Lo dispuso el juez Carlos Varela, días antes de cumplirse tres años de trágico hecho.
A tres años del trágico accidente de Zanjitas, el Juzgado de Sentencia a cargo de Carlos Raúl Varela, dispuso, mediante una resolución del pasado 10 de octubre, dictar el procesamiento de las directivas de la empresa de transporte Polo S.R.L., Araceli Beatriz Valles, Micaela Mariel Baldoni y Mabel Tyempertyopolus, por los delitos de “Homicidio Culposo y Lesiones Culposas en Concurso Ideal”.
Cabe destacar que Baldoni y Valles son hija y madre, respectivamente, de Tyempertyopolus, quien es públicamente reconocida como la dueña de la empresa Polo.
El Magistrado arribó a dicha conclusión luego de haber considerado números prueba documental y testimonial que obra en la causa, concluyendo que las procesadas, al momento en que ocurrieron los hechos “tenían a su cargo la responsabilidad total en la actividad de la Empresa. Las dos primeras por ser las titulares en su carácter de únicas socias de la firma denominada ‘Transporte Polo S.R.L.’, y la última por ser la única apoderada de la Empresa, y tal como lo expresara ella misma, con amplias facultades de administración y disposición de la empresa”.
“Nos encontramos ante una empresa que tiene como única actividad, nada más y nada menos, que el traslado diario de cientos de personas. Es decir que debe brindar la seguridad, respaldo y confianza suficiente a quienes utilizan ese servicio público de transporte”, y agregó que “no son estos precisamente los que deben bregar o controlar si las unidades se encuentran en óptimas condiciones técnicas y administrativas, o si quienes las conducen son aptos en su profesión”, expresó el juez.
Además, Varela consideró en cuanto al tipo de calificación que “la imputación objetiva en los delitos prudentes, implica tanto que el resultado hubiese sido evitado mediante una conducta prudente que cumpla con el deber objetivo de cuidado, como que la norma infligida por la conducta sirviera justamente para evitar resultados como los que se produjeron en el caso escrito”.
Por último, sostuvo que “esto debe ser así, porque los familiares de las víctimas tienen el derecho de saber toda la verdad sobre la tramitación de este proceso; su desarrollo, escarceos procesales, y todo lo referente al mismo, porque además de constituir ello una obligación constitucional y deber republicano, es lo que de manera insoslayable la Administración de Justicia debe brindar a quienes llevarán por siempre el dolor profundo y abarcativo por los hechos de la presente investigación”.
