El Gobierno de San Luis promulgó la Ley de Recupero de Prestaciones de Salud, que establece que los conductores que, bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes, participen u ocasionen un siniestro vial deberán reintegrar al Estado los gastos de su atención médica y los correspondientes a terceros afectados, de acuerdo con la responsabilidad que determine la autoridad competente.
La norma, identificada como Ley III-1204-2026, fue sancionada por la Legislatura el 21 de julio y promulgada por el gobernador Claudio Poggi mediante el Decreto N° 9344-MdeS-2026, fechado el 7 de agosto y publicado en el Boletín Oficial de este viernes.
La ley faculta al Ministerio de Salud, a través del organismo que determine, a recuperar los gastos de las prestaciones brindadas en efectores públicos a los conductores alcanzados por la norma. El recupero también comprende la atención médica de terceros afectados por el siniestro, conforme a la responsabilidad que establezca la autoridad competente.
El mecanismo se aplicará cuando se cumplan tres condiciones: que exista un siniestro vial, que se constate mediante los procedimientos legalmente establecidos que el conductor incurrió en las prohibiciones previstas por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial respecto de la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, y que como consecuencia del hecho se hayan utilizado servicios del sistema público provincial de salud.
El monto de las prestaciones será determinado mediante el Nomenclador Provincial de Referencia, tomando como base los valores establecidos por el Sistema de Recupero de Gastos Prestacionales de Salud. El procedimiento de facturación y cobro también se regirá por ese sistema.
En caso de que el responsable no pague la deuda, la autoridad de aplicación podrá emitir una certificación que tendrá carácter de título ejecutivo, lo que permitirá iniciar el cobro por vía de apremio.
Falta reglamentar el mecanismo
La ley establece expresamente que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar los procedimientos y las condiciones para implementar sus disposiciones.
Por ese motivo, aunque la norma ya fue sancionada y promulgada, todavía resta definir mediante la reglamentación cómo se instrumentará concretamente el recupero de los gastos de salud.
El decreto de promulgación señala que la ley busca fortalecer el principio de responsabilidad individual frente a conductas que generan un perjuicio al sistema público de salud y contribuir a la protección y sustentabilidad de los recursos destinados a la atención sanitaria.
