La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados de San Luis transcurrió sin pedidos sobre tablas ni cuestionamientos al Gobierno provincial por parte del bloque Unidad Justicialista, una situación poco habitual en las últimas sesiones y que se produjo pocos días después de que la Justicia solicitara avanzar con el desafuero del diputado Joaquín Beltrán, imputado en la causa por presuntas irregularidades en el Molino Fénix.
El único proyecto incluido en el orden del día fue la “Modificación Integral del Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología en la provincia de San Luis”. La bancada justicialista, que habitualmente utiliza el inicio de las sesiones para plantear sobre tablas pedidos, reclamos o críticas a la gestión de Claudio Poggi, no realizó intervenciones de ese tipo y la sesión avanzó directamente sobre el tema previsto.
La situación se produjo luego de que el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, hiciera lugar el lunes a la ampliación de la formulación de cargos contra Beltrán, Anabela Lucero, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres. En el caso de Beltrán, la Fiscalía de Instrucción Nº 3 solicitó su desafuero para poder avanzar con un pedido de prisión preventiva, pero el magistrado aclaró que no podía resolver sobre esa medida mientras el legislador mantuviera sus fueros.
Durante la mañana, La Gaceta Digital consultó a distintos diputados del oficialismo sobre la situación, pero por el momento ninguno aceptó realizar declaraciones al respecto. El presidente de la Cámara, Alberto Leyes, sí explicó el procedimiento previsto para el eventual tratamiento del desafuero, aunque remarcó que hasta el momento no ingresó ninguna solicitud formal.
“Quiero que quede claro que todavía no ha ingresado absolutamente ningún pedido de desafuero”, señaló Leyes. Según explicó, una vez que la Cámara reciba el sumario judicial, este deberá ser remitido a la comisión correspondiente, que tendrá que emitir un despacho antes de que el asunto llegue al recinto. “Se ingresa el sumario. El sumario se pasa ese día a la comisión que corresponda, y la comisión emite su despacho y ahí empieza el tratamiento en el recinto”, detalló.
El titular de Diputados indicó además que existen distintas interpretaciones sobre la mayoría necesaria para aprobar un desafuero, aunque señaló que una de ellas establece que se requieren los dos tercios de los integrantes de la Cámara. “Hay dos interpretaciones, pero los dos tercios”, afirmó ante la consulta sobre la cantidad de votos necesaria.
Leyes recordó que existe un antecedente en la Legislatura provincial, aunque corresponde a un senador y no a un diputado. Como sabrán los lectores de La Gaceta Digital, este antecedente es el caso del exsenador provincial Ariel Rosendo, cuyo desafuero fue solicitado en junio de 2022 y aprobado por la Cámara de Senadores en septiembre de ese mismo año. Rosendo había sido imputado por los delitos de “robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda, desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas antiepidémicas en concurso real”, en una causa relacionada con un hecho ocurrido en una vivienda de su entonces pareja, Ivanna Massimino, y perteneciente al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).
Al ser consultado sobre los tiempos para tratar un eventual pedido contra Beltrán, Leyes estima que “una vez ingresado el sumario, se tiene que tratar en la próxima sesión”.
Por otro lado, evitó fijar una postura sobre el caso, considerando que todavía hay “que evaluarlo” y que todavía no ha podido hacerlo porque, por el fallecimiento de un familiar, no participó de la reunión parlamentaria de hoy. De igual manera, Leyes reconoció que el tratamiento de un desafuero puede resultar complejo para los propios legisladores. “Siempre es difícil, siempre es difícil”, manifestó, aunque aclaró que primero deberán analizar el contenido del pedido judicial antes de definir cómo proceder. “Hay que evaluar lo que mande el fiscal, ahí evaluaremos, se tomará la determinación de si tiene que ser con mayoría o con los dos tercios”, sostuvo.
Por ahora, sin embargo, el expediente judicial todavía no llegó formalmente a Diputados. “No ha ingresado absolutamente nada”, reiteró Leyes, remarcando que, por el momento, solo conocen el pedido a través de versiones periodísticas.
La causa investiga presuntas maniobras irregulares cometidas entre 2020 y 2023 en la Casa de la Música del Molino Fénix, durante la gestión de Anabela Lucero al frente del complejo. La Fiscalía estima que las operaciones investigadas habrían ocasionado un perjuicio cercano a los $900 millones a la Administración Pública y atribuye a los imputados delitos de administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia. En el caso de Lucero y Beltrán, además, sostiene que ambos habrían actuado como jefes de una asociación ilícita.
Mientras Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel cumplen prisión preventiva por 60 días, el futuro procesal de Beltrán dependerá, en primera instancia, de que la Justicia formalice el pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados. Hasta este miércoles, ese trámite todavía no había comenzado.
