El Juzgado de Garantía Nº 4 elevó a juicio la causa en la que se acusa a un hombre por el presunto abuso sexual cometido contra su hija cuando era niña, quien tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual. La Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión.
La audiencia estuvo a cargo de la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó. Intervinieron la fiscal de Género Nº 2, Antonella Córdoba; la Defensora Adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez; y el abogado defensor Héctor Zavala Agüero.
En esta nota se omiten los nombres de la víctima y del imputado con el propósito de proteger los derechos y resguardar la identidad de la niña, de acuerdo con las buenas prácticas comunicativas para el abordaje de casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Dado el vínculo familiar entre ambos, la difusión de la identidad del imputado podría permitir la identificación directa o indirecta de la víctima y afectar su derecho a la intimidad y privacidad.
De acuerdo con la acusación, los hechos habrían ocurrido cuando la niña tenía entre 8 y 12 años, durante los fines de semana que permanecía con su padre en una vivienda ubicada en un paraje rural del departamento Belgrano. La Fiscalía sostuvo que las agresiones sexuales habrían ocurrido en más de una oportunidad y que el hombre habría aprovechado los momentos en los que se encontraba a solas con su hija. Entre las situaciones relatadas durante la investigación, se atribuyó al imputado haber realizado tocamientos de índole sexual.
Los hechos fueron develados durante una sesión con una psicóloga. Posteriormente, durante la investigación se realizó una Cámara Gesell, entre otras medidas incorporadas a la causa.
La Fiscalía calificó los hechos como “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por la convivencia”, y solicitó una pena de 10 años de prisión. La Defensoría de Niñez y Adolescencia adhirió a la acusación y a la pretensión punitiva formulada por el Ministerio Público Fiscal.
El planteo de la defensa
Durante la audiencia, la defensa pidió que la causa no avanzara a juicio. El abogado Héctor Zavala Agüero cuestionó el tiempo que demandó la investigación y sostuvo que, por las características del caso, no existían razones que justificaran esa duración.
Para fundamentar su planteo, mencionó que la denuncia fue realizada en enero de 2022, que la Cámara Gesell se llevó a cabo en julio de ese año y que el imputado fue llamado a declaración indagatoria en agosto de 2024. A partir de esas fechas, consideró que se había excedido un plazo razonable y pidió que se declararan nulas las actuaciones posteriores.
La defensa también cuestionó la forma en que fueron descriptos los hechos. Señaló que la acusación no establece fechas concretas ni determina cuántos episodios habrían ocurrido y sostuvo que, sin esas precisiones, resulta difícil para el imputado reconstruir dónde se encontraba o qué hacía en cada uno de esos momentos.
Por otra parte, discutió la calificación propuesta por la Fiscalía. Sostuvo que, si la causa continuaba, los hechos debían ser considerados como abuso sexual simple y no como abuso sexual gravemente ultrajante.
La respuesta de la fiscalía
La fiscal de Género Nº 2, Antonella Córdoba, pidió que los planteos fueran rechazados y que la causa continuara. Explicó que la acusación ubica los hechos durante el período en el que la niña tenía entre 8 y 12 años, los sitúa en la vivienda de su padre y describe las circunstancias en las que habrían ocurrido.
Sobre la falta de fechas exactas, Córdoba sostuvo que no puede exigirse a una niña que atravesó situaciones reiteradas de violencia sexual que recuerde con exactitud el día y la hora de cada episodio. Según explicó, esas dificultades para establecer una cronología precisa no invalidan por sí mismas su relato.
La Fiscal también señaló que la defensa no había explicado de qué manera concreta el tiempo transcurrido o las imprecisiones señaladas habían impedido al imputado ejercer su derecho de defensa.
La defensora adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez, acompañó la postura de la Fiscalía. Remarcó que, al analizar el relato, debía tenerse especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad de la niña y sostuvo que no correspondía exigirle precisiones temporales que no surgieran de su propio relato.
La decisión de la jueza
Luego de escuchar a las partes, la jueza Luciana Banó rechazó los planteos de la defensa. En cuanto al tiempo que demandó la investigación, explicó que al revisar las actuaciones no encontró períodos de inactividad ni irregularidades en la tramitación de la causa. Por ese motivo, consideró que no se había excedido el plazo para avanzar con el proceso.
La jueza también analizó el cuestionamiento sobre la falta de fechas precisas. Para resolverlo, tuvo en cuenta el informe realizado a partir de la Cámara Gesell. Allí, la profesional describió que el relato de la niña presentaba dificultades para ordenar cronológicamente los hechos, aunque señaló que resultaba creíble de acuerdo con los criterios utilizados en esa evaluación.
Banó consideró que esas dificultades para precisar cuándo ocurrió cada episodio no eran suficientes para descartar el relato ni para impedir que la causa avanzara. También entendió que la acusación brindaba información suficiente sobre el período, el lugar y la manera en que habrían ocurrido los hechos como para que el imputado pudiera ejercer su defensa.
Por esos motivos, la jueza rechazó los planteos del abogado defensor y admitió la acusación presentada por la Fiscalía. La defensa dejó planteada la posibilidad de recurrir la decisión.
Finalmente, y tras escuchar a las partes, la magistrada admitió la acusación, aceptó las pruebas ofrecidas y dispuso la elevación de la causa a juicio. Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y determinar qué tribunal estará a cargo del proceso.
Fuente: Prensa Poder Judicial
