La Cámara de Senadores de San Luis dio este martes media sanción al Régimen Integral de Promoción Estratégica de las Empresas (RIPEE), un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca fomentar la inversión privada y la generación de empleo mediante beneficios fiscales, subsidios, financiamiento y la utilización de inmuebles fiscales para emprendimientos productivos. La iniciativa fue aprobada con el voto del oficialismo y el rechazo de la oposición.
El miembro informante fue el senador oficialista Martín Olivero, quien dedicó buena parte de su exposición a cuestionar la gestión de Alberto Rodríguez Saá antes de ingresar en el contenido del proyecto. Según sostuvo, el crecimiento del empleo público y los planes sociales durante los últimos años del gobierno anterior generó un “déficit crónico” que terminó consumiendo los recursos provenientes del juicio ganado al Estado nacional.
Olivero afirmó que el exgobernador “estuvo 16 años gobernando” y que el deterioro de las cuentas provinciales comenzó tras la derrota electoral de las PASO de 2017, cuando, según dijo, “abrió un plan Solidaridad” e incorporó “más de 30.000 planes sociales”, haciendo que la provincia pasara “de 20.000 empleados públicos a 40.000”. “Yo no tengo duda de que esa acción fue el tiro de gracia a un modelo que había sido exitoso por muchos años en San Luis”, aseguró.
El legislador también acusó a Rodríguez Saá de haber intentado “vaciar la provincia” antes de dejar el poder. Como ejemplo mencionó que, tres días antes del cambio de gobierno, autorizó un anticipo financiero para una obra sobre la entonces ruta nacional 7 que, según afirmó, no contaba con presupuesto. “Único objetivo, vaciar la provincia, no dejar recursos, dejar una obra inconclusa que sabía que no se podía continuar”, sostuvo.
En ese contexto también apuntó contra el exmandatario, a quien calificó como un “octogenario dirigente que ahora nos dice que puede darnos lecciones de gobernar”, pese a que “no lo pudo hacer en 16 años”.
Los cuatro ejes del RIPEE
Recién después de ese tramo, Olivero desarrolló el contenido del proyecto y explicó que el régimen se apoya sobre cuatro ejes: beneficios tributarios, subsidios al empleo, utilización de inmuebles fiscales y herramientas de financiamiento.
Respecto de los incentivos fiscales, detalló que el régimen contempla un programa para grandes inversiones y otro destinado a pequeñas empresas y comercios, ambos basados en la presentación de proyectos que serán evaluados por una comisión según el monto de inversión, la generación de empleo y el impacto económico. Entre los beneficios mencionó exenciones impositivas, créditos fiscales, incentivos específicos para la actividad industrial y distintas facilidades para regularizar deudas tributarias.
En materia laboral, señaló que el Estado subsidiará durante dos años parte del salario de beneficiarios del Plan de Inclusión Social que sean incorporados al sector privado. El aporte será equivalente al monto del beneficio del plan, cubriendo el 100% durante el primer año, el 75% en el tercer semestre y el 50% en el cuarto.
El tercer eje habilita a incorporar al RIPEE inmuebles fiscales de dominio privado que se encuentren ociosos para destinarlos a proyectos productivos mediante concesiones, locaciones, comodatos, derechos reales de superficie o venta. Finalmente, explicó que el régimen incorpora distintas herramientas de financiamiento, como préstamos bonificados, subsidios de tasas de interés, fondos de garantía y líneas vinculadas al Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Para Olivero, el RIPEE constituye “una herramienta para potenciar el sector privado, atraer inversión y generar empleo”, ya que “el sector privado es quien debe generar los puestos de trabajo y es el Estado quien debe tender todas las condiciones para lograr ese objetivo”.
Las críticas de la oposición
El rechazo fue fundamentado por el senador Hugo Olguín, quien aclaró que su bloque comparte la necesidad de promover inversiones, pero cuestionó el contenido del proyecto y sostuvo que existen iniciativas alternativas presentadas por el justicialismo, como San Luis Impulsa, San Luis Emprendedor, San Luis Tech, Ecoenergía San Luis, Raíces Productivas, San Luis Auténtica y San Luis Circular, que “duermen” en la Legislatura.
Entre los principales cuestionamientos, afirmó que el RIPEE resigna recaudación “sin cuantificar su costo” en un contexto en el que la Provincia mantiene vigente la emergencia económica. También cuestionó que el régimen permita computar inversiones ya realizadas, que otorgue beneficios a contribuyentes incumplidores y que habilite reestructuraciones presupuestarias sin los controles previstos en la legislación vigente.
Uno de los aspectos sobre los que más insistió fue el referido a la venta de inmuebles provinciales. Según Olguín, el artículo 34 otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para disponer del patrimonio estatal mediante venta directa cuando invoque razones de interés público, sin necesidad de autorización legislativa. “Elegir el comprador sin competencia, elegir quién tasa el bien y elegir cuándo se descuenta el precio; esas tres cosas juntas no es vender, es regalar el patrimonio del Estado”, cuestionó.
También advirtió que el proyecto permite acumular beneficios provinciales con los nacionales para grandes inversiones, lo que, a su criterio, genera una competencia desigual con las pequeñas y medianas empresas locales. Además, sostuvo que las exenciones en Ingresos Brutos terminarán reduciendo la masa coparticipable que reciben los municipios.
“Nosotros no rechazamos la idea de promover inversiones y empleo; rechazamos este texto”, resumió el senador opositor, quien reclamó un régimen que incluya estudios de impacto fiscal, mayores controles legislativos, transparencia y contraprestaciones verificables en materia de inversión y generación de empleo.
Tras el debate, el proyecto obtuvo media sanción y pasó a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
