La comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados realizó este martes su segunda reunión para analizar el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), que ya cuenta con media sanción del Senado. Tras el encuentro, la presidenta de la comisión, Eugenia Gallardo, confirmó que el proyecto obtuvo despacho y quedó en condiciones de ser tratado este miércoles en el recinto. Según explicó, los diputados de la oposición no acompañaron el despacho ni formularon incorporaciones al texto.
“Esta es la segunda reunión que tuvimos referida al tema en la comisión de Finanzas. Ya tiene media sanción del Senado y tuvimos la reunión buscando qué críticas o qué aportes podían hacerle, sobre todo los diputados de la oposición. No acompañaron el despacho y tampoco se incorporó ningún tema”, señaló Gallardo, quien estimó que esa postura podría mantenerse durante el tratamiento en el recinto. De este modo, al no haber cambios, el proyecto podrá obtener su aprobación definitiva este miércoles, sin necesitar una segunda revisión del Senado.
La legisladora defendió el objetivo central del régimen y sostuvo que la intención es concentrar en una sola norma distintas herramientas para promover inversiones y empleo. “Lo que se busca es generar una herramienta con una sola herramienta legal para poder responder a una demanda multisectorial, referida tanto a la agricultura como a la industria, al turismo y también a que distintas personas, no solamente empresas sino también asociaciones civiles, puedan tomar alguno de los beneficios”, explicó.
En ese sentido, destacó que el RIPEE no se limita a los incentivos tributarios contemplados en anteriores normas de promoción, sino que incorpora mecanismos vinculados al empleo, al acceso a inmuebles fiscales y al financiamiento. “Está toda una parte vinculada a lo impositivo estrictamente, que muchas leyes anteriores han contemplado solamente eso. Esto contempla tanto lo impositivo como la posibilidad de tomar personal del Plan de Inclusión, pero ya establecido con una ley que también le da seguridad a las personas del Plan, que ya existe un régimen seguro para poder vincularse directamente con el sector privado”, afirmó.
Inmuebles fiscales y la promesa de “menos burocracia”
Uno de los puntos consultados durante la reunión fue el mecanismo previsto para que proyectos de inversión puedan acceder a inmuebles que actualmente se encuentran en poder del Estado provincial. Gallardo explicó que el Poder Ejecutivo podrá disponer de esos terrenos cuando exista un proyecto que cumpla con las condiciones establecidas por el régimen y tenga como objetivo generar o sostener puestos de trabajo.
“Siempre y cuando exista un proyecto de inversión que esté dando los requisitos, las garantías y las seguridades de que signifique para un emprendimiento, una empresa o una asociación que genere empleo y que mantenga el empleo”, precisó.
La diputada también defendió que el régimen permita agilizar el acceso a los beneficios, accediendo a inmuebles del Estado sin que tenga que intervenir el Poder Legislativo, el cual habitualmente debe dar su consentimiento para la venta de un inmueble estatal. “Creo que es una manera de desburocratizar todo lo que, para un privado, significa tener un beneficio del Estado”, dijo Gallardo.
Gallardo destacó además la incorporación de las mesas sectoriales, una política que la gestión Poggi implementa frecuentemente, como una herramienta permanente del Estado. “Una de las cosas que tiene de bueno este proyecto de ley es que instaura las mesas sectoriales ya como una obligación del Estado. Establecer ese canal de diálogo con el sector privado que, a lo mejor, antes dependía de la voluntad de quien gobernara de abrir esa puerta o no”, sostuvo.
Según explicó, esa metodología fue la que permitió que distintas demandas del sector privado terminaran transformándose en iniciativas legislativas. “Como vemos, nos ha llevado a propuestas legislativas y propuestas. Ha sido el Estado muy proactivo a partir de la escucha permanente, de los encuentros permanentes, y se pueden ir dando soluciones mucho más eficaces para el sector privado y para lo que este gobierno quiere, que es promover el empleo privado”, agregó.
La discusión sobre el costo fiscal
Otro de los puntos que volvió a aparecer durante el análisis del RIPEE fue el impacto que podrían tener las exenciones y beneficios fiscales sobre la recaudación provincial. El cuestionamiento ya había sido planteado por senadores de la oposición durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta, debido a la falta de una estimación sobre cuánto dejaría de recaudar la Provincia.
Gallardo respondió que el régimen está pensado fundamentalmente para inversiones que todavía no existen y que, por lo tanto, actualmente no generan ingresos tributarios para el Estado. “Esto hace referencia a proyectos de inversión que hoy no están. Hoy el Estado no está recaudando por estos proyectos que todavía no se presentan”, argumentó.
En esa línea, sostuvo que el objetivo es que los incentivos permitan generar nuevas actividades económicas que posteriormente amplíen la base de recaudación. “Hoy el Estado no está perdiendo nada. Solamente, si el Estado ve que se puede manejar con lo que está recaudando, ¿qué será cuando se produzcan mejores condiciones de trabajo para el sector privado, que en el futuro van a significar mayor recaudación?”, planteó.
La presidenta de la comisión también aclaró que las empresas que ya están radicadas en San Luis podrán acceder a los beneficios del RIPEE, pero deberán presentar un proyecto que implique una nueva inversión. “La condición es que se presente un proyecto por una inversión nueva”, explicó.
En esos casos, la empresa podría combinar distintas herramientas del régimen. “El Estado le ofrece un crédito, le ofrece una garantía para acceder al crédito, le ofrece probablemente un inmueble fiscal, le ofrece el acceso a beneficios fiscales, a beneficios impositivos por la compra de esa maquinaria, siempre y cuando exista un proyecto de inversión”, enumeró.
Gallardo remarcó que el esquema alcanzará tanto a empresas que ya operan en San Luis como a aquellas que evalúen radicarse en la provincia. “Cuando una empresa tiene pensado invertir en un lugar y se quiere localizar en un lugar, creo que estas son cuestiones que mira y que, cuando tiene concentrados todos los beneficios en una sola ley, es mucho más sencillo evaluar y tener esta seguridad jurídica que esta ley intenta brindar para el privado”, sostuvo.
Además, destacó que el RIPEE incorpora al comercio entre las actividades alcanzadas por los beneficios. “Es una cuestión muy transparente e involucra muchos beneficios que el sector privado necesita para apalancar una inversión que, a lo mejor, tenía pensado hacer. Incluso, otra cosa que tiene de novedoso esto es que incluye, por ejemplo, el comercio, que ninguna ley de promoción estaba incorporando”, afirmó.
La cuestión ambiental
Consultada por las preocupaciones expresadas anteriormente por organizaciones ambientalistas respecto de la posibilidad de que el régimen favorezca actividades mineras, Gallardo consideró que se trata de una discusión que no debería constituir un obstáculo para el proyecto.
“Creo que la cuestión minera, de la que los ambientalistas por ahí se preocupan, no es una problemática que tengamos nosotros, porque no somos una provincia cordillerana, que es donde están los minerales más atractivos para grandes proyectos mineros. Nosotros tenemos otro tipo de minería”, sostuvo.
La diputada vinculó además el debate sobre posibles inversiones con la necesidad de garantizar el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente el agua. En ese sentido, señaló que el Gobierno trabaja paralelamente en un plan maestro para ese recurso.
“Estamos trabajando con un plan maestro. Este gobierno se está ocupando de garantizar el uso y la utilización de este recurso, que sabemos que es escaso y que tiene que ser bien utilizado, tanto por nosotros, por cada uno de nosotros, como por las empresas y las industrias que se radiquen o que estén en la provincia”, explicó.
Finalmente, Gallardo mencionó que una eventual reforma del Estado también contempla modificaciones en la administración del recurso hídrico, con la intención de que su conducción tenga un perfil técnico. “Está contemplado un resguardo y un administrador del agua que no dependa de la voluntad de quien gobierna su designación, que sea un profesional, que reúna características de conocimiento y características técnicas, para que se haga cargo de este recurso que queremos preservar en la provincia”, concluyó.
