El Gobierno de San Luis remitió a la Legislatura el proyecto del RIPEE (Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo), según Clarin. El régimen combina exenciones impositivas escalonadas de hasta 15 años, acceso a inmuebles del dominio privado provincial y subsidios de empleo vinculados al plan de Inclusión Social, con el objetivo declarado de ordenar y promover la inversión privada en un amplio espectro de sectores productivos y de servicios.
Lo que el RIPEE significa para las empresas de entretenimiento digital
Brenda Grilli, estratega de contenido y especialista en marketing digital con foco en mercados hispanohablantes, sigue de cerca cómo las empresas de servicios digitales evalúan los marcos de promoción antes de decidir dónde radicarse. Desde su posición en Apuestas.Guru, observa que las exenciones multianuales y el acceso a inmuebles fiscales, exactamente el tipo de condiciones que el RIPEE contempla para actividades tecnológicas y de servicios, aparecen sistemáticamente en los criterios que estas compañías ponen sobre la mesa.
Entre los actores que, a su juicio, prestan atención a este tipo de incentivos figuran las plataformas de apuestas deportivas online, que construyen y consolidan sus audiencias publicando contenidos específicos como los pronósticos de UFC.
“Los marcos de promoción con exenciones plurianuales y acceso a infraestructura provincial son exactamente el tipo de señal que las empresas de servicios digitales leen antes de evaluar una radicación. No es solo el ahorro fiscal: es la previsibilidad.”
Grilli subraya que su lectura es la de una observadora del sector, no la de una participante en las apuestas.
Los dos programas centrales y cómo funcionan
El RIPEE articula dos mecanismos principales de incentivo fiscal, excluyentes entre sí para un mismo sujeto y proyecto.
El primero es el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones. Otorga exenciones en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotores en una escala decreciente a lo largo de 15 años: 100% durante los primeros cinco años, 75% entre los años seis y diez, y 50% entre los años once y quince. El esquema apunta a que la ventaja fiscal sea más intensa en la etapa de instalación, cuando los proyectos suelen enfrentar mayores costos iniciales.
El segundo es el Programa de Incentivos Fiscales. Para acceder, el solicitante debe acreditar una inversión mínima equivalente al doble de los impuestos provinciales devengados en los doce meses anteriores a la presentación. A cambio, recibe un crédito equivalente al 50% de los impuestos provinciales devengados en los doce meses posteriores a la aprobación. Ese crédito es nominativo, intransferible y solo puede utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales del propio titular.
Además, todos los actos, contratos, instrumentos y trámites administrativos vinculados a proyectos aprobados quedan exentos del Impuesto de Sellos y de tasas administrativas, desde la aprobación hasta la efectiva puesta en marcha.
Quiénes pueden acogerse al régimen y en qué actividades
El universo de beneficiarios es amplio en términos tanto sectoriales como jurídicos. El RIPEE comprende actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios. La propia norma incluye una cláusula abierta que extiende la cobertura a cualquier otra actividad económica desarrollada o proyectada en el territorio provincial. Pueden acogerse personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro.
Para los contribuyentes con actividad industrial, el régimen prevé una exención de Ingresos Brutos sobre lo efectivamente producido en San Luis. El acceso está condicionado a la presentación de un proyecto de inversión y al cumplimiento anual de compromisos en materia de personal, producción, inversión y encadenamientos con proveedores y clientes locales.
Inmuebles fiscales, alivio tributario y financiamiento complementario
El RIPEE incorpora herramientas de alivio fiscal que van más allá de las exenciones directas. Uno de los mecanismos es el bloqueo fiscal de cinco años para contribuyentes de Ingresos Brutos: la fiscalización quedará limitada a los últimos dos períodos fiscales y, cuando las diferencias detectadas sean inferiores al 10% respecto de la base imponible declarada, se presumirá la exactitud de las declaraciones no inspeccionadas. Se trata de una garantía de estabilidad que reduce la incertidumbre frente a auditorías retroactivas.
Otro instrumento concreto es la conversión de saldos a favor. Los contribuyentes de Ingresos Brutos y los comprendidos en el Convenio Multilateral con sede en San Luis podrán solicitar, hasta el 31 de marzo de 2027, la conversión de hasta el 80% de los saldos a favor declarados al 31 de mayo de 2026 en certificados nominativos y transferibles para cancelar obligaciones tributarias provinciales.
En materia de inmuebles, el Poder Ejecutivo podrá destinar bienes del dominio privado provincial a proyectos de inversión mediante concesión de uso, locación, comodato, derecho real de superficie, venta u otros instrumentos. Las concesiones, locaciones y comodatos pueden extenderse hasta veinte años.
El régimen también prevé un paquete financiero complementario que incluye líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia, subsidios para capacitación, fondos de garantía, fideicomisos y otros instrumentos públicos, privados o mixtos.
El incentivo de empleo y las condiciones que los proyectos deben cumplir
El RIPEE conecta los beneficios de radicación con la generación efectiva de trabajo registrado. Las empresas que incorporen personas provenientes del plan provincial de Inclusión Social recibirán un aporte decreciente a lo largo de dos años: hasta el 100% del beneficio social vigente durante el primer año, hasta el 75% durante el primer semestre del segundo año, y hasta el 50% durante el segundo semestre. La condición es clara: la incorporación debe representar un aumento neto del plantel. No puede tratarse de un reemplazo de personal existente.
Los proyectos que soliciten beneficios tributarios deben precisar compromisos formales de inversión, empleo, producción y vinculación con actores económicos provinciales. La aprobación y el otorgamiento de los beneficios se formalizan por decreto del Poder Ejecutivo, lo que implica que cada proyecto queda sujeto a evaluación individual y que los incentivos se condicionan al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. El régimen no opera de manera automática: es la verificación del cumplimiento la que sostiene el acceso a los beneficios a lo largo del tiempo.
