El obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, y la Pastoral Social de la Diócesis enviaron el martes 28 de julio una carta a los legisladores nacionales por San Luis para expresar su “gran preocupación” por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y solicitar que rechacen aquellos puntos que, a su entender, “podrían atentar contra el cuidado de la ecología integral, el desarrollo humano integral y la soberanía nacional”.
En la nota, dirigida a los representantes puntanos en el Congreso, la Pastoral Social señaló que adhiere a los planteos formulados previamente por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y sostuvo que la iniciativa genera inquietud por las modificaciones que propone sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales y otras normas de protección ambiental.
Los principales cambios que cuestiona la Iglesia
Según la carta, uno de los puntos centrales del proyecto consiste en modificar el régimen vigente sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Actualmente, la legislación establece un límite del 15% de las tierras rurales en manos extranjeras por jurisdicción y fija un tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo. La Pastoral Social advirtió que el nuevo proyecto eliminaría esas restricciones, lo que, a su juicio, podría favorecer una mayor concentración y extranjerización de la tierra, especialmente en territorios estratégicos vinculados con recursos naturales como el petróleo, la minería, los glaciares y las nacientes de los ríos.
Otro aspecto objetado es la derogación de las prohibiciones que actualmente impiden modificar el uso de los suelos afectados por incendios durante períodos de entre 30 y 60 años, según se trate de bosques nativos o zonas rurales.
La entidad eclesiástica consideró que esa modificación podría incentivar incendios intencionales para habilitar urbanizaciones, forestaciones o emprendimientos productivos en áreas quemadas.
“La tierra no es una mercancía”
En el documento, la Pastoral Social sostuvo que “la tierra no es una mercancía, sino un bien confiado a nuestra responsabilidad” y afirmó que las decisiones sobre su utilización deben resguardar “la soberanía, el acceso a los bienes comunes, la producción de alimentos y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio futuro”.
También advirtió que cuando la tierra “se degrada, se concentra en pocas manos o se transforma únicamente en objeto de especulación” no solo se pierde un bien común, sino que también se ponen en riesgo formas de vida, relaciones comunitarias y patrimonios culturales.
La carta cita además la encíclica Magnífica Humanitas del papa León para remarcar que el desarrollo humano integral debe estar ligado al cuidado de la ecología integral y que “no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas”.
Finalmente, Monseñor Barba y la Pastoral Social apelaron a la responsabilidad de los legisladores nacionales por San Luis para que “defiendan estos principios en favor de nuestra Nación” y manifestaron expresamente que “no estamos de acuerdo en los términos y en los cambios que presenta el proyecto para la nueva ley”.
