyecto de ley y consideró prematuro evaluar su eventual compatibilidad con normas ambientales vigentes, aunque advirtió que los anuncios oficiales parecen estar fuertemente condicionados por la evolución de la economía nacional. “También da la impresión de que es una forma de generar esperanza en la población”, manifestó.
