La Cámara de Diputados de San Luis sancionó este miércoles por 27 votos positivos contra 11 negativos el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), en una sesión en la que varios bloques expusieron sus posiciones sobre una iniciativa que establece beneficios fiscales, herramientas de financiamiento, un subsidio al empleo y mecanismos para facilitar la utilización y disposición de inmuebles fiscales.
Durante el debate, los legisladores que acompañaron el proyecto destacaron la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones, promover la producción y fortalecer el empleo privado. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron principalmente el alcance de las facultades que el régimen otorga al Poder Ejecutivo y reclamaron mayores mecanismos de control, límites y previsibilidad sobre el costo fiscal de las medidas.
Sosa Araujo calificó a la Legislatura como una “delegatura”
Una de las principales voces críticas durante el debate fue la de Silvia Sosa Araujo, del bloque Unidad Justicialista, quien sostuvo que la aprobación del RIPEE implicaría una delegación de facultades de la Legislatura hacia el Poder Ejecutivo.
“Con esta ley, esta Legislatura se convierte en una delegatura”, afirmó la diputada, quien cuestionó que el proyecto, pese a presentarse como una herramienta para fomentar la producción y el empleo, incluya disposiciones que, a su criterio, implican una amplia delegación de atribuciones.
Sosa Araujo también cuestionó las disposiciones sobre la derogación de normas y consideró que el texto no identifica con suficiente precisión cuáles son las disposiciones que quedarían sin efecto.
Además, puso el foco en la autoridad de aplicación, ya que el proyecto permite al Poder Ejecutivo determinar qué organismo u organismos tendrán a su cargo la aplicación del régimen y les otorga facultades para dictar normas complementarias, aclaratorias y operativas.
La legisladora volvió a cuestionar las facultades vinculadas con la simplificación y modernización administrativa, al considerar que permitirían modificar trámites, requisitos y tasas que, según su interpretación, son materias que corresponden a la Legislatura.
También objetó la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) establecido por la legislación nacional. Sostuvo que esa adhesión implicaría aceptar un conjunto de modificaciones tributarias y laborales de alcance nacional sin un debate específico en la Legislatura provincial.
Con estos planteos, la Cámara de Diputados avanzó finalmente con la sanción por mayoría del RIPEE, que establece un nuevo marco provincial de promoción de inversiones, actividad económica y empleo, con beneficios tributarios y herramientas de financiamiento, además de mecanismos para incorporar trabajadores, utilizar inmuebles fiscales y articular políticas de promoción con el sector privado.
Gallardo: “La inversión privada representa uno de los principales motores del desarrollo”
La presidente del bloque Ahora San Luis, Eugenia Gallardo, fue la miembro informante del proyecto y defendió la iniciativa al señalar que la inversión privada constituye uno de los principales motores del desarrollo económico.
Sostuvo que una nueva inversión no implica solamente la inyección de capital en una empresa, sino que puede activar un circuito que impulse el consumo, genere proveedores locales y, fundamentalmente, cree y sostenga puestos de trabajo.
En ese sentido, afirmó que el Estado debe implementar políticas que faciliten, atraigan y promuevan la radicación, expansión y consolidación de inversiones privadas. También vinculó el RIPEE con el artículo 82 de la Constitución provincial, que establece la responsabilidad del Estado en la promoción del bienestar de la sociedad mediante el desarrollo económico y social.
Gallardo destacó además el alcance multisectorial del régimen. Señaló que comprende actividades apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios.
Remarcó como una novedad la inclusión del sector comercial, que, según señaló, no había sido contemplado de esa manera en anteriores regímenes de promoción. También destacó que podrán ser beneficiarias personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro.
La legisladora resumió el régimen en cuatro ejes principales: beneficios tributarios, subsidio al empleo, gestión y disposición de inmuebles fiscales y financiamiento de actividades económicas.
Caymes cuestionó el costo fiscal y los límites del régimen
Desde el bloque Unidad Justicialista, Lucas Caymes adelantó que la oposición no cuestionaba la necesidad de atraer inversiones privadas ni de generar empleo.
“Estamos de acuerdo y no venimos a discutir la necesidad de la inversión privada que necesita San Luis”, sostuvo, aunque inmediatamente planteó cuáles eran, a su criterio, los principales interrogantes que dejaba el proyecto.
Caymes resumió sus cuestionamientos en tres preguntas: “¿Cuánto va a costar el proyecto? ¿Quién decide y cuáles son sus límites y quién lo va a controlar?”.
El diputado señaló que el proyecto establece exenciones tributarias, créditos fiscales y mecanismos para convertir saldos a favor, pero cuestionó que no incluyera estimaciones del costo fiscal ni un informe de impacto presupuestario.
También advirtió que el régimen no establece cupos, techos ni plazos para determinados beneficios. En ese sentido, citó disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de la Constitución provincial vinculadas con la necesidad de contemplar el gasto tributario y las reducciones de recaudación.
Otro de los puntos cuestionados fue la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para modificar trámites, requisitos, tasas y procedimientos administrativos. Caymes consideró que esa disposición podía implicar una delegación de facultades tributarias que, según sostuvo, deberían permanecer en el ámbito legislativo.
También cuestionó las disposiciones referidas a los inmuebles del Estado y la posibilidad de transformar empresas y sociedades estatales para incorporar capital privado.
“Podemos estar de acuerdo en que hay terrenos en los cuales se puedan vender”, sostuvo, pero consideró que decisiones de ese tipo deberían ser discutidas en la Legislatura y no quedar delegadas al Poder Ejecutivo.
Garro defendió los beneficios para las inversiones
La diputada Marina Garro, del bloque San Luis Primero, adelantó su acompañamiento al proyecto y lo calificó como una de las leyes más importantes del actual período legislativo.
Sostuvo que el RIPEE permitirá establecer condiciones para generar inversión, producción y empleo genuino, y destacó especialmente su alcance territorial.
Desde su representación del departamento Chacabuco, señaló que la zona cuenta con actividades industriales, mineras, agropecuarias, agroindustriales, comerciales, de servicios y turísticas, por lo que consideró positivo que el régimen no se limite a una única actividad económica.
Garro también defendió la escala de beneficios tributarios para nuevas inversiones, que contempla exenciones de hasta el 100% durante los primeros cinco años, para luego reducirse al 75% y al 50%.
Explicó que la lógica del esquema consiste en acompañar a las empresas durante los primeros años, cuando deben afrontar la compra de equipamiento, la construcción, la incorporación de personal y la puesta en marcha de la producción.
La legisladora también hizo referencia al impacto que los beneficios sobre el Impuesto de Sellos pueden tener en los municipios, ya que se trata de un recurso coparticipable. Consideró que, en determinados casos, resignar un ingreso que se genera una sola vez podría resultar conveniente si la inversión permite generar actividad económica y empleo durante varios años.
González D’Alessandro pidió controles sobre los beneficios
Carlos González D’Alessandro, del bloque Consolidación Argentina, también adelantó su voto afirmativo, aunque planteó una serie de advertencias sobre la aplicación del régimen.
Sostuvo que San Luis necesita recuperar una agenda de producción, inversión y trabajo, y valoró los beneficios fiscales para nuevas inversiones, los incentivos a la actividad industrial, las herramientas de financiamiento y los mecanismos vinculados con la incorporación al empleo formal de personas incluidas en programas sociales.
Sin embargo, consideró necesario establecer controles sobre el otorgamiento de exenciones, créditos fiscales, subsidios, financiamiento y sobre el uso de inmuebles pertenecientes al Estado provincial.
En particular, expresó preocupación por la amplitud de las herramientas relacionadas con los inmuebles fiscales, aunque aclaró que no cuestionaba la posibilidad de utilizar tierras estatales para generar proyectos productivos.
“Si dos empresas hacen una inversión o realizan inversiones similares, generan la misma cantidad de puestos de trabajo y producen un impacto semejante en nuestra economía, deberían recibir el mismo tratamiento”, sostuvo.
González D’Alessandro también planteó la necesidad de medir los resultados del régimen y conocer cuánto deja de recaudar la Provincia por los beneficios otorgados, cuánto se invirtió efectivamente y cuántos puestos de trabajo fueron prometidos y finalmente creados.
En ese sentido, propuso avanzar hacia un registro público de beneficiarios del RIPEE y mecanismos de evaluación y publicidad de los beneficios, además de informes periódicos a la Legislatura.
González Ferro destacó el alivio fiscal
Edgardo González Ferro, del bloque Acuerdo por el Interior Sanluiseño, también anticipó su voto afirmativo y sostuvo que el proyecto constituye una respuesta frente al escenario económico que atraviesan la provincia y el país.
El legislador puso el foco en la situación de comerciantes, pequeñas y medianas empresas y del sector productivo, y destacó particularmente el capítulo de alivio fiscal.
Según planteó, la herramienta puede contribuir a evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, además de sostener la actividad económica y la base tributaria provincial.
González Ferro sostuvo que la inversión privada permite ampliar la capacidad productiva, generar empleo formal y dinamizar el consumo local. También destacó los incentivos destinados a la radicación, expansión y consolidación de proyectos productivos en distintos puntos de la provincia.
