
El Gobierno provincial adjudicó este sábado 80 viviendas bajo la modalidad de “autoconstrucción asistida” del programa Tenemos Futuro, destinadas a familias de 29 localidades. Cabe recordar que, a pesar del nombre de esta modalidad, los beneficiarios no “autoconstruyen” sus propias viviendas, sino que la Provincia aportará la totalidad de los materiales y también financiará la mano de obra, que será ejecutada con trabajadores de cada municipio
Durante el acto realizado en la Excolonia Hogar, las familias recibieron los decretos de homologación, los contratos, el manual de autoconstrucción y la documentación necesaria para iniciar el proceso. Para acceder a esta modalidad, los adjudicatarios debían contar previamente con un terreno apto y cumplir los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda.
“Hoy comenzamos a concretar el sueño de la casa propia para 80 nuevas familias de la provincia de San Luis”, sostuvo el gobernador Claudio Poggi. También recordó que los beneficiarios habían atravesado previamente el proceso de inscripción, sorteo y validación de requisitos, entre ellos acreditar al menos 10 años de residencia en la provincia y no contar con una vivienda propia.
Cómo funcionará la “Autoconstrucción Asistida”
El esquema contempla que cada familia aporte el lote, mientras que la Provincia entrega los materiales y cubre el costo de la mano de obra a través de convenios con los municipios. “Vamos a contratar a los intendentes para que con su mano de obra local, del pueblo, de la localidad, ayude o levante las paredes de su casa”, explicó Poggi.
La vivienda prevista tiene una superficie de 32 metros cuadrados y la obra se desarrollará en cuatro etapas. Según explicó el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, los materiales se entregarán de manera progresiva: una vez completada una fase, se habilitarán los insumos correspondientes a la siguiente.
Cada construcción contará además con seguimiento técnico para verificar que se respete el proyecto original durante la ejecución. Los municipios tendrán a su cargo la contratación de albañiles, la logística, el resguardo de materiales y la conexión de los servicios básicos en terrenos aptos.
Una vez terminada la vivienda, las familias comenzarán a devolver el crédito recibido en materiales mediante 300 cuotas mensuales de $60.000 a valores actuales, con actualizaciones en junio y diciembre de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La mano de obra será subsidiada por el Gobierno provincial.
Poggi señaló que actualmente existen más de 200 viviendas de estas características en construcción en distintos puntos de la provincia y estimó que las adjudicadas este sábado estarán terminadas durante 2027. “El año próximo tienen su casa, empieza ahora”, afirmó.
Qué pasa con quienes no tienen terreno
El Gobernador aclaró también la situación de los inscriptos en Tenemos Futuro que todavía no disponen de un lote. “No significa que dejen de estar inscriptos, no significa que están dados de baja”, remarcó.
Según explicó, en esta primera etapa se avanza con las familias que ya cuentan con terreno y cuya ubicación y disponibilidad de servicios pudieron ser verificadas. Para quienes no tienen uno, la Provincia trabajará junto con los municipios en la búsqueda y gestión de nuevos lotes. “La Provincia, junto con los intendentes, nos encargaremos de gestionar y conseguir los terrenos para que se puedan construir esas casas”, aseguró Poggi.
La distribución de las 80 viviendas incluye 12 para Villa Mercedes y 12 para San Luis; seis para La Punta; cinco para Villa de la Quebrada; cuatro para Candelaria, Cortaderas, El Volcán y Nogolí; y tres para Juana Koslay. También habrá dos viviendas en Balde, Fraga, La Carolina, Potrero de los Funes, Santa Rosa del Conlara y Villa Larca, mientras que Beazley, Carpintería, Concarán, Talita, Fortuna, La Vertiente, Las Chacras, Los Molles, Luján, Naschel, San Francisco del Monte de Oro, San Gerónimo, Villa de Merlo y Zanjitas recibirán una cada una.
Poggi vinculó la continuidad del programa con la Ley de Emergencia Habitacional, que establece que el 50% de los recursos destinados anualmente a obra pública deben orientarse a políticas de vivienda. “Hasta el último inscripto que esté en condiciones y cumpla los recaudos y requisitos de la ley va a acceder a la casa propia”, sostuvo.




